Estamos tostados

DERECHO A LA VERDAD ELECTORAL

 

 
El Tribunal Electoral de Santa Fe es un órgano constitucional híbrido.
A mitad de camino funcional, es un órgano administrativo, dependiente del Poder Ejecutivo, pero integrado por jueces.
Sin procedimiento electoral, la costumbre indica que sus decisiones sólo son apelables mediante Recurso de Inconstitucionalidad (ley 7055) ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
Su secretario es designado por el Gobernador sin garantías de imparcialidad que aseguren su accionar.
Así, funciona en la nebulosa de las absurdas costumbres electorales, un derecho consuetudinario edificado por políticos sin mayores preocupaciones hacia la transparencia y sin sanción para las picardías.
En las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para concejales en la ciudad de Tostado, el 11/08/2013 se produjo un extraño hecho que debería ser el puntapié inicial para refomar el Tribunal Electoral.
A continuación, lo relataremos y aportaremos la documental del caso, confiando en que su difusión nos lleve a mejorar las normas y -con ellas- las prácticas electorales.

—-

La elección interna del FPV en Tostado fue ganada por la lista 155 del FPV que encabezaba Gerardo Bertolino, por apenas 13 votos sobre la 012 que encabezaba Luis Gramajo.
De las 40 mesas tostadenses, la mesa 3462 arrojó la suma de 88 votos para la lista 155 del FPV y 69 votos para la lista 012 del FPV.
Así lo consignaron las autoridades de mesa en los certificados de escrutinio que entregaron a los fiscales del FPV

y a los fiscales del FPCyS

También se consignó la misma cantidad de votos en el telegrama que las autoridades de mesa enviaron al Tribunal Electoral Provincial

Pero, además de confeccionar los certificados para los fiscales, y los telegramas a la Junta Electoral, el Presidente de Mesa debe confeccionar dos juegos de ‘acta de escrutinio provisorio’. Uno va dentro de la urna fajada y otro en un sobre que abre el Tribunal Electoral y sobre el cual hace el escrutinio definitivo.

Y allí apareció el error: en esas actas los votos obtenidos se consignaron al revés: 88 para la 012 (Gramajo) y 69 para la 155 (Bertolino). Lo peor de todo es que se ve burdamente sobrescrito el 69 con un 88 remarcado…

Esta acta debería haber sido exhibida a los fiscales partidarios el día del escrutinio definitivo. Pero, sospechosamente, no fue suscripta por ningún fiscal; tiene sólo la firma escaneada de la Secretaria Electoral Claudia Cattalin.

Como la elección venía definiéndose por 13 votos, este cambio, que implicaba darle 19 sufragios al segundo y quitarle 19 al primero, provocó que la lista de Gramajo ganara Tostado.

Con la fotocopia que se nos entregó de esta acta, como única prueba, no podíamos determinar si el cambio de números se había realizado en Tostado o en Santa Fe.
Ante esta incongruencia, el apoderado de la lista solicitó la apertura de la urna y el recuento de los sufragios emitidos mediante Boleta Única.

El Tribunal Electoral denegó el pedido diciendo que no veía las diferencias y que no abriría la urna aunque no coincidiese la forma en que los votos se repartían entre las listas…

Los apoderados volvieron a requerir la apertura, pese a la negativa y a la histórica tesitura de la irrecurribilidad del Tribunal Electoral.

Y ya ante esto no hubo respuesta, ni se le dio trámite alguno.
Ante esto debimos presentar una denuncia penal ante el Fiscal de Instrucción en turno, librando el juez penal una orden de secuestro y/o depósito de la urna (abajo el escrito).
Con ello cumplido reiteramos al Tribunal Electoral nuestro pedido de abrir la urna 3462 y recontar los votos emitidos (abajo el escrito).

FINALMENTE
El sábado 24/08/2013 el Tribunal Electoral citó a los apoderados de todas las listas que participaron en la compulsa electoral de Tostado.
Admitió, como el dictamen del Procurador General, que tenían un problema formal, procedimental: el sábado 17 habían resuelto ‘no ha lugar’ al pedido de apertura, e históricamente no se admiten revisiones de lo ya decidido por el mismo Tribunal.
Pero, dada la gravedad del caso, la trascendencia pública, y el hecho incontrastable de que la urna estaba precaucionada por la Justicia Penal e iba a ser abierta por ella, el Tribunal Electoral decidió modificar su histórica jurisprudencia y reabrió la discusión del asunto.
Requirió de las listas involucradas (las dos del FPV) que consientan la apertura de la urna y su escrutinio. Tras algunas discusiones, y vista la decisión adelantada por el Tribunal, las partes lo acordaron caballerescamente.
Se buscó la urna y se la abrió. Dentro de ella apareció otra acta de escrutinio, igual a la imagen que está aquí arriba, pero donde no se ve remarcado número alguno y donde se consignaba que ganaba Gramajo por 88 contra 69 de Bertolino. Esto dejó en claro que la contradicción numérica, la inversión de guarismos, se produjo en el mismo Tostado.
Pero ahora hacía falta saber si los votos coincidían con esas actas, o con los certificados de los fiscales y los telegramas. Para eso se procedió a escrutar.
Y, tal como nosotros anunciábamos, la mesa había sido ganada por Bertolino por 88 votos contra 69 de Gramajo. Es decir: las actas de escrutinio que confeccionó el presidente de mesa, y en las que se basó el Tribunal Electoral, estaban mal, por error o por malicia.
Así quedó zanjada la cuestión Tostado.
Políticamente fue importante. Democráticamente fue transparente. Y jurídicamente fue histórico: el cambio de la más firme y añeja jurisprudencia del Tribunal Electoral abre caminos que hay que empezar a recorrer hacia su reforma y mejoramiento.
Fue histórico porque se varió la tesis de la irrecurribilidad de las decisiones del Tribunal Electoral (sería bueno que normativamente se establezca una primera resolución por Secretaría o por Presidencia, recurrible ante el pleno).
También fue histórico porque, por primera vez, se escrutó una urna después de concluido totalmente el escrutinio definitivo.
Pero también queda una angustiosa sensación de temor: el Tribunal Electoral puede cometer errores que cambien las decisiones populares.
Está bien, es freudiano, debemos aprender a vivir con ese riesgo.
Pero tampoco se debe perder de vista que para achicar esos riesgos existe el derecho electoral, y debe haber cauces amplios de impugnación, y de discusión, y de revisión de las decisiones.
Porque la verdad no es sólo una constancia fehaciente. La verdad es una construcción procesal. Y, en definitiva, la realidad es la única verdad.

—————–

 

A continuación, los escritos del caso…

—————–

Ref.: Presenta denuncia penal por Defraudación por adulteración de documento público – Art. 173, inc. 8 C.P.

 

 

Sr. Fiscal:

GERARDO HORACIO BERTOLINO, D.N.I. Nº 31.229.281, argentino, soltero, docente, domiciliado realmente en San Martín 1371, ciudad de Tostado, constituyendo domicilio a estos efectos en calle Francia 3352 – Dpto. “C”, de la localidad de Santa Fe, Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, ante el Sr. Fiscal comparezco y respetuosamente digo:

 

  1. I)     Objeto.

Conforme al art. 177 sig. y ccs. del C.P.P. de la Provincia de Santa Fe, vengo por el presente a denunciar la comisión de ilícitos penales perseguibles de oficio, de los que he sido víctima, acontecido en la ciudad de Santa Fe.

Esta presentación es a los fines de que se efectúe la pertinente investigación, previo requerimiento del Ministerio Público Fiscal, tendiente a la reconstrucción histórica del hecho y a la comprobación de las demás circunstancias que constituyen el objeto de la Instrucción (art. 173 del C.P.P. de la Provincia de Santa Fe), haciendo desde ya expresa manifestación de que ésta es la primera denuncia que se realiza en relación al hecho que a continuación habrá de exponerse.

Asimismo por la urgencia en preservar la prueba solicito una MEDIDA CAUTELAR consistente en el secuestro de la urna de la mesa 3462 ubicada actualmente en la sede del Tribunal Electoral Provincial.

 

  1. II)    Hechos.

Que el día 11/08/2013 se realizaron elecciones primarias en la ciudad de Tostado para conformar las listas de concejales que competirán en las elecciones generales.

Que en la mesa 3462, según surge del telegrama (PRUEBA Nº 3) y de los certificados de escrutinio provisorio de todos los partidos, rubricados todos por las autoridades de mesa y fiscales de otras fuerzas políticas (PRUEBA Nº 1 y 2), la lista que encabezo (Por más tostado – 155) obtuvo 88 votos mientras que la otra lista del Frente para la Victoria (Todos por 9 de Julio – 012) obtuvo 69 votos.

Así también surge de los datos de escrutinio provisorio actualmente publicados en la página http://elecciones.santafe.gov.ar/web/

Sin embargo, al escrutarse en la ciudad de Santa Fe la mesa 3462, se adultera lo consignado atribuyéndose inversamente los resultados.

