Yo también fui testigo

Nuevamente la próvida imaginación kirchnerista, nos sorprende con un cínico pragmatismo que el mismo Carlos Menem seguramente envidia.

Hoy nos propone como candidatos para cargos legislativos a gobernantes que ocupan las primeras magistraturas en sus distritos.

Es absurdo creer que Daniel Scioli puede dejar la gobernación de la Provincia de Buenos Aires para ser diputado nacional. O que un intendente deje su cargo para pasar a ser concejal. Tan increíble resulta que ya lo señala el dicho popular: “el que fue papa, no puede volver a ser obispo”…

La estrategia es repugnante. Pero debemos admitir que no hay suficiente obstáculo constitucional ni legal a estas maniobras. Sería bueno tenerlo en cuenta a la hora de reformar el Código Electoral (de lege ferenda).

Porque las prohibiciones que los sistemas establecen más que demostrar sus temores, demuestran las violaciones que ya vieron cometerse.

La Constitución sólo previó que los ministros no pueden ser senadores ni diputados sin renunciar a su empleo de ministros (art. 105) y que los gobernadores no pueden ser miembros del Congreso en representación de las Provincias que gobiernan (art. 73).

Es que en 1853 no se pensaba en esta migración política interna, que por el escaso avance de las comunicaciones era impensable.

Pero, es cierto, no hay prohibición de ser candidatos, e incluso pueden ser legisladores, si previamente renuncian a su ministerio o a su gobernación.

La otra norma que toca el tema es el artículo 21 inciso 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos –hoy con jerarquía constitucional- que establece que las elecciones deben ser ‘auténticas’, lo cual no ocurriría cuando quien se postula para un cargo no está dispuesto a asumirlo.

Similares disposiciones con la misma jerarquía se pueden ver en el artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que habla de elecciones ‘genuinas’, en el 23-1-b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el 25-b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Finalmente recordemos que en la Convención Nacional Constituyente Reformadora de 1994 se discutió ampliamente si incluir la intransferibilidad del sufragio como uno de sus caracteres en el artículo 37. Dicha inclusión (que derribaba los sistemas de lemas) fue dejada de lado por Alfonsín a cambio de que se asegurase la obligatoriedad del sufragio (una de sus grandes obsesiones y, a nuestro juicio, uno de sus grandes yerros).

Así podemos dejar en claro que no hay obstáculo formal a las candidaturas ‘testimoniales’ de personas que dicen que no van a asumir un cargo para el cual se presentan.

Es el realismo mágico llevado a la política.

Pero no podemos ocultar el desagrado que estas prácticas nos causan.

En política, como en todas las actividades de la vida, es menester ser honestos. Y presentarse para obtener algo que no deseamos, con el fin oculto (o no tanto) de conseguir votos para otros, es una deshonestidad.

Sólo nos queda desear que los argentinos no convalidemos estas maniobras.

Otra cosa son los cuestionamientos que se hacen basados en la antigüedad de domicilio en el distrito. Ya nos hemos expresado anteriormente contra estas limitaciones que ya no tienen ningún sentido en una Argentina de consolidada práctica unitaria y donde el avance de las comunicaciones nos hace ciudadanos del país más que de un lugar determinado.

Una reflexión final: ningún político argentino puede rasgarse las vestiduras, echar cenizas sobre su tonsurada y testaruda cabeza, ni tirar la primera piedra. Todos cuando hablan de sistemas electorales en lo único que piensan es en el recuento de sus propios porotos.

En esta elección, todos se olvidaron de que tenemos que pensar solamente en elegir los mejores diputados, senadores, concejales, etc.

Todos intentan convencer a los electores que en esta elección se juega el futuro del país, de la provincia, de la ciudad, de los ‘modelos’ que cada ejecutivo dice defender.

Hasta el más ínfimo candidato a concejal, en vez de hablar de sus proyectos como futuro legislador, nos dice que su candidatura es un testimonio de apoyo al gobierno, asuma o no; que debemos votarlo para afianzar el rumbo del ejecutivo, no para que haga algo por sí mismo. Todos plantean que sus elecciones son medios para avalar otros proyectos, no para hacer algo concreto en la función para la que se postulan.

Ellos, con nuestra parva complicidad de electores, van degradando el sistema y llevando a la Argentina -nuevamente- a la descomposición de su sistema representativo como en 2001.

De eso, todos somos testigos.

 

Sigamos demoliendo el federalismo

Besos para esposa e hija
Que Dios proteja mi suelo
Ahorren sangre de venganza
Firmado: Manuel Dorrego

 

“Nos están federalizando los gastos y centralizando los recursos”

(Convencional Cristina Fernández de Kirchner,

Convención Nacional Reformadora de la Constitución, 1994)

 

 

 

Queremos humildemente participar del homenaje a Pedro Frías, quien en el siglo XX se convirtió en el nombre propio del Federalismo.

Y si bien nuestras palabras pueden sonar extrañas en este concierto, creemos que el maestro entendía que el federalismo debe ser replanteado para que el país que Dorrego y nuestro Brigadier López pensaron que debían construir. En ese orden de ideas se encaminaban muchas de sus últimas conferencias.

Y pretendemos que el presente, mucho más breve de lo que el tema merecería, sirva como disparador a la reflexión y a la polémica.

Venimos señalando hace largo tiempo que el sistema de Estado federal establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional ya no tiene sentido tal como fue diseñado.

 

MUERA LA SANTA FEDERACION

El federalismo argentino era un régimen de provincias relativamente autónomas, que conviven sin derecho de nulificación ni de secesión, aunadas en un grupo de instituciones nacionales, con división tripartita del poder distrital en Ejecutivo, Legislativo y Judicial propios, con áreas propias de decisión y con recursos propios.

Ello tenía razón de ser en un país de tanta extensión geográfica que, al combinarse con las limitaciones de las comunicaciones propias del siglo XIX, hacía imposible un control único, capitalino.

Y, si se imponía dicho control centralizado, sólo acarrearía más postergación a los territorios más alejados de la capital, por la lógica desconexión de los distritos.

Hoy, en el mundo sólo sobreviven una decena de estados federales como el nuestro. Si bien algunos estados que eran unitarios van implementando mecanismos de descentralización, nada tienen que ver con nuestro antiguo sistema federal.

Es que el avance de las comunicaciones, la posibilidad de una suerte de gobierno ‘on line’, la velocidad de los transportes, etc., aseguran un contacto inmediato entre cualesquiera dos puntos del país.

Además, el largo ejercicio del federalismo ‘a la argentina’, ha ido apolillando sus principios más esenciales.

Los recursos propios ya casi no existen, porque los impuestos directos más jugosos, que debían ser en exclusiva de las provincias, han sido secuestrados por la Nación (en algunos casos, hace más de 60 años como el impuesto a las ganancias).

Los gobernadores se han convertido en mendigos del tesoro nacional, dependientes de sus aportes y de las obras que a nivel central se aprueban. Sin que jamás se escuche de un gobernador en ejercicio una diatriba federalista. Peores que si fuesen delegados nombrados por un poder central, y más abyectos. Quienes intentan alguna independencia, algún reclamo, son convertidos rápidamente por la fuerza del pragmatismo unitario del Tesoro Nacional.

Quienes discuten la retracción de sus facultades sólo encuentran el camino judicial a través de la Corte (casos San Luis y Santa Fe) donde van surgiendo trabas de todo tipo, algunas provenientes de admisiones y renuncias propias en convenios de concertación.

La infantilidad política y la concentración presidencial de funciones, hace que los distritos menos afines al poder nacional se vean más postergados por tener un gobernador que si dependiesen de un presidente unitario.

Otra cosa, parece, sería si fuese el mismo Presidente quien tuviese que responder directamente ante los vecinos de cada Provincia.

El Ejecutivo Nacional ha crecido y los ejecutivos provinciales se empequeñecieron. El ‘enano macrocéfalo’ que describían en el siglo XIX, se ha ido convirtiendo en Gulliver zapateando en Lilliput.

 

VIVAN LOS SALVAJES UNITARIOS

El avance de las comunicaciones entre los centros de poder, las ciudades y las provincias hace cada vez más necesario regímenes únicos, nacionales.

O quizás, de algún modo, conducen hacia ellos.

Hay que volver a pensar en un régimen unitario, que bloquee la posibilidad de que lo prohibido en una provincia se permita en otra; o que aquello que se puede en una provincia no se pueda hacer en otra.

Pensemos en las normas de tránsito, en la educación, en los procedimientos judiciales, todas áreas que eran propias de las provincias y que hoy se regulan todas mediante leyes-convenios, nacionales con adhesión provincial.

Porque esto, lo que Pedro Frías bautizó ‘federalismo de concertación’, no es otra cosa que un paso previo a un unitarismo por consenso y necesidad de época.

Ese camino se empezó a transitar en la reforma constitucional de 1994 previendo mecanismos de regionalización, lo cual implica la institucionalización de la dilución de fronteras jurídicas provinciales.

Y las materias que no se resuelven por convenio en todo el territorio se vuelven dramáticas: no hay legislación que evite la bigamia de provincia a provincia, no se puede resolver los conflictos entre los Códigos de Faltas de las distintas provincias, ni se ha logrado implementar un registro nacional de adoptantes…

Y materias que eran claramente de competencia provincial, vehementemente reservadas a las Provincias (caso libertad de imprenta) van siendo avasalladas por la Nación por distintas vías, incluso haciendo una aplicación extensiva (sin ‘cláusula federal’ alguna) de los Tratados Internacionales.

También reconozcamos que se ha ido unitarizando al mismo ritmo el Poder Judicial: la extensión de los juzgados federales, y la inagotable extensión del Recurso Extraordinario Federal hacen que la instancia ante la Corte Nacional se haya convertido en una más dentro de cualquier proceso, con lo cual cada vez importa menos lo que las Cortes Provinciales dicen.