Así en el acta santafesina (PRUEBA Nº 4) se puede advertir que el número 69 (obtenido por la lista 012) es sobrescrito con un 88. Y nuestro casillero es borrado y completado ahora con un 69…

De este modo la elección que ganábamos ajustadamente ahora la perdemos, y así cambia quien encabeza la lista, dejando de ser yo para pasar a ser el candidato de la lista 012.

Esa acta de escrutinio definitivo (PRUEBA Nº 4) no fue suscripta por ningún fiscal en atención a lo sorpresivo del cambio de guarismos y sólo tiene la firma escaneada de la Dra. Claudia Cattalin, Secretaria Electoral Provincial y del empleado que leía los datos.

Se dan los extremos correspondientes al hecho descripto penalmente como DEFRAUDACION, en el artículo 173 inciso 8 de dicho Código.

 

URGENCIA. CAUTELAR

En el día de hoy martes 20/08 o mañana miércoles 21/08 serán destruidas todas las urnas que fueron utilizadas en la elección provincial.

De ahí la urgencia del secuestro de la URNA 3462 para elucidar la realidad de lo ocurrido.

Así lo solicitamos.

 

III)   Prueba.

Documental:

1). Certificado de escrutinio entregado al Fiscal de mi lista 155 suscripto por los demás fiscales y por las autoridades de mesa

2). Certificado de escrutinio entregado al Fiscal del Frente Progresista Cívico y Social suscripto por los demás fiscales y por las autoridades de mesa

3). Telegrama remitido por las autoridades de Mesa al Tribunal Electoral

Hasta aquí todos reflejaban la realidad: ganamos por 88 a 69

4). Acta de escrutinio definitivo labrada en Santa Fe y con firma scaneada de Claudia Cattalin donde se ve sobrescrito el número 69 con un 88, invirtiéndose los resultados y adulterando así el final de la elección.

 

Testimonial:

De las siguientes personas:

1). Daniela Antinori DNI 31229349, Vice-Presidente de la Mesa 3462, con domicilio en zona urbana de la ciudad de Tostado

2). Juan Antinori DNI 29431642, Fiscal de mesa de la lista 155 “Por mas Tostado”, con domicilio en zona urbana de la ciudad de Tostado

  1. IV)    Petición

Por todo lo expuesto, se solicita:

IV-1)  Tenga por efectuada denuncia por los hechos que fueran narrados en el cuerpo del presente escrito, los que configurarían el delito de Defraudación (art. 173, inc. 8 Código Penal) y por aportados los datos que llevan a la comprobación de su existencia y a su calificación legal.

IV-2)  De conformidad a lo establecido en los artículos 175 y conc. del C.P.P. de la Provincia, formule requerimiento de Instrucción y remita el mismo al Sr. Juez en lo Penal de Instrucción en turno, junto con el presente escrito y la documental que se acompaña.

IV-3)  Solicite la medida cautelar propuesta para asegurar la preservación de la principal prueba de los hechos denunciados.

 

RESOLVER COMO SE SOLICITA

 

Será Justicia

—————–

Ref.:      Acompaña copia de denuncia penal

Solicita urgente apertura y recuento

Mesa 3462 elección provincial

 

 

 

Excelentísimo Tribunal Electoral

de la Provincia de Santa Fe:

 

GERARDO HORACIO BERTOLINO, D.N.I. Nº 31.229.281, argentino, soltero, docente, domiciliado realmente en San Martín 1371, ciudad de Tostado, constituyendo domicilio a estos efectos en calle Francia 3352 – Dpto. “C”, de la localidad de Santa Fe, Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, ante V.E. comparezco y respetuosamente digo:

Que vengo a acompañar copia de la denuncia penal presentada en el día de la fecha 20/08/2013 ante el Fiscal de turno.

Que allí denunciamos la evidente adulteración de las actas de escrutinio definitivo sobrescribiendo el 69 obtenido por la lista 012 con el 88 que obtuvo mi lista.

Que volvemos a requerir de este Excelentísimo Tribunal la urgente apertura de la urna 3462.

Si al abrir la urna se verifica que lo consignado fue solamente un error material de la Sra. Secretaria Electoral, y no una dolosa adulteración, la denuncia quedará sin sustento y esclarecida la realidad de los hechos.

Pero es urgente para la democracia santafesina, para el prestigio del Tribunal Electoral de Santa Fe, para el prestigio del Gobierno Provincial organizador de la elección, y para la paz de la comunidad de TOSTADO que se abra la urna 3462 y se aclaren los votos obtenidos por cada lista.

Por ello, sin perjuicio de los recursos deducidos, y de la reserva que hacemos para deducir recurso de inconstitucionalidad ley 7055, solicitamos como MEDIDA PARA MEJOR PROVEER o como mejor proceda se realice la INMEDIATA APERTURA Y ESCRUTINIO DE LA URNA 3462.

A tal fin, se deberá convocar a los apoderados de los distintos sectores que compitieron en la justa electoral.

Mientras tanto, deberá preservarse la urna y asegurarse la cadena de custodia, bajo apercibimientos de ley.

A los fines solicitados, habilite los días y horas que sean menester.

 

RESOLVER COMO SE SOLICITA

 

Será Justicia

—————–

DERECHO A LA VERDAD ELECTORAL

 

 
El Tribunal Electoral de Santa Fe es un órgano constitucional híbrido.
A mitad de camino funcional, es un órgano administrativo, dependiente del Poder Ejecutivo, pero integrado por jueces.
Sin procedimiento electoral, la costumbre indica que sus decisiones sólo son apelables mediante Recurso de Inconstitucionalidad (ley 7055) ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
Su secretario es designado por el Gobernador sin garantías de imparcialidad que aseguren su accionar.
Así, funciona en la nebulosa de las absurdas costumbres electorales, un derecho consuetudinario edificado por políticos sin mayores preocupaciones hacia la transparencia y sin sanción para las picardías.
En las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para concejales en la ciudad de Tostado, el 11/08/2013 se produjo un extraño hecho que debería ser el puntapié inicial para refomar el Tribunal Electoral.
A continuación, lo relataremos y aportaremos la documental del caso, confiando en que su difusión nos lleve a mejorar las normas y -con ellas- las prácticas electorales.

—-

La elección interna del FPV en Tostado fue ganada por la lista 155 del FPV que encabezaba Gerardo Bertolino, por apenas 13 votos sobre la 012 que encabezaba Luis Gramajo.
De las 40 mesas tostadenses, la mesa 3462 arrojó la suma de 88 votos para la lista 155 del FPV y 69 votos para la lista 012 del FPV.
Así lo consignaron las autoridades de mesa en los certificados de escrutinio que entregaron a los fiscales del FPV

y a los fiscales del FPCyS

También se consignó la misma cantidad de votos en el telegrama que las autoridades de mesa enviaron al Tribunal Electoral Provincial

Pero, además de confeccionar los certificados para los fiscales, y los telegramas a la Junta Electoral, el Presidente de Mesa debe confeccionar dos juegos de ‘acta de escrutinio provisorio’. Uno va dentro de la urna fajada y otro en un sobre que abre el Tribunal Electoral y sobre el cual hace el escrutinio definitivo.

Y allí apareció el error: en esas actas los votos obtenidos se consignaron al revés: 88 para la 012 (Gramajo) y 69 para la 155 (Bertolino). Lo peor de todo es que se ve burdamente sobrescrito el 69 con un 88 remarcado…

Esta acta debería haber sido exhibida a los fiscales partidarios el día del escrutinio definitivo. Pero, sospechosamente, no fue suscripta por ningún fiscal; tiene sólo la firma escaneada de la Secretaria Electoral Claudia Cattalin.

Como la elección venía definiéndose por 13 votos, este cambio, que implicaba darle 19 sufragios al segundo y quitarle 19 al primero, provocó que la lista de Gramajo ganara Tostado.

Con la fotocopia que se nos entregó de esta acta, como única prueba, no podíamos determinar si el cambio de números se había realizado en Tostado o en Santa Fe.
Ante esta incongruencia, el apoderado de la lista solicitó la apertura de la urna y el recuento de los sufragios emitidos mediante Boleta Única.

El Tribunal Electoral denegó el pedido diciendo que no veía las diferencias y que no abriría la urna aunque no coincidiese la forma en que los votos se repartían entre las listas…

Los apoderados volvieron a requerir la apertura, pese a la negativa y a la histórica tesitura de la irrecurribilidad del Tribunal Electoral.

Y ya ante esto no hubo respuesta, ni se le dio trámite alguno.
Ante esto debimos presentar una denuncia penal ante el Fiscal de Instrucción en turno, librando el juez penal una orden de secuestro y/o depósito de la urna (abajo el escrito).
Con ello cumplido reiteramos al Tribunal Electoral nuestro pedido de abrir la urna 3462 y recontar los votos emitidos (abajo el escrito).