Al mismo tiempo, algunos souvenires de la época federal, se blanden como espadas innecesarias y totalmente antisistémicas: la Provincia de nacimiento o de residencia de los candidatos es ya casi el único recuerdo de un sistema federal caduco. ¡Qué pena! justo una norma que los verdaderos federales, los convencionales del 53, ni tenían en cuenta, y así vemos que quienes representaban a cada provincia lo eran por mandato y no por nacimiento en su territorio, e incluso representaban distintas provincias, simultánea o sucesivamente…

Pero a la hora de hacer jugar el derecho electoral sí se acuerdan del federalismo convertido en una mera referencia geográfica al lugar de nacimiento o residencia. Aunque justo es reconocer que cada vez más casos van horadando también este principio.

Ni hablar de la obra pública, que por razones de poderío económico, va volviéndose hiperconcentrada en la Nación, siendo los Gobernadores meros gestores de las necesidades de su zona, lo mismo que haría un delegado del Gobierno Nacional.

Es cierto, muchos de estos vicios tienen su origen en los gobiernos de facto, que hacían una aplicación unitaria del poder estatal, y que sembraron de normas nacionales los digestos provinciales.

Pero también muchos cambios constitucionales han acelerado la destrucción federal: la eliminación del Colegio Electoral; la elección popular y las minorías para los senadores provinciales que ya no responden al gobierno de la Provincia sino al blando concepto de pueblo de las mismas; los partidos nacionales y la sujeción de los sistemas electorales a las normas del Código Electoral Nacional; la centralización de los medios de comunicación; la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras, han hecho de la opción punzó una cáscara monda.

El avance de la normativa nacional, de las decisiones ejecutivas nacionales, y de la justicia federal, han vaciado de competencias a las provincias.

Baste ver qué leyes sancionan las provincias (digamos leyes y no normas, ya que el 90{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} no tienen efecto normativo general), baste ver qué decretos dictan sus gobernadores, o qué casos juzgan sus tribunales…

¿Alguien puede decir con honestidad que las decisiones de las Legislaturas están más cerca de las decisiones de un Estado-Parte en una Federación que de las ordenanzas de un Municipio?

Y, al mismo tiempo, el vaciamiento de funciones en cabeza de las Provincias, hace que éstas, deseosas de sobrevivir, o de mostrar alguna función, quiten a las Municipalidades tareas que le son propias, inmiscuyéndose en asuntos vecinales, de aldea; preocupadas más del alumbrado, el barrido y la limpieza que de la construcción de un proyecto de Nación inclusivo de todas las tierras.

Eso, sin entrar a analizar el incremento de gastos que significan las estructuras provinciales, gastos que -a la luz de sus resultados cívicos y sociales- ya no tienen justificación.

¿Es que a nadie le llama la atención que ya casi no haya intervenciones federales a las provincias? ¿No será que es mucho más sencillo y rápido sojuzgarlas mediante el ahogo financiero y jurídico? Los gobiernos locales son ‘llamados al orden’ por la Casa Rosadamediante mecanismos mucho más eficientes y veloces que el de descabezar sus autoridades.

 

PARTIDA DE DEFUNCIÓN FEDERAL

Hemos intentado describir la realidad de la praxis constitucional, primera balanza en la que debemos sopesar nuestro sistema.

No nos pregunten si está bien que así sea, que a esto hayamos llegado.

Sabemos que hay mucha emoción en el verdadero y más antiguo clásico de clásicos argentino: ‘Federales contra Unitarios’.

Nosotros lo único que hacemos es cumplir con nuestra conciencia de constitucionalista señalando la caducidad de un sistema víctima del progreso y de la pérdida de valores en los hombres de las provincias. Y creemos que es una triste realidad que hoy nos está trayendo más postergación que avances.

A todos nos corresponde pensar alternativas para dejar de vivir en la mentira.

Es hora de que nos planteemos un país para todos los argentinos, hecho por todos los argentinos, desde toda la rosa de sus vientos.

Contra presidencialismo, parlamentarismo

La asombrosa imaginación contrainstitucional de nuestros gobernantes ha dado lugar en Argentina a ciertas perplejidades constitucionales.

Cada época cree que es original, pero en verdad la situación actual no difiere mucho de los interrogantes que el menemismo planteaba a partir de 1993, basta consultar los diarios de aquel entonces…

Los audaces de hoy (en la nación, en las provincias, en los municipios) proponen candidatos ‘testimoniales’ que encabecen listas pero sin voluntad de asumir los cargos a que se postulan; adelantan o retrasan las elecciones según sus expectativas electorales; alegan que no estaremos eligiendo diputados ni concejales sino plebiscitando a los ejecutivos; y aseguran que el partido y sus principios no importa, sino la persona que mejor sale en los programas de televisión, o el que puede pagar su campaña, o el que mejor aparece en las encuestas.

La ‘sensación constitucional’ parece indicar que, tras el debate por las retenciones, el Congreso ha adquirido una importancia preponderante en el sistema.

Al mismo tiempo, la figura presidencial, se ve debilitada, producto del embate del Congreso y de los medios, de la personalidad de la presidenta, y del trabajo de zapa permanente por parte de su cónyuge y antecesor.

Entonces surgen voces que sostienen la necesidad de evolucionar hacia el parlamentarismo (sistema de división del poder con preeminencia del órgano Congreso). Son voces que proponen institucionalizar lo que advierten como realidad: el predominio del Parlamento.

En principio, todos los constitucionalistas serios vemos con simpatía el fortalecimiento del poder legislativo. Porque, como ya señalaba ‘El Federalista’, es más difícil que afecte la libertad un órgano colegiado, y en cambio es más fácil que cometa violaciones un órgano unipersonal.

Sin embargo, nadie puede negar que la tradición latinoamericana reclama una figura fuerte, caudillesca, con liderazgo. Claro que, no porque sea culturalmente más aceptado quiere decir que sea mejor.

En un punto intermedio, se ubicó la idea del Jefe de Gabinete que la reforma de 1994 instituyó. El problema es que, producto de las presiones y los seudoconsensos, diseñaron un Jefe débil, sin sacarle funciones al Presidente.

Y ahí vemos un camino: si pudiésemos reformular la figura del Jefe de Gabinete detrayéndole funciones al Presidente (reasignación de partidas presupuestarias, nombramientos de personal, designación de todo funcionario político por debajo de los ministros, etc.), y ese Jefe requiere para asumir la aprobación del Congreso, el cual puede también fácilmente destituirlo, podríamos estar en una versión más ‘parlamentaria’ del esquema institucional argentino.

No queremos dejar de señalar que -según nuestra convicción- el gran tema del constitucionalismo argentino en el siglo XXI debe ser la disolución del régimen federal y su reemplazo por un sistema de estado unitario. El federalismo tenía sentido en un país de amplia geografía cuando las comunicaciones eran muy lentas, y las realidades muy distintas. Hoy, el gobierno nacional, puede estar en 4 horas en el extremo más lejano de la capital, y decidir en vivo y en directo por medios electrónicos. Pero además la realidad muestra que las provincias han sido vaciadas de competencias y de recursos, con la complicidad de gobernadores cobardes, o más preocupados por espacios en el reparto nacional de poder que por sus provincias.

El federalismo era un sueño justo en un país con cabeza de gigante y cuerpo de enano. Hoy, las proporciones atrofiadas se mantienen, pero la realidad parece indicar que el sistema federal colabora más a mantener la atrofia que a resolverla.

Baste analizar las leyes que sancionan cada año las legislaturas, si es que uno no tiene vergüenza de llamar ‘leyes’ a un conjunto de productos legislativos que no contienen norma, sea pedidos de informe, declaraciones de interés, etc.

Y las que son norma, tratan de adhesiones a leyes nacionales o decisiones más de naturaleza comunal que propias de un estado autónomo provincial.

Nuestro federalismo está en crisis, tanto como el presidencialismo, y quizás por las mismas razones.

El sistema cruje, la realidad lo está resquebrajando, y hay que pensar en soluciones audaces y vertebrales.

Más de Camilo José…

“Es grave confundir la anestesia con la esperanza;

también lo es, tomar el noble rábano de la paciencia

por las ruines hojas -lacias, ajadas, trémulas-

de la renunciación.

 

En este valle de lágrimas faltan dos cosas:

salud para rebelarse

y decencia para mantener la rebelión;

honestamente y sin reticencias,

con naturalidad y sin fingir extrañas tragedias,

sin caridad, sin escrúpulos, sin insomnios

(tal como los astros marchan

o los escarabajos se hacen el amor).

Todo lo demás es pacto y música de flauta.

 

No quiere decirse que el oro

sea menos verdad que la palabra,

y sí, tan sólo,

que la palabra de la verdad

no se escribe con oro,

sino con sangre

(o con mierda de moribundo,

o con leche de mujer,

o con lágrimas).”

 

NO COPARTICIPARAS

Inconstitucionalidad del decreto que coparticipa las retenciones

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 206/2009 la Presidenta de la Nación dispone incluir una porción de lo que el Gobierno Federal recauda en concepto de retenciones a la exportación de soja en un Fondo que repartirá entre las Provincias.
Dicha norma es nula de nulidad absoluta e insanable, por su oposición frontal con el texto de la Constitución Nacional.
Primero, porque va contra el inciso 3, párrafo 3, del artículo 99.
Segundo, porque va contra los incisos 1, 2 y 3 del artículo 75 y contra el artículo 4.
Veamos ambos problemas.

Los DNU
A raíz del abuso que el gobierno menemista hacía de los Decretos de Necesidad y Urgencia, y a la complaciente convalidación que de ellos hacía la Corte Suprema, los convencionales de 1994 resolvieron regularlos en el texto constitucional.
Así, si bien los permitieron sólo para casos excepcionales, expresamente los prohibieron para temas penales, tributarios, electorales o del régimen de los partidos políticos.
Las retenciones son impuestos, son los antiguos ‘derechos de importación y exportación’, como ya lo explicamos en otras notas, como lo prevé la Constitución en sus artículos 4, 17, 75-1, como lo enseñó la Corte en ‘La Virginia’, ‘Goodyear’, ‘Montarcé’, entre otros fallos.
Por lo tanto, aunque suene simpático coparticiparlas, ello no puede nunca ser dispuesto por un Decreto de Necesidad y Urgencia, porque la temática tributaria está expresamente vedada al Poder Ejecutivo.