FINALMENTE
El sábado 24/08/2013 el Tribunal Electoral citó a los apoderados de todas las listas que participaron en la compulsa electoral de Tostado.
Admitió, como el dictamen del Procurador General, que tenían un problema formal, procedimental: el sábado 17 habían resuelto ‘no ha lugar’ al pedido de apertura, e históricamente no se admiten revisiones de lo ya decidido por el mismo Tribunal.
Pero, dada la gravedad del caso, la trascendencia pública, y el hecho incontrastable de que la urna estaba precaucionada por la Justicia Penal e iba a ser abierta por ella, el Tribunal Electoral decidió modificar su histórica jurisprudencia y reabrió la discusión del asunto.
Requirió de las listas involucradas (las dos del FPV) que consientan la apertura de la urna y su escrutinio. Tras algunas discusiones, y vista la decisión adelantada por el Tribunal, las partes lo acordaron caballerescamente.
Se buscó la urna y se la abrió. Dentro de ella apareció otra acta de escrutinio, igual a la imagen que está aquí arriba, pero donde no se ve remarcado número alguno y donde se consignaba que ganaba Gramajo por 88 contra 69 de Bertolino. Esto dejó en claro que la contradicción numérica, la inversión de guarismos, se produjo en el mismo Tostado.
Pero ahora hacía falta saber si los votos coincidían con esas actas, o con los certificados de los fiscales y los telegramas. Para eso se procedió a escrutar.
Y, tal como nosotros anunciábamos, la mesa había sido ganada por Bertolino por 88 votos contra 69 de Gramajo. Es decir: las actas de escrutinio que confeccionó el presidente de mesa, y en las que se basó el Tribunal Electoral, estaban mal, por error o por malicia.
Así quedó zanjada la cuestión Tostado.
Políticamente fue importante. Democráticamente fue transparente. Y jurídicamente fue histórico: el cambio de la más firme y añeja jurisprudencia del Tribunal Electoral abre caminos que hay que empezar a recorrer hacia su reforma y mejoramiento.
Fue histórico porque se varió la tesis de la irrecurribilidad de las decisiones del Tribunal Electoral (sería bueno que normativamente se establezca una primera resolución por Secretaría o por Presidencia, recurrible ante el pleno).
También fue histórico porque, por primera vez, se escrutó una urna después de concluido totalmente el escrutinio definitivo.
Pero también queda una angustiosa sensación de temor: el Tribunal Electoral puede cometer errores que cambien las decisiones populares.
Está bien, es freudiano, debemos aprender a vivir con ese riesgo.
Pero tampoco se debe perder de vista que para achicar esos riesgos existe el derecho electoral, y debe haber cauces amplios de impugnación, y de discusión, y de revisión de las decisiones.
Porque la verdad no es sólo una constancia fehaciente. La verdad es una construcción procesal. Y, en definitiva, la realidad es la única verdad.

—————–

 

A continuación, los escritos del caso…

—————–

Ref.: Presenta denuncia penal por Defraudación por adulteración de documento público – Art. 173, inc. 8 C.P.

 

 

Sr. Fiscal:

GERARDO HORACIO BERTOLINO, D.N.I. Nº 31.229.281, argentino, soltero, docente, domiciliado realmente en San Martín 1371, ciudad de Tostado, constituyendo domicilio a estos efectos en calle Francia 3352 – Dpto. “C”, de la localidad de Santa Fe, Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, ante el Sr. Fiscal comparezco y respetuosamente digo:

 

  1. I)     Objeto.

Conforme al art. 177 sig. y ccs. del C.P.P. de la Provincia de Santa Fe, vengo por el presente a denunciar la comisión de ilícitos penales perseguibles de oficio, de los que he sido víctima, acontecido en la ciudad de Santa Fe.

Esta presentación es a los fines de que se efectúe la pertinente investigación, previo requerimiento del Ministerio Público Fiscal, tendiente a la reconstrucción histórica del hecho y a la comprobación de las demás circunstancias que constituyen el objeto de la Instrucción (art. 173 del C.P.P. de la Provincia de Santa Fe), haciendo desde ya expresa manifestación de que ésta es la primera denuncia que se realiza en relación al hecho que a continuación habrá de exponerse.

Asimismo por la urgencia en preservar la prueba solicito una MEDIDA CAUTELAR consistente en el secuestro de la urna de la mesa 3462 ubicada actualmente en la sede del Tribunal Electoral Provincial.

 

  1. II)    Hechos.

Que el día 11/08/2013 se realizaron elecciones primarias en la ciudad de Tostado para conformar las listas de concejales que competirán en las elecciones generales.

Que en la mesa 3462, según surge del telegrama (PRUEBA Nº 3) y de los certificados de escrutinio provisorio de todos los partidos, rubricados todos por las autoridades de mesa y fiscales de otras fuerzas políticas (PRUEBA Nº 1 y 2), la lista que encabezo (Por más tostado – 155) obtuvo 88 votos mientras que la otra lista del Frente para la Victoria (Todos por 9 de Julio – 012) obtuvo 69 votos.

Así también surge de los datos de escrutinio provisorio actualmente publicados en la página http://elecciones.santafe.gov.ar/web/

Sin embargo, al escrutarse en la ciudad de Santa Fe la mesa 3462, se adultera lo consignado atribuyéndose inversamente los resultados.

Así en el acta santafesina (PRUEBA Nº 4) se puede advertir que el número 69 (obtenido por la lista 012) es sobrescrito con un 88. Y nuestro casillero es borrado y completado ahora con un 69…

De este modo la elección que ganábamos ajustadamente ahora la perdemos, y así cambia quien encabeza la lista, dejando de ser yo para pasar a ser el candidato de la lista 012.

Esa acta de escrutinio definitivo (PRUEBA Nº 4) no fue suscripta por ningún fiscal en atención a lo sorpresivo del cambio de guarismos y sólo tiene la firma escaneada de la Dra. Claudia Cattalin, Secretaria Electoral Provincial y del empleado que leía los datos.

Se dan los extremos correspondientes al hecho descripto penalmente como DEFRAUDACION, en el artículo 173 inciso 8 de dicho Código.

 

URGENCIA. CAUTELAR

En el día de hoy martes 20/08 o mañana miércoles 21/08 serán destruidas todas las urnas que fueron utilizadas en la elección provincial.

De ahí la urgencia del secuestro de la URNA 3462 para elucidar la realidad de lo ocurrido.

Así lo solicitamos.

 

III)   Prueba.

Documental:

1). Certificado de escrutinio entregado al Fiscal de mi lista 155 suscripto por los demás fiscales y por las autoridades de mesa

2). Certificado de escrutinio entregado al Fiscal del Frente Progresista Cívico y Social suscripto por los demás fiscales y por las autoridades de mesa

3). Telegrama remitido por las autoridades de Mesa al Tribunal Electoral

Hasta aquí todos reflejaban la realidad: ganamos por 88 a 69

4). Acta de escrutinio definitivo labrada en Santa Fe y con firma scaneada de Claudia Cattalin donde se ve sobrescrito el número 69 con un 88, invirtiéndose los resultados y adulterando así el final de la elección.

 

Testimonial:

De las siguientes personas:

1). Daniela Antinori DNI 31229349, Vice-Presidente de la Mesa 3462, con domicilio en zona urbana de la ciudad de Tostado

2). Juan Antinori DNI 29431642, Fiscal de mesa de la lista 155 “Por mas Tostado”, con domicilio en zona urbana de la ciudad de Tostado

  1. IV)    Petición

Por todo lo expuesto, se solicita:

IV-1)  Tenga por efectuada denuncia por los hechos que fueran narrados en el cuerpo del presente escrito, los que configurarían el delito de Defraudación (art. 173, inc. 8 Código Penal) y por aportados los datos que llevan a la comprobación de su existencia y a su calificación legal.

IV-2)  De conformidad a lo establecido en los artículos 175 y conc. del C.P.P. de la Provincia, formule requerimiento de Instrucción y remita el mismo al Sr. Juez en lo Penal de Instrucción en turno, junto con el presente escrito y la documental que se acompaña.

IV-3)  Solicite la medida cautelar propuesta para asegurar la preservación de la principal prueba de los hechos denunciados.

 

RESOLVER COMO SE SOLICITA

 

Será Justicia

—————–

Ref.:      Acompaña copia de denuncia penal

Solicita urgente apertura y recuento

Mesa 3462 elección provincial

 

 

 

Excelentísimo Tribunal Electoral

de la Provincia de Santa Fe:

 

GERARDO HORACIO BERTOLINO, D.N.I. Nº 31.229.281, argentino, soltero, docente, domiciliado realmente en San Martín 1371, ciudad de Tostado, constituyendo domicilio a estos efectos en calle Francia 3352 – Dpto. “C”, de la localidad de Santa Fe, Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, ante V.E. comparezco y respetuosamente digo:

Que vengo a acompañar copia de la denuncia penal presentada en el día de la fecha 20/08/2013 ante el Fiscal de turno.

Que allí denunciamos la evidente adulteración de las actas de escrutinio definitivo sobrescribiendo el 69 obtenido por la lista 012 con el 88 que obtuvo mi lista.