Los Derechos Portuarios
Cuando las provincias del antiguo Virreynato logran unificarse, ponen como condición que los cuantiosos ingresos del puerto dejarían de ser de Buenos Aires, o de cualquier otra provincia con puerto, y pasarían a ser sólo del Estado Nacional.
Y por eso, establecen en el artículo que “el producto de derechos de importación y exportación” será ingreso exclusivo del Tesoro Nacional.
Y ya en el antiguo artículo 67 (hoy 75) se estableció en el primer inciso que no forman parte de la masa coparticipable los derechos portuarios.
Ello era para evitar que nos sigamos matando entre argentinos por saber qué Provincia se quedaba con los impuestos al tráfico internacional. No se los queda ninguna Provincia, son todos para la Nación.
Estando expresamente prohibido su reparto a las Provincias, es claramente inconstitucional que el Estado Nacional establezca un sistema por el que los Estados miembro reciban parte de los fondos surgidos del puerto.
Ello hace a la esencia y a la historia de nuestro sistema federal.
Queda así en claro que ni siquiera una ley del Congreso podría establecer un régimen de participación provincial en los ingresos aduaneros.

Conclusiones sobre la limosna
El “Federalismo de Concertación” es un concepto que venimos analizando los constitucionalistas hace ya muchos años. Y consiste en que, mediante nuevos acuerdos, los estados-parte y el nacional establezcan sus relaciones cotidianas.
En ese marco, la adhesión a normas nacionales es el mecanismo favorito.
Pero el decreto 206/09, por ser inconstitucional (nulo), no puede ser objeto de ninguna adhesión.
Ello, sin perjuicio de que señalemos lo contrario a cualquier idea de ‘concertación’ que es girar fondos a las Provincias limitando su uso a obras que fija la Nación.
Ello es convertir a los gobernadores en meros ejecutores de medidas nacionales, vaciando de contenido las instituciones provinciales.
Si los gobiernos provinciales adhieren a este insostenible decreto se verán triplemente burlados: coparticiparán el enojo agrario, recibirán dinero que no podrán usar de acuerdo a sus propias necesidades, y deberán devolver todo cuando -más temprano que tarde- la Corte declare inconstitucional dicha norma.
Vale entonces tener presente el viejo dicho que alerta: “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía…”

 

Seguimos jugando con las fechas

El gobierno nacional, en otra de las demostraciones de menosprecio institucional, ha resuelto modificar su fecha de elecciones, que estaba fijada por una estricta ley.
Y nos parece una actitud poco republicana, en tanto lo republicano es sinónimo de sujeción a la ley, tanto por parte de los gobernados, como de los gobernantes.
Como adelantamos en anteriores notas, no nos parece incorrecto que el gobierno al que la ley le da potestad para fijar libremente la fecha de elecciones, opte por la que prefiere.
En el caso de la ‘Primera Convocatoria Electoral Santafesina’, criticábamos que siempre se privilegie el interés partidario, electoralmente mezquino, del gobierno de turno. Pero destacábamos que la ley autorizaba a que se eligiese cualquier fecha.
Criticábamos también el desdoblamiento, porque nos parece que esas duplicidades electorales siempre esconden maniobras de ‘birlibirloque’, y concepciones paternalistas de la ciudadanía.
Y hoy debemos decir que la decisión nacional de adelantar sus elecciones es una grosería institucional. Aunque no sea inconstitucional si el Congreso la aprueba.
Pero alguna vez debemos entender los argentinos que el primer compromiso de los gobernantes debería ser respetar las leyes. Y las leyes disponen para la generalidad de los casos.
Cada gobierno cree que merece una serie aparte de normas, por ese ánimo fundador tan propio de nuestra patria.
Y así vemos cómo el mismo gobierno que propuso una reforma al Código Electoral Nacional que limitaba estrictamente la fecha de convocatoria a elecciones, y la misma dirigente que defendió el proyecto, no tienen luego ningún empacho en decir que la van a desconocer.
Y nada resuelven diciendo que será ‘sólo por esta vez’. Al contrario. Si hay que volver a flexibilizar el régimen, debería ser para todos los casos. No podemos vivir construyendo normas ‘ad hoc’ porque eso es justamente la negación de la norma como regla general reguladora de todas las conductas.
Ahora le toca al Congreso, nuevamente en su rol de escribanía del ejecutivo, aprobar un proyecto que sólo apunta a custodiar mezquinos intereses partidarios.
Entonces, si no hay díscolos, votaremos diputados y senadores nacionales, el 28 de junio.
Días después del anuncio nacional, para mantener sus propias estrategias de pago chico, el gobierno provincial santafesino decidió la “Segunda Convocatoria Electoral Santafesina”, sin esperar siquiera el resultado de la decisión del Congreso.
Votaremos entonces en internas abiertas el 5 de julio y en elecciones generales provinciales el 6 de septiembre.
Sostuvimos la importancia de separar las internas abiertas de cualquier general, porque la esencia de dicha convocatoria no se condice con una decisión definitiva, le es imposible convivir con ella.
Pero todo este movimiento sólo nos demuestra la fragilidad de los consensos electorales en Argentina, y la utilidad de normas como la que ahora se prepara a excepcionar el Congreso.
Y nos muestra también que era cierto lo que comentábamos cuando la “Primera Convocatoria”: siempre que los políticos hablan de fechas están contando sus porotos sin importarles los intereses cívicos ni las instituciones.
Para ellos, es todo un juego, tal como quedó ahora al descubierto.
Binner cantó ‘truco’ adelantando sus elecciones para separarlas del efecto nacional, el contrincante federal cantó ‘retruco’ y volvió a moverlas. Ahora el socialismo quiere su ‘vale cuatro’.
En verdad, todo esto más parece un envido, por la vocación de ‘mentira’ que tienen los contendientes…