Que volvemos a requerir de este Excelentísimo Tribunal la urgente apertura de la urna 3462.

Si al abrir la urna se verifica que lo consignado fue solamente un error material de la Sra. Secretaria Electoral, y no una dolosa adulteración, la denuncia quedará sin sustento y esclarecida la realidad de los hechos.

Pero es urgente para la democracia santafesina, para el prestigio del Tribunal Electoral de Santa Fe, para el prestigio del Gobierno Provincial organizador de la elección, y para la paz de la comunidad de TOSTADO que se abra la urna 3462 y se aclaren los votos obtenidos por cada lista.

Por ello, sin perjuicio de los recursos deducidos, y de la reserva que hacemos para deducir recurso de inconstitucionalidad ley 7055, solicitamos como MEDIDA PARA MEJOR PROVEER o como mejor proceda se realice la INMEDIATA APERTURA Y ESCRUTINIO DE LA URNA 3462.

A tal fin, se deberá convocar a los apoderados de los distintos sectores que compitieron en la justa electoral.

Mientras tanto, deberá preservarse la urna y asegurarse la cadena de custodia, bajo apercibimientos de ley.

A los fines solicitados, habilite los días y horas que sean menester.

 

RESOLVER COMO SE SOLICITA

 

Será Justicia

—————–

Derechos electorales

Compartimos dos interesantes dictámenes del Procurador General ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe Dr. Jorge Barraguirre. En estos casos, actuando ante el Tribunal Electoral de la Provincia.
En el primero (Weisburd c/ Martínez), descarta la inhabilitación de un candidato por el hecho de hallarse pendiente de conclusión un proceso concursal (quiebra).
En el segundo (Chabás / Salomón) decide impedir la candidatura comunal de una persona que, al mismo tiempo, se postulaba como diputado nacional.
En ambos los fundamentos son originales, profundos y contundentes. Nosotros los consideramos unidos por un criterio renovador en materia electoral, fuertemente ceñido a los derechos constitucionales de los electores.
En Weisburd c/ Martínez el eje pasa por permitir la participación, y la elección, dejando de lado tecnicismos absurdos y limitaciones anacrónicas y excesivas.
En Chabás / Salomón se intenta impedir la burla a los electores consistente en presentarse en distintas elecciones (comunal y nacional) aprovechando un hueco en las regulaciones, por lo cual el candidato en definitiva sería quien decida a dónde usaría los votos que reciba.
Estamos seguros de algo: este es el camino a recorrer para fortalecer las elecciones populares como mecanismo originario de la democracia representativa.
Con ideas como estas no hubiésemos tenido ni ARI TRUCHO ni CANDIDATURAS TESTIMONIALES, dos recordadas y tristes estafas a los votantes argentinos.
Estamos en el buen camino, copiemos las cosas buenas.

————————-

WEISBURD C/ MARTINEZ

 

///mo. Tribunal Electoral:

I

  1. Mediante presentación obrante a foja 1/2 vta., el abogado Santiago Weisburd, por derecho propio, solicita la exclusión de la a la señora Ana Laura Martínez de lista de precandidatos a concejales de la ciudad de Rosario denominada “Rosario Nos Une”, perteneciente a la alianza electoral transitoria “Unión Pro Santa Fe Federal”, en razón de haber tomado conocimiento de que la nombrada registra un proceso falencial por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial N° 2-Rosario-, caratulado “MARTÍNEZ, ANA LAURA S/ QUIEBRA” (Expte. N° 1151/1999).
  2. Tras señalar que “[…] con fecha 11/10/2011, mediante resolución N° 2954, se dispuso tener por concluida por avenimiento la quiebra de Martínez, quedando dicha conclusión del proceso sujeta al cumplimiento por parte de la fallida del pago de los gastos y costas originados en el juicio”, advierte que por no haber dado satisfacción al cumplimiento de dicho pago, la nombrada “[…] sigue estando en quiebra y no ha sido judicialmente rehabilitada1.
  3. En razón de ello, y luego de efectuar una interpretación del inciso 2° del artículo 25 de la Ley N° 2756, el impugnante entiende que “[…] surge sin duda alguna que quien se encuentra sometido a un proceso de quiebra, y mientras no obtenga su rehabilitación, no puede postularse como candidato (o precandidato) a concejal, …”.
  4. Por último, el impugnante acompaña informe expedido por el Registro de Procesos Universales y de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales de Rosario, obrante el mismo a fs. 3/4, y fotocopias simples de resoluciones dictadas en el marco del Expte. 1151/1999, ut supra mencionado (vid. fs. 5/11).

II

  1. A fojas 13 de autos se encuentra agregado el informe elaborado por el Departamento de Reconocimiento y Oficializaciones, dando cuenta que “[…] el señor WEISBURD, SANTIAGO, quien integra la lista de precandidato en trámite de oficialización, como concejal Titular Cuarto por la lista ‘Santa Fe Avanza’ de la Alianza ‘Unión Pro Santa Fe Federal” de la localidad de Rosario, quien impugna la precandidata Martinez, Ana Laura -DNI 25.453.539”, y que “[…] la señor MARTINEZ, ANA LAURA, D.N.I. 25.453.539, integra la lista de precandidata en trámite de oficialización, como Concejal Titular Primera de la lista ‘Rosario nos Une’, de la Alianza ‘Unión Pro Santa Fe Federal’ de la ciudad de Rosario…”, acompañando informe del sistema de Oficialización de Listas, obrante el mismo a fs. 13/14 de las presentes actuaciones.

III

  1. Habiéndose requerido informe por parte de la señora Secretaria de este Alto Cuerpo, Dra. Claudia Susana Catalín, al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial N° 2-Rosario-, en relación al proceso falencial de la señora Ana Laura Martínez (cfr. fs. 16/18), el mismo es contestado -vía fax- por decreto de fecha 02.07.2013 (vid. fs. 19), dando cuenta que en fecha 11.10.2011 se declaró la conclusión de la quiebra de la Sra. Ana Laura Martínez “[…] mediante resolución n° 2954, no habiéndose abonado al día de la fecha los gastos y costas del proceso, como así tampoco existe al día de la fecha, auto de rehabilitación de la nombrada”2.

IV

  1. Mediante dictamen de fecha 03.07.2013, obrante a fs. 21 esta Procuración Fiscal Electoral aconsejó:

“[…] otorgar intervención a la precandidata impugnada y a los apoderados de la lista ‘ROSARIO NOS UNE’ de la ciudad de Rosario, a fin de que expresen todo cuanto estimen pertinente en relación a la impugnación materializada a fojas 1/2 vta. de autos y acompañen los elementos probatorios que consideren necesarios, …”.

V

  1. En fecha 04.07.2013 (cargo N° 6795), el apoderado de la lista “Rosario Nos Une”, abogado Gonzalo Mansilla de Souza, efectúa presentación, la que obra agregada a fs. 27/29 vta..
  2. En la misma, el apoderado ocurrente comienza por efectuar una interpretación del artículo 25 de la Ley 2756, señalando al respecto que “[T]ratándose de una norma impeditiva del ejercicio de derechos sustanciales, la interpretación debe ser restrictiva. Y, por tanto, la hermenéutica razonable y equitativa debe orientarse en el sentido de entender que el candidato debe cargar con la incompatibilidad al momento de efectuarse y dirimirse alguna cuestión que pueda llegar a impedirle el ejercicio de su derecho electoral, debe contar con la posibilidad de remover el impedimento”, agregando que “[…] este Tribunal electoral de la Provincia de Santa Fe ha desestimado consecuentemente las impugnaciones fundadas en el art. 25 de la ley 2756 expidiéndose en el sentido de que es competencia del órgano Concejo y no del Tribunal, declarándose así en autos 16170-L-9, 17828-S-11, 17768-S-11, etc,”.
  3. Por otra parte, el ocurrente expresa que “[L]a candidata Ana Laura ‘Anita’ Martínez no se encuentra inhabilitada por quiebra. Todo lo contrario, su cese de inhabilitación acaeció en forma automática, de pleno derecho, al año de la declaración de quiebra (art. 234 LCQ y concs.), habiendo transcurrido dicho evento hasta largo tiempo”.
  4. En tal sentido, tras efectuar un ensayo sobre el funcionamiento de la rehabilitación en el proceso falencial, con cita de doctrina y jurisprudencia, el abogado Mansilla de Souza entiende que “[…] la pre-candidata Ana Laura ‘Anita’ Martínez está rehabilitada”.
  5. Al respecto, señala que “[…] el estado de quiebra culminó por avenimiento, restando solamente el pago de los honorarios profesionales, episodio que tendrá lugar en el día de la fecha”, y que “[E]fectivamente conforme al art. 226 de la ley de concursos y quiebras n° 24522 y sus modificatorias (en adelante LCQ), el estado falencial concluye cuando se completan las conformidades emanadas de todos los acreedores, hecho que en el expediente de marras, ya acaeció”.
  6. Agrega que “[O]tra historia es todo lo atinente al pago de los honorarios y costas, confirmando dicho criterio el mencionado art. 226 LCQ, que al respecto proclama: ‘Al disponer la conclusión de la quiebra, el juez determina la garantía que debe otorgar el deudor para asegurar los gastos y costas del juicio, fijando el plazo pertinente…’”.
  7. Aledga que “[E]n nuestro caso, se reguló los honorarios de los profesionales (sin fijar dicho plazo) y se encuentran, vía recurso de queja, en la Sala Civil y Comercial IV Expte. 34/2012, pero, de hecho, el primer tramo ya acaeció”.
  8. Por último, el apoderado de la lista ocurrente entiende que “[…] sustancialmente la quiebra puede tenerse por concluida. Pero es más, par completar el ‘iter’ formal, en el día de la fecha se abonará los honorarios pendientes, formalizándose la ‘conclusión de la quiebra’ por ante el Tribunal interviniente, a fin de reunir -formalmente- la totalidad de recaudos requeridos por la norma”.

VI

A

  1. Así las cosas, liminarmente cabe recordar que ―según el criterio reiteradamente sustentado por esta Procuración Fiscal Electoral y ese Alto Tribunal― la norma del artículo 25 de la ley 2756 se refiere a incompatibilidades y no a condiciones de elegibilidad de los candidatos. Por lo tanto, impedirían el ejercicio efectivo de la función y no la presentación al proceso electoral3.
  2. En tal sentido, en otro caso de similar índole, si bien el mismo trataba de impugnación de candidato a miembro de Comisión Comunal―por la misma causal de incompatibilidad denunciada en el presente― esta Procuración Fiscal Electoral dijo que:

[…] en caso de resultar electo el ciudadano impugnado deberán arbitrarse los medios tendentes a acreditar la existencia de dicha circunstancia y, eventualmente, corroborar si la mentada causal de incompatibilidad subsiste al momento en que el candidato electo deba asumir el cargo correspondiente4.

B

  1. Sin embargo, ella no parece ser la interpretación acorde tanto a la letra como al sentido del artículo 25. Esta norma busca anticiparse al electo electoral mismo en tanto sostiene que quienes estén incurso en alguna de esos supuestos de hecho no podrán ser electos como concejales. Lo deja claro el artículo 26: si hubiere causas “posteriores a su elección” quien esté incurso en los supuestos del artículo 25 cesará “automáticamente en su función”. Es la elección el momento temporal clave para determinar el funcionamiento de los impedimentos: mientras que bajo el artículo 25 funcionan como causal de inelegibilidad, bajo el artículo 26 funcionan como causal de incompatibilidad en el ejercicio de la función. Si siempre funcionasen del modo en que hemos dictaminado, el artículo 26 no tendría sentido: las incompatibilidades siempre podrían alegarse al momento en que se presenten. Por lo tanto, lo que hacía falta no era una norma que vaya en tal sentido sino una norma que previese, por ejemplo, que quienes caigan bajo los supuestos establecidos no puedan ser, ni siquiera, electos/as.
  2. Dicho esto, es correcta la posición de la impugnante: uno de los eventuales momentos en que esas condiciones deben examinarse, es éste, es decir, el proceso de oficialización de postulantes: si se trata de evitar que una persona sea electa bajo esas condiciones, los más sensato ―en términos de justicia y eficiencia5― es impedir que acceda al proceso electoral mismo6.

C

  1. No obstante, respetuosamente, no coincido con su postura sobre el fondo. En efecto, la cuestión -al final del día- es que la impugnada no habría pagado ciertos honorarios profesionales. Muy importantes que son, no alcanzan a derrotar el derecho del electorado de elegir a quien considera su mejor representante y el derecho de las personas de solicitar el apoyo de sus pares para representarlos.
  2. Más aún. Es la necesidad de una interpretación que vaya más allá del texto del artículo de la ley de concursos y quiebras la que mantiene con vida el auto de rehabilitación. En efecto, el capítulo que regulaba la rehabilitación -en concordancia con la cuestión relativa a la calificación de conducta- fue derogado. Por lo tanto, el resabio de auto de rehabilitación ―vinculado a una necesidad (justificable) de seguridad7―, no puede operar como límite y restricción más allá de lo necesario: lo cierto es que el 11 de octubre de 2011, la quiebra de la impugnada concluyó.
  3. Así lo ha declarado recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación y varios importantes tribunales inferiores. La primera adhirió al criterio de la Procuración General de la Nación quien sostuvo:

[…] considero que la sentencia recurrida es arbitraria, si se advierte que el tribuanl a-quo, al confirmar el fallo de la instancia anterior, entendió que el cese de la inhabilitación no opera de pleno derecho al año de la fecha del decreto de quiebra, sino a partir de una declaración judicial obtenida mediante un trámite previo, decisión, que a mi modo de ver, se aparta de la solución y alcance contemplado en el marco normativo aplicable al caso.

Asi lo pienso, puesto que la interpretación dada por los jueces de Cámara vinculada con el requisito de un procedimiento previo no surge del texto de la ley 24.522. En efecto, su artículo 236 dispone que la inhabilitación del fallido cesa “de pleno derecho” al año de la fecha de la sentencia de quiebra, o en que quede firma la resolución que fija el momento inicial del estado de cesación de pagos. En el sublite, el estado falencial del recurrente fue decretardo el 15 de marzo de 1999 (v. fs. 284/288)8 (resaltado agregado.)

  1. Por otro lado, precisamente a raíz de ese fallo, se dijo:

Sin embargo, buena parte de la doctrina y la jurisprudencia sostienen que la rehabilitación no resulta automática, sino que para su declaración se requiere necesariamente de un breve trámite y no sp´lo cuando deban comprobarse los extremos que el Juez debe verosímilmente comprobar prima facie para reducir o amplair el plazo, sino en todos los casos, surtiendo efecto sólo a partir de ese momento (citas omitidas)

Sin perjuicio de ello, la Cortes Suprema de la Nación -en reciente fallo- ha establecido que el cese de la inhabilitación del fallido opera automáticamente, sin necesidad de resolución judicial, salvo que se configuraran los supuestos de reducción o prórroga al que alude el art. 236 de la L.C.Q (citas omitdas)9.

 

  1. Antes, en el mismo sentido, se había pronunciado la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial:
  2. Compartiendo el Tribunal los fundamentos dados por la Sra. Fiscal de Cámara en el dictamen que antecede, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el fallido contra la decisión de fs. 326/7, apartado B.

En efecto: tiene dicho esta Sala que , como la rehabilitación del fallido se produce de pleno derecho al año del decreto de quiebra (cfr. art. 236, L.C.Q.), éste puede disponer de los bienes que hubiese adquirido a partir de esa fecha, para lo cual es necesario que no se encuentre inhibido10.

  1. Es claro que bajo la justificación del inciso 2 del artículo 25 ―que bien señala el impugnante11― la Sra. Martínez actualmente puede postularse para competir. Además, como lo implica al ofrecer la prueba informativa, aceptando la posición de la rehabilitación no automática, estaría pendiente el trámite del pago de la totalidad de los honorarios regulados y costas del proceso. Bajo la interpretación propiciada por el máximo tribunal de la República, esa omisión no podría jugar como impedimento.
  2. Pero, por último, destaco que la impugnada por intermedio del apoderado de su lista, anuncia que ellos serían cancelados en el mismo día de su presentación12. Por lo tanto, si el Tribunal lo considerase necesario (y rechazara la interpretación que se efectúa en el presente en la que se adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca del artículo 236 de la ley de concursos y quiebras) podría solicitar se libre oficio al Juzgado respectivo a fin de informar sobre el estado de los autos que dieron motivo a esta disputa.

VII

  1. En virtud de lo expuesto, aconsejo a Uds. desestimar el planteo efectuado por el ocurrente a foja 1/2 vta. de autos, rechazando la impugnación deducida, disponiendo posteriormente el archivo de las presentes actuaciones; o, en su caso, adoptar las medidas que considere necesarias a los fines de que el Juzgado informe sobre el estado de los autos que motivaron la presente impugnación.

En su mérito, así me expido.

DESPACHO,

1 La negrilla pertenece al texto original.

2Cfr. fotocopia certificada de fax obrante a fs. 19.

3Entre otros, dictamen de fecha 12.09.2001 en el Expte. N° 10.231-P-2001; y dictamen de fecha 02.06.2009 en el Expte. N° 15.983-N-2009; entre otros.

4Cfr. dictamen de fecha 02.10.2001, en Expte. N° 10.364-Y-2001

5Impidiendo, así, tanto el abuso como el engaño. Obviamente, considero que tal decisión ―es bueno advertirlo―, es revisable judicialmente (y ello sin perjuicio del artículo 39 inc. 3)

6La afirmación es relativa en tanto debería considerarse ―a la luz de los hechos relevantes― la situación de aquellas personas cuya rehabilitación operaría al momento de asumir la función. Pero en principio, el principio general debería ser el anunciado en el cuerpo de este dictamen.