FEISBUC

Datos enredados

Las redes sociales, como Facebook (la más popular en Argentina), tienen interesantes implicancias constitucionales, vinculadas principalmente al derecho a la privacidad.

Con el paso del tiempo (en 1853 no había internet ni nada parecido) y con el avance de la tecnología, preferimos hablar en este ámbito del ‘derecho a la autodeterminación informativa’.

Ello quiere decir: cada uno es dueño de revelar de sí mismo lo que quiere. Puede ocultar todo sobre sí mismo; o puede revelar cierta información pero sólo a un determinado grupo de gente, impidiendo a terceros el acceso.

Puede revelar todo sobre su persona a todo el mundo (hasta lo más íntimo, en una suerte de exhibicionismo virtual), o puede incluso revelar falsedades acerca de sí mismo, porque también el derecho a mentir está protegido constitucionalmente en lo que hace a la información personal (y es bastante frecuente en estas redes, como puede comprobar cualquiera).

La duda que se planteó en estos días era si los datos, las fotos, y todo lo exhibido eran de propiedad del sujeto, o de la red, o de los demás usuarios. Son propiedad del sujeto, pero desde que los hace públicos admite que otros lo copien y lo reproduzcan como quieran, por eso hay que tener prudencia.

Nadie podría quejarse de que una foto comprometida se la envíen por mail a la novia, si él mismo la publicó en su página… Si bien no la publicó para eso, desde el momento en que la hace pública acepta que la vean y difundan sus visitantes. Es como una carta de lectores que envío a un diario, no puedo pretender que nadie la recorte y la envíe por correo diciendo que sólo quería que la vean quienes lean el diario…
Pero lo maravilloso de internet, lo que todos debemos proteger, es la absoluta falta de barreras a compartir información.

Debemos protegerla frente al gobierno (la Corte en el caso ‘Halabi’ le prohibió espiar el tráfico virtual sin una orden judicial específica) pero también debemos proteger la libertad de comunicación de las mismas empresas del área, que a veces la obstaculizan.

Pero esa libertad tiene sus riesgos, desde psicóticos que se enamoran y persiguen, hasta secuestradores que averiguan tus movimientos, etc.

Y debemos tener presente que la utilización con fines económicos de un contenido ajeno debe pagar derechos si se replicó sin autorización.

Pero nuestra privacidad depende de actuar con inteligencia. Nadie deja su DNI en la vereda, ni su diario íntimo en la fotocopiadora. Pero las mismas personas, a veces no se dan cuenta de que cuelgan su vida entera en una página a la que se accede desde cualquier telecentro…

Todas las redes sociales tienen opciones de configuración que nos permiten limitar estrictamente lo que compartimos, y a quienes. Alfabeticémonos cibernéticamente primero y compartamos información después.

 

Elegir las elecciones

El tema que nos convoca es el calendario electoral 2009 en la provincia de Santa Fe.

Por decreto del gobernador Binner, se convocaron las elecciones provinciales en una fecha distinta a la que eligió el gobierno nacional para las propias.

Y, como en Santa Fe tenemos internas abiertas, se fijó también su fecha.

Así deberemos concurrir tres veces a las urnas en 2009: para opinar sobre los candidatos de cada partido el 28/06, luego el 30/08 debemos votar para intendentes en algunas ciudades, para comisiones comunales en casi todos los pueblos, y para concejales en todos los municipios.

Finalmente, el 25/10 la Nación nos llama a votar senadores y diputados ante su Congreso.

Muchas veces las provincias fijan sus elecciones el mismo día que lo hace la Nación, para hacer un solo acto. Pero este año el gobernador resolvió separarlas. Y es absolutamente libre de hacerlo, lo cual no quiere decir que esté bien lo que hizo.

Que se hagan ambas elecciones el mismo día no implica que exista una lista sábana, como dicen algunos, porque son boletas separadas las nacionales de las provinciales.

Y sí es cierto que hacerlas en días distintos acarrea mayores gastos, por más que se diga que 50 millones es poco. Pero éste argumento no nos parece importante: si hay que gastar más, pero ello redunda en mayor calidad institucional, habrá que gastarlo.

Si se trata de elegir lo más barato, cualquier opción es más barata que no hacer elecciones. Si fuera por eso, podríamos designar los gobernantes por sorteo, lo cual sería mucho más barato (y no sé si por eso nos iría peor).