7Que dicho sea de paso es declarativo.

8CSJN in re “Recurso de hecho deducido por Ángel Barreiro en la causa Barreiro, Ángel s/ quiebra” sentencia del 2 de febrero de 2010 (Votos de la jueza Highton de Nolasco y de los jueces Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni; con disidencias -artículo 280 del CPCCN- del Presidente Lorenzetti y de la jueza Argibay); con comentario de Claudio Alfredo Casadío Martínez, en LL, 2010-E, 160.

Con bastante anterioridad a esta decisión se había pronunciado, en el mismo sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, in re“Marino Turismo s/ quiebra”, sentencia del 18 de diciembre de 2006, en LL, 2007-A, 128. La Sala (María L. Gómez Alonso de Díaz Colodrero, Miguel F. Bargalló y Ana I. Piaggi), discrepando con el criterio de la Fiscal de Cámara (Dra. Alejandra Gils Carbó) consideró que:

  1. La LC 236 establece que el fallido o sus administradores obtienen, en principio, su rehabilitación al año del decreto de quiebra (la inhabilitación cesa de pleno derecho). De igual manera prevé que la inhabilitación podrá prorrogarse si cualquiera de ellos resulta ser sujeto pasivo de un proceso penal por quiebra fraudulenta.

En el caso el plazo previsto por la norma referida se encuentra sobradamente cumplido a la fecha (ver fecha decreto de quiebra fs. 507 -24/3/97-)

Por lo tanto, puede concluirse que su inhabilitación ha cesado de pleno derecho, que no existe condena actual que habilite decisión contraria; no constituye óbice la circunstancia de que se haya dispuesto la clausura del procedimiento por falta de activo, toda vez que en caso de que el juez penal intervenga disponga que existen los elementos suficientes para que el imputado sea sometido a proceso, la inhabilitación retomaría su vigencia, en cuyo durará hasta tanto se dicte el sobreseimiento o absolución (CNCom., esta Sala, “in re” “Compapel S.R.L. S/ quiebra”, del 26.122.97) (resaltado agregado.)

Como puede verse, ni siquiera la promoción de un proceso penal en el que no hay auto de procesamiento es obstáculo para la rehabilitación.

9CapelCivCom.de Mar del Plata, in re “Kachmaryk, Daniel”, sentencia del 24 de agosto de 2010, en LL Online, AR/JUR/48152/2010

10In re “Falzarano, Domingo F. s/quiebra”, sentencia del 15 de junio de 2010 (jueces Juan R. Garibotto, José Luis Monti y Alfredo A. Kölliker Frers) Aplicando el criterio de esta Sala, va de suyo que quien puede volver al comercio no debería verse impedido/a de postularse.

11Que consiste en impedir que quien no puede administrar sus bienes no pueda administrar los bienes de la ciudad.

 

12En consecuencia, el pago cancelatorio habría ocurrido ayer.

————————-

CHABAS / SALOMON

 

Tribunal Electoral:

I

  1. Mediante Auto N° 226 emitido por este Alto Cuerpo en fecha 01.07.2013 (vid. fs. 38/39) se resolvió:

“[1.-] Reconocer la Lista denominada “CHABAS VUELVE A CRECER” perteneciente a la agrupación política “PARA CHABAS” y aprobar la nómina de precandidatos presentada por los apoderados de la misma, en la localidad de CHABAS, departamento CASEROS, para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 11.08.2013”.

  1. Que en la lista precedentemente mencionada, el señor Osvaldo Alfredo Salomón, fue presentado como pre-candidato de la lista denominada “CHABAS VUELVE A CRECER”, para participar de la elección para la renovación de autoridades de la Comisión Comunal de la localidad de Chabas, Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe, como miembro titular primero1.

II

  1. Ello así, habiéndose advertido que el señor Osvaldo Alfredo Salomón, fue presentado ante le Justicia Electoral Nacional como precandidato a Diputado Nacional Titular N° 1 en la lista “B” denominada “UNIDOS PARA CAMBIAR” perteneciente a la alianza electoral transitoria denominada “UNITE! CON FE POR LA CULTURA, EDUCACIÓN Y TRABAJO”, mediante decreto de fecha 01.07.2013, y de conformidad a lo establecido en el art. 8° de la Ley N° 12.367, su Decreto reglamentario N° 0428/05 y Decreto N° 0479/05, se intimó al apoderado de la lista CHABAS VUELVE A CRECER “[…] para que en el plazo perentorio de 24 hs corridas […] proceda a realizar los reemplazos correspondientes en la lista de precandidatos…”, habilitándose para ello días y horas inhábiles, remitiéndose la cédula pertinente (vid. fs. 40/41).

III

  1. A fs. 42 (cargo N° 6737), se presenta el señor Aldo Fregona, apoderado de la lista supra mencionada expresando que “[…] la lista de candidatos del referido expediente cumple todo lo establecido en dichas normas por lo que no corresponde realizar reemplazo alguno…”, solicitando la “[…] inmediata oficialización de la misma”; señalando por último que “[…] Caso contrario (dejan) expresa constancia de recurrir ante el Tribunal Electoral de la Provincia”.
  2. A fs. 44 (cargo N° 6755), el señor Aldo Fregona efectúa nueva presentación expresando que “[…] si la intención de la referida cédula es plantear la incompatibilidad de la candidatura al cargo de Pte. Comunal con la precandidatura a Dip. Nac., la misma no corresponde bajo norma legal alguna, dado que se tratan de elecciones con ámbitos de actuación distintas y también bajo distintas disposiciones”.
  3. Por último, el ocurrente solicita se “[…] revoque por contrario imperio el decreto de la Secretaría Electoral a/c, por cuanto la norma que pretende aplicar refiere solamente a precandidaturas locales-provinciales, esto es a Gobernador y Vice, Diputados Pciales. Senadores Pciales”, agregando que “[P]retender darle otra extensión a la norma (art. 8 citado ley 12367), no solo es “ilegal”, sino que viola expresamente preceptos constitucionales”.

IV

  1. Requerido informe a la Secretaría Electoral Nacional (fs. 48), por oficio obrante a fs. 51 se da cuenta que “[…] en fecha 21 de junio del cte. año ha sido reconocida en este Juzgado, la Alianza“UNITE! CON FE POR LA CULTURA, EDUCACIÓN Y TRABAJO”; la Junta Electoral de dicha alianza presentó en fecha 26 de junio del cte. tres listas oficializadas, entre las cuales se encuentra la denominada Lista B “UNIDOS PARA CAMBIAR”, quien presenta como precandidato a Diputado Nacional Titular N° 1 al Sr. OSVALDO ALFREDO SALOMÓN”.
  2. Por otra parte, se hace saber que “[…] en fecha 1 de julio del cte. la Junta partidaria de la alianza ha presentado la boleta oficializada por la misma,…”, acompañándose fotocopia de la lista supra referida.

V

A

  1. Comienzo señalando que el presente caso no se trata de un supuesto de incompatibilidad de la candidatura al cargo de Presidente Comunal con la precandidatura a Diputado Nacional del señor Osvaldo Alfredo Salomón, tal como lo sostiene el apoderado de la lista ocurrente, señor Aldo Fregona en su presentación de fs. 44.
  2. En efecto, la Ley N° 12.367, en su artículo 8° -segundo párrafo-, reglamentado por Decreto N° 0428/2005 establece expresamente que:

[E]n las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, los precandidatos sólo podrán serlo por un solo partido político, confederación de partidos o alianza electoral, en una única lista y para un solo cargo electivo y una sola categoría(resaltado agregado).

  1. De tal suerte, y contrariamente a lo mencionado por el apoderado de la lista ocurrente en su presentación de fs. 44, advierto que en caso de autorizarse la participación del señor Salomón como precandidato a Diputado Nacional por un partido y una lista (en el orden nacional) distintos al partido, lista, cargo electivo y categoría por el que pretende actuar como precandidato para la comuna de la localidad de Chabas en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias dispuestas para el 11.08.2013 venidero, atenta directamente contra la letra y espíritu de la ley 12.367, reglamentada por decreto 0428/05.

B

  1. Por otra parte, entiendo que el hecho de autorizarse una participación simultánea del señor Salomón en ambos órdenes -nacional y provincial-, a más de resultar incongruente y contrario a la legislación electoral provincial vigente, tal conducta partidaria importaría para el elector común la pérdida de la referencia ideológica u orgánica que implica la constitución y dirección del proceso político que corresponde a las distintas agrupaciones políticas.
  2. Uno debería tratar de evitar que los rostros y discursos que proliferan en nuestra comunidad política (polity) no conspiren contra la calidad deliberativa del espacio (pool) Deberíamos evitar, en la mayor medida posible, las confusiones, los entrecruzamientos y las aspiración múltiples que, en lugar de contribuir a un debate ideológico y pragmático robusto, pleno, inteligible, introduzcan confusiones. Una democracia se justifica por su potencial deliberativo, esto es, por su capacidad para transformar nuestra preferencia intuitivas en opciones razonables reflexivas. No realza ese potencial, las múltiples candidaturas con pertenencia partidaria diversa.
  3. Estamos condenados a elegir. Elegir, bajo el derecho aplicable, significa optar por una alternativa, abrazar un programa específico y ofrecérselo a la ciudadanía para suscribir (fictamente, pero con todo el valor simbólico que tiene) un pacto. Las democracias funcionan bajo el espíritu de la palabra y el pacto: una persona elegida―al menos en la teoría más atractiva― lo ha sido porque ha logrado convencer o conmover a sus electores, ha suscripto con ellos un pacto (ficto, reitero) de confianza y mutuo respeto y se obliga a mantenerlo2.
  4. Tales pretensiones de racionalidad contractual ―el pacto de confianza entre electores y elegidos/as―, se vulneran si quienes se postulan ofrecen múltiples programas o recetas, éstas para diputados provinciales, las otras para diputados de la Nación; éstas para ser concejales, las otras para senadores nacionales; éstas por el partido político A, las otras por el partido político B. Estas “posibilidades” u opciones, son las que, precisamente, la ley 12.367 quiso eliminar, haciendo que los/as postulantes elijan solo una3.

VI

  1. En virtud de lo expuesto, aconsejo a Uds. dejar sin efecto lo resuelto por la Presidencia de este Tribunal Electoral Provincial mediante Auto N° 226 de fecha 01.07.2013, obrante a fs. 38/39, en cuantoaprueba la nómina de precandidatos presentada por los apoderados de la Lista denominada “CHABAS VUELVE A CRECER” perteneciente a la agrupación política “PARA CHABAS”, rechazando la postulación del señor Osvaldo Alfredo Salomón, como precandidato para Miembro de la Comisión Comunal de la localidad de Chabas, Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe, como miembro titular primero, con noticia a los interesados.

En su mérito, así me expido.

DESPACHO,

1 Confr. formularios obrantes a fs. 3 y 8 y planillas de presentación de candidatos del Sistema de Oficialización de Listas obrantes a fs. 17, 31/33, informe final de candidato obrante a fs. 18 e informe del Departamento de Reconocimiento y Oficializaciones de fs. 34/35.

2A mayor abundamiento, tengo la firme convicción (aunque más bien, más que propia es la que fluye del derecho aplicable) que es irrazonable que alguien pueda postularse simultáneamente a oficios tan diversos como diputado nacional y presidente de comuna. Bajo la Constitución, no es cierto, que se sea diputado por la provincia. Lo que habitualmente se dice hasta el hartazgo de ser representante de tal o cual población (en nuestro caso “de los santafesinos”) de ningún modo tiene corralato con el modelo constitucional que memorializaron nuestros constituyentes en un texto al que no hemos reverenciado como merece. Al contrario, envisionaron la Cámara de Diputados como el espacio institucional en donde seríamos capaces de discutir los problemasnacionales, no de llevar las preocupaciones regionales ni los localismos ni particularismos de ningún tipo (sean razonables o de aldea). Para poder expresar los intereses de las Provincias―dicho sea de paso, intereses originarios― los Constituyentes modelaron un Senado federal para que se ocupe de ellos. Por lo tanto, cualquier candidato que se precie de tal, aún cuando quiera llevar las preocupaciones de sus votantes y éstas se identifiquen con los particularismos más radicales, deberá lidiar con las cuestiones que nos constituyen como Nación cuestiones que exceden por largo éstos. Bajo nuestra Constitución, la pintura de la aldea no es la pintura del mundo.

 

3En el mismo sentido, lo hizo la ley nacional , artículo _

Constitucionalismo comunista

El comunismo argentino tuvo un constitucionalista. Parece extraño, casi como una contradicto in adiecto, que quienes iban por la eliminación del Estado conocido estudiasen sus instituciones.

Pero Benito Marianetti estaba en eso. Quería encontrar los secretos que la burguesía había condensado en sus estatutos constitucionales.

Era un mendocino que ocupaba una pequeña parte de su tiempo en la abogacía y en el estudio del derecho constitucional, y la mayor parte de su tiempo lo destinaba al activismo y la militancia comunista.

Fue compañero de lucha de mi abuelo Martín Molinas en la lejana Mendoza, donde junto a las acequias prosperaban ideas radicales.

Hoy compartimos, por primera vez en internet, uno de sus interesantes textos, cuando se cumplían cien años de la sanción de la Constitución Nacional de 1853.

 

 

————————————————————-

 

Reflexiones en oportunidad del centenario de la constitución de 1853.

Un gran intento en procura del desarrollo burgués- progresista del país.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

El proceso de elaboración teórica de nuestra organización institucional había adquirido un poderoso impulso con la generación de 1837. Ello es visible especialmente a través de la obra de Esteban Echeverría. Este proceso no fue interrumpido. Dentro y fuera del país la tarea continuo y el hecho es que, inmediatamente después de la caída de Rosas, Juan Baustita Alberdi estuvo en condiciones- por medio de sus “bases” – de contribuir, con su valioso aporte, a su consolidación.

Este proceso alcanzo su punto culminante en la quinta década de la primera mitad del siglo pasado, precisamente en la misma época en que Marx y Engels maduraban su histórico “manifiesto”.

Los fundadores del Socialismo Científico escribían teniendo en cuenta primer termino, los países capitalistas mas desarrollados, como Inglaterra. Trabajan merituando las características sociales y económicas de esos países y itinerarios y la historia de un capitalismo que ya estaba cumpliendo una etapa muy importante de su desarrollo. Frente a un mundo condenado a la liquidación, echaban la base de otro nuevo, cuyo nacimiento y realización tenemos el privilegio de haber presenciado.

Alberdi y otros hombres de la Organización Nacional trabajaban en otras circunstancias, en otras condiciones, en otro escenario y con otros objetivos.

Marx y Engels trabajaban con otras expresiones representativas de la moderna clase revolucionaria: la clase obrera.

Los que redactaron la Constitución de 1853 y los que dieron los materiales para esa redacción, eran los representantes esclarecidos de una burguesía naciente que aun no había jugado su papel en estas tierras. Pero por la situación especial del país, mas que considerar una burguesía, trataron de preparar las condiciones para un desarrollo ulterior y creciente de la misma. Miraron mas hacia el futuro que hacia el presente.

EL PAPEL PROGRESISTA DESEMPEÑADO POR LA BURGUESIA

Marx y Engels habían destacado en el “manifiesto” el papel de aquella “La burguesía, habían firmado, ha desempeñado en el transcurso de la historia, un papel verdaderamente revolucionario”. Ella… “había producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas”, habiendo dado cima “a empresas mucho mas grandiosa que las emigraciones de los pueblos y las cruzadas”.

Y remataban su aguda observación, diciendo: “En el siglo corto que sirve de existencia como clase soberana, la burguesía ha creado energía productivas mucho mas grandiosas y colosales que todas las demás generaciones juntas”.

Sin embargo, las condiciones sociales burguesas según el “manifiesto”, resultaban ya demasiado estrechas para abarcar las riquezas por ellas engendradas. “Las armas con que la burguesía derribo al feudalismo, se volvían ya contra ella”.

Pero la constitución de 1853 no era el “Manifiesto comunista”. En todo caso era el manifiesto o el programa para el desarrollo burgués de nuestro país. Y en la medidas que ella trataba de impulsar el desarrollo burgués de nuestra economía y de nuestra sociedad, importaba un intento de vastos alcances progresistas. El drama de Europa, a mediados del siglo pasado, era ya la “superproducción”, capitalista, el exceso de capitalismo, la contradicción entre la producción capitalista y las formas de apropiación de esa producción. El drama Argentino era la carencia de un desarrollo capitalista. En Europa se había desarrollado la burguesía y, por consiguiente, el proletariado. Entre nosotros no había nada de esto.

Los hombres del 53, con Alberdi en primera fila, tenían perfecta conciencia del papel progresista y civilizador que, en ese tiempo, podía representar el capitalismo en América.

Cuando Juan B. Alberdi hace su elogio, acaso desmesurado ,de la personalidad de Wheelwrigth, representante típico del capitalismo en su época de ascenso.

En el trabajo que ha dedicado a aquel, dice Alberdi: “Pero la verdadera, la fecunda revolución, la mas digna de recuerdo, como escuela de gobierno, consiste, no en la sustitución de un gobierno extranjero incapaz por otro gobierno igualmente incapaz, aunque americano; si no en la sustitución de un estado económico de cosas que la tenia sumida en el atraso y la pobreza, por un régimen de la vida caracterizada por el trafico libre de todo el mundo civilizado, el cual ah debido en poco tiempo mayor numero de población, de capitales, de industria, comercio, luces y bienestar la América antes Española que a sus tres siglos de gobierno colonial”. (Alberdi: “William Wheelwrigth”. Garnier Hnos. Paris, 1876).