El gasto no puede ser nunca óbice a la selección de una alternativa, lo único que debe importarnos es la calidad institucional que se obtiene con el sistema preferido.

El problema es que no creemos que el solo desdoblamiento de las elecciones ayude a una mejor información de la ciudadanía, ni a una elección más consciente.

En principio, creer que si la gente vota todo junto piensa poco, es una idea paternalista, que implica menospreciar a la ciudadanía. Y si fuese cierto, eso se combate con mayor información y más claridad política, y no separándole la comida cortada chiquita como si el pueblo fuese un bebé.

La idea de nuestra generación iluminista del 37, aquella de que ‘a los pueblos, como a los niños, hay que limpiarles el culo aunque lloren’, debe ser superada, por más que quienes nos gobiernan siempre se creen más inteligentes que la gente que los eligió (la que sólo fue inteligente cuando los eligió a ellos).

La única verdad es que cuando los políticos hablan de sistemas electorales, siempre lo hacen después de contar sus propios porotos. Así lo dijimos en la mesa que compartimos con el entonces candidato Binner: ni la ley de lemas, ni el desdoblamiento de elecciones, ni las primarias, ni ningún sistema debe ser dejado en manos de los políticos en campaña: siempre deciden de acuerdo a sus propios intereses, nunca por los de la ciudadanía.

Y este desdoblamiento, como todas las decisiones tomadas antes por los gobiernos peronistas, tiene la misma razón: quien decide considera que sus chances son mejores si toma tal o cual opción. Nada más. Y en este aspecto, como en tantos otros, el tiempo también nos dará la razón.

Por nuestra parte, consideramos que el sistema electoral argentino en general requiere serias modificaciones, que no tienen que ver con más o menos elecciones en un mismo día; que sus problemas empiezan en el voto obligatorio, en la partidocracia en la selección de candidatos, y en la falta de transparencia de los fondos.

Nada de eso le importa ni al que fija la fecha de elecciones ni al que la critica.

Sino, que alguien explique por qué ambos partidos provinciales, de común acuerdo, derogaron el sistema de rendición de cuentas de campaña posterior a las elecciones y nunca propusieron ni un solo proyecto para reinstalarlo… no vaya a ser que alguien sepa cuánto y en qué gastan, y quién aporta…

 

Buscando un símbolo

El intrascendente pedido de informes del senador Mercier y las sorprendentes respuestas del Municipio capitalino y del gobierno provincial.

 

EL INFORME MERCIER

Aprovechando las vacaciones, traté de ponerme al día con algunas viejas noticias, y algunos proyectos legislativos, que no había tenido tiempo de leer con tranquilidad durante el 2008.

Tuve ocasión de leer (como muchos de ustedes lo habrán hecho en su momento) un pedido de informes del Senador Provincial por el Departamento La Capital, Juan Carlos Mercier, sobre la estrategia ¿publicitaria? de los gobiernos frentistas, el socialista de la Provincia de Santa Fe, y el franjista de su municipio capitalino.

Mercier cuestiona que la “Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz” ahora se autodenomine “Santa Fe Ciudad”, y que la Intendencia se llame a sí misma “Gobierno de la Ciudad” (expresiones muy similares a las que usa el actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires).

Luego, el senador Mercier, cuestiona al Gobierno de la Provincia de Santa Fe por haber eliminado de los avisos y cartelería la bandera y el escudo provincial, y utilizar en su lugar un logo con 5 estrellitas y vistosos colores.

La requisitoria puede considerarse mínima, tonta, hasta intrascendente; pero el legislador tiene todo el derecho a pedir informes sobre todo asunto que crea de interés público.

Las respuestas, para quienes miramos a unos meses de distancia, no se hicieron esperar. Pero, más que la velocidad de las mismas, preocupa su banalidad, ignorancia y agresividad.

 

PING PONG MUNICIPAL

El Intendente santafesino, en defensa de su estrategia marketinera de innegable tinte macrista, contestó que “sería mejor que Mercier se preocupe de los problemas de la gente y no de si está bien dicho Intendencia o Gobierno”.

Aquí empieza el desconcierto del lector: Si no hay que preocuparse por si es ‘intendencia’ o ‘gobierno’ ¿para qué tanto gasto en publicidad por parte del Intendente para imponer la nueva denominación? ¿por qué tanto gasto en cambiar toda la cartelería, desde los camiones hasta los cestos de basura? ¿por qué tantos diseñadores a sueldo para encontrar logos e imágenes que impongan los nuevos nombres?

Más que preocupación por la imagen, en esta sobreactuación lo que hay es un desprecio de los símbolos, con todo lo que ello implica.

Pero bueno, no parece extraño en un gobernante como el Intendente de Santa Fe, que se precia de que su primer acto de gobierno fue demoler el monumento a la ConstituciónNacional que estaba emplazado en la Plaza Constituyentes.

Y lo hizo sin ordenanza, sin audiencia pública, sin respeto a la ley de monumentos y preservación del patrimonio arquitectónico y cultural…

Es que si no nos importa la Constitución ni su monumento, mucho menos habrá de importarnos una ordenanza…

Cuando los vecinos se quejaron –ya tarde, entre los escombros- respondió que lo demolió porque era FEO, porque podían ocultarse allí malvivientes (sumado a la falta de luces que la Municipalidad no repone), y porque si se hiciesen conciertos en el pequeño escenario de la plaza el monumento podía obstaculizar el fluir de la música…

Para ellos todo argumento es bueno. Para ellos, nada importa destruir.

Total, sólo se trataba de un símbolo. De 150 años de historia que cualquier intendente de una pequeña ciudad puede abolir si a él no le gusta. Al fin y al cabo, considera que fue elegido para hacer de su gusto personal una norma general. Para gobernar sin atarse a las ideas de los vecinos.

Luego, preocupado por las críticas, prometió instalar en algún lado un parque temático sobre la Constitución, similar al de la Bandera en Rosario, el cual seguramente será lindo, no permitirá que se oculten malvivientes, y facilitará la música de Santa Fe.

Pero primero rompen todo lo que está. Los políticos todo el tiempo creen que están refundando la ciudad, la Provincia, el País. “He aquí que hago nuevas todas las cosas”.

 

PUM PUM PROVINCIAL

Más llamativa aún fue la respuesta de un Sr. Daniel Cabanal, que ostenta el sello grandilocuente de “Sub-Secretario de Comunicación Visual y Gestión de Imagen de la Provincia de Santa Fe”.

El lector tiembla de emoción: no sabía que el gobierno tenía oficinas para tan importantes fines.

Dijo este funcionario público, con una ausencia notable de mesura, que Mercier, por sus vínculos con la dictadura, confunde ‘Provincia’ con ‘Gobierno’. Lo trata de ‘golpista confundido’. Y a partir de allí, en su respuesta institucional a la Legislatura, esboza un argumento básicamente ‘ad hominem’ (sobre el hombre que cuestiona) y no sobre lo que se le preguntaba.

Mayor desconcierto del lector: ¿qué tiene que ver el escudo con las cuatro témporas? Si el Senador colaboró con la dictadura es algo detestable. Pero no puede contestarse a un cuestionamiento queriendo confundir, llevando la discusión hacia otros ámbitos, o cuestionando a la persona del emisor del planteo.

Nada en esa respuesta es muy democrático, y sí era esa estrategia discursiva una práctica habitual en la dictadura que el Sub-Secretario piensa combatir con su furibunda nota.

La virulencia de la respuesta sólo puede explicársela el lector pensando que el trabajo del funcionario depende de esas estrellitas de colores alegres, y que el Escudo provincial es quien quiere quitarle la comida a sus hijos.

 

CONCLUSIONES POCO FELICES

La Constitución Nacional, y la Provincial, establecen los nombres que deben usar los distintos niveles estatales, y sus gobernantes.

También establecen los símbolos, y los lemas que –por motivos de hondas raíces históricas- acordamos utilizar entre todos los ciudadanos, independientemente de los gobiernos de turno.

Pero nada de esto alcanza cuando un político quiere hacerse una identidad pública a costa de la pauta publicitaria estatal y de la imagen pública.

Es que, a decir verdad, los únicos que confunden ‘Gobierno’ con ‘Estado’, son los gobernantes.

Y no sólo estos. Todos. Siempre.

Porque creen que SU gobierno, es EL Gobierno. Y entonces, quieren su propia imagen, su propio logo, su marca indeleble en la historia.

Pobre Estanislao López, qué pavote, no se le ocurrió patentar su efigie, ni sus lanzas, ni ponerle caritas sonrientes a las ancas de sus caballos…

Es que lo peor de todo es esta sensación del lector: los que malgastan tiempo y dinero en estas cosas, nos quieren convencer de que con hacer esto ya están gobernando.

Es como reza aquella ley de Murphy: “Cuando sea jefe, cambie los horarios de café, el día de limpieza, y el lugar de todos los muebles. Nadie podrá decir que Ud. no hizo cambios”.

¿Qué nos pasa a los santafesinos?¿Creemos que con sólo borrar el pasado podremos evadir sus herencias al presente? ¿Vivimos 24 años en coma y ahora padecemos amnesia? ¿Los gobiernos justicialistas fueron parte de una invasión marciana con la que no tuvimos nada que ver los ciudadanos?

Y ahora ¿los gobernantes frentistas salieron de un repollo o se criaron en una isla del Delta? ¿no tuvieron ninguna complicidad en todos estos años, fueron siempre eficientes y probos? ¿O impregnados de mesianismo vienen a mostrarnos que todo debe hacerse de nuevo y distinto?

A todos nos hace falta madurar, y hacernos cargo del pasado, para poder enfrentar el presente con realismo y construir el futuro que queremos. Para eso sirve la tradición, para eso sirve recordar que hubo historia, que esta Provincia existe hace mucho y que la hicieron ‘invencible’ otros próceres, y no los que ahora se postulan como tales.

Por eso preocupa la falta de respeto a los símbolos, a los nombres, a las imágenes de nuestra devoción laica, cívica, porque es indicativa de algo más grave: una falta de respeto a las normas, a las instituciones, a los consensos mantenidos a lo largo de generaciones… a todo aquello que los mismos gobernantes deberían custodiar.