En 1853 se quería precisamente alcanzar esos objetivos burgueses progresistas: por encima del comercio relativo y del capital usuario que existía en Buenos Aires y en ciertas ciudades del interior; por encima del desierto. La distancia, la despoblación, y el atraso en todo sentido, se quería desarrollar la industria, aumentar considerablemente la población, extender el mercado interno y alcanzar los beneficios del mercado mundial, logrando la amplia y libre circulación de las mercancías, de los hambres y de las ideas.

LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LOS QUE SE PERSEGIAN DESPUES DE CASEROS.

Por eso Alberdi sostenía en las “Bases” que durante la guerra de la independencia los estatutos y las constituciones solo contemplaban el problema de la libertad y de la emancipación  o soberanía nacional. El objetivo constitucional se reducía a estas cuestiones. La riqueza. El progreso material, el comercio, la población, la industria, en fin todos los intereses económicos, eran cuestiones accesorias.

Haciendo la reseña del Derecho Constitucional vigente en la América de su tiempo, es decir, en la América que habla Española y Portuguesa, llevaba a la conclusión de que el mismo se encontraba en oposición con los intereses de su progreso material e industrial, del que dependía todo su porvenir” (J. B. Alberdi: “bases”, edic. Cruz. Buenos Aires, Págs. 11 y 43). Para que los grandes principios proclamados en las guerras de la independencia tuvieran actualidad y valides era necesario que dejaran de ser palabras o frases para convertirse en realidades tangibles: el desarrollo burgués progresista y la posibilidad de este desarrollo.

EL CARÁCTER DE LAS REVOLUCIONES EMAMCIPADORAS Y SU OBJETIVOS.

Alberdi partía de la idea justa de que las revoluciones en Sudamérica consistieron “en movimiento de progreso y de civilización, y ningún abuso, ningún error sobrevenido en su marcha ulterior, será capas de quitarle ese origen y ese carácter”. (Alberdi: “Obras Completas” edic. a cargo de Joaquín V. González, tomo XIII, Pág.38 y siguientes).

Estas revoluciones emancipadoras, como tales y como movimientos progresistas, tenían un carácter irrevocable y como expresión de una civilización, solo podían serlo de la única conocida en su tiempo: la europea.

Su precedente inmediato era la Revolución Francesa, al menos en la conquistas de carácter político.

Muchas veces se ah criticado a Alberdi y a la Constitución de 1853.acusándolos de europeizantes, olvidándose de que lo “europeo” era el progreso técnico y científico y el proceso jurídico e institucional. Nunca ignoraron que, en otros aspectos, que en Europa había mas atrasos que entre nosotros. Tomaron del mundo de su tiempo lo más avanzado y trataron de aplicarlo a las necesidades del país. La generación de 37, a  la que no eran ajenos, pretendió hacer lo mismo. Pero en 1837 las condiciones no habían madurado. En cambio habían madurado bastante en vísperas de Caseros. En 1837 Urquiza, por ejemplo, quizás se conformara con seguir actuando en una economía atrasada como la Representada por Rosas. En 1850, el mismo Urquiza entraba, por el camino de sus intereses, en un clima distinto: el clima de la burguesía. Su residencia en Entre Ríos, que aun permanece en pie, si no existieran otros elementos de valoración y de apreciación, daría la cabal idea de la transformación, en sentido burgués progresista, que se había operado en el. La cabeza de vaca había sido remplazada por el cómodo sofá.

En Sud América, como en Europa, la revolución tenia en cuenta los siguientes objetivos: la libertad civil, política, religiosa y comercial del hombre, la independencia nacional, la democracia política, la igualdad ante la ley, la integridad y conservación del territorio nacional, el libre trato con todas las naciones: el bienestar, el progreso y la civilización, la riqueza, el aumento de la población, el derecho a progreso o el principio de reforma pacifica garantizado por la constitución; garantías publicas y privadas para alcanzar todos estos objetivos (Alberdi, op. Citada, pág. 39). Los medios para alcanzarlos eran los siguientes: un nuevo gobierno y un nuevo régimen. Había que destruir el gobierno español y darse un gobierno nacional. Durante la Colonia no sólo estábamos aislados de la propia España y del resto de América, sino que estábamos aislados también –  y en manera especial – de la Europa.Se trataba de terminar con este estado de cosas. De ahí que la lucha por la emancipación americana no podía quedar desvinculada de la lucha general de la Humanidad, por el progreso y la civilización. La constitución de 1853, en tal sentido, es un instrumento de unidad y acercamiento, desde su Preámbulo hasta los artículos referentes a los derechos y las garantías. Por otra parte, había que reconocer, en los movimientos progresistas de Europa, una influencia decisiva sobre los acontecimientos emancipadores americanos. La marcha de nuestro progreso y de nuestra civilización, desde otro punto de vista, sólo sería posible dentro de las líneas generales y perspectivas de la marcha de la civilización y del progreso europeos.

La Constitución de 1853, en lo que se liga al pensamiento alberdiano, ha concentrado los objetivos precisos de esa concepción progresiva y civilizadora de tipo burgués.

LA GRANESPERANZA ALBERDIANA

Tanta fé tenía Alberti en la acción progresista del capitalismo en el país, que calificaba de “socialistas inconscientes”, que hacían la sociedad “ sin saberlo” a los empresarios de transporte. Esta gente sólo perseguía fines de lucro, pero – sin darse cuenta de ello – hacían lo otro. Esta apreciación realista venían a coincidir, en planos diferentes, con la afirmaron de Marx y Engels, asentada en el “Manifiesto” , en el sentido de que la época de la burguesía se distingue de todas las anteriores, por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes.

“La burguesía, afirmaban, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva la civilización hasta las naciones más salvajes” … “Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o parecer ; las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización; es decir, a hacerse burguesas. Crea un mundo a su imagen y semejanza” .

Es claro que Alberdi veía las cosas de una manera y Marx y Engels de otra y que miraban distintos objetivos, con distintas perspectivas.

LA CONCILIACION

La Constitución de 1853 es una constitución de tipo burgués-progresista. Pero sería un error no comprender que ella, en el fondo, importa una conciliación de hecho no sólo con los estamentos semi-feudales-latifundistas sino que, por esto mismo y también una conciliación con el imperialismo extranjero, que en aquellas circunstancias, no podía ser eludida. Siempre se ha hablado de la conciliación lograda para los federales y los unitarios. Esta es una verdad aparente, porque –desde el punto de vista de los intereses económicos- está demostrado hasta la evidencia que no había distingos profundos entre federales y unitarios, ya que en uno y otro bando había grandes terratenientes y ganaderos o grandes comerciantes y usureros. Pero la verdad es que la burguesía progresista no ha gobernado al país. El gobierno de la economía y de la política estado en manos de la oligarquía al servicio del imperialismo. La Constitucióndel 53, de la misma manera que la Revolución de Mayo, todavía constituye –en muchos aspectos- un programa a realizar.

Alberdi y los hombres del 53, que se jactaron de ser realistas y de “pactar con los hechos”; que definieron muy bien lo que debe ser una Constitución, manifestando que ella debe responder a las necesidades reales de un país en un momento dado, se sometieron más a los principios teóricos progresistas de su tiempo que a la realidad nacional. Con todo, su empeño y su obra, por tener un sentido progresista, han adquirido categoría histórica.

Una constitución de tipo burgués progresista no puede tener vivencia en un país cuya estructura económica es semi feudal, latifundista y sometida al imperialismo extranjero. Al final, la estructura es la que manda y la que decide. En el país, en este sentido, hemos tenido una Constitución de tipo burgués progresista sin una estructura económica que fuera su justificación.

Cuando Urquiza, después de la victoria de Caseros, hace su entrada triunfal en Buenos Aires, cubierto con galera y con un poncho sobre sus espaldas, nos está dando el símbolo de lo que sería la Organización: galera y poncho, es decir, la teoría burguesa progresista tratando de conciliar con el poncho latifundista oligárquico.

LA CONSTITUCION DE 1949

La Constitución de 1949 tampoco ha resuelto el problema. Ella, en el fondo, es una copia de la que se sancionó en 1853; una copia empequeñecida, cercenada y deformada en sus aspectos progresistas, que han sido reemplazados por parrafadas declamatorias. Si a la Constitución de 1853 la agregáremos ciertas garantías que no se cumplen y le agregáremos la negación de la división de los poderes, de la autonomía provincial; la supresión de las aduanas interiores, y le añadiéramos algunas afirmaciones vagas, de tipo demagógico, tendríamos la Constitución de 1949.

El drama de ambas es que, en 1853 como en 1949, el latifundio y la estructura oligárquica pro-imperialista siguen dominando al país. En cambio, en otras partes, donde se ha hecho la reforma agraria y se ha roto definitivamente con toda clase de dependencia respecto del imperialismo, las constituciones no son programas a cumplir sino programas ya realizados. Ellas expresan, además, la existencia verídica de una nueva realidad democrática y popular.

Las constituciones burguesas de tipo progresista sólo han cumplido su misión superándose por el cambio del contenido del poder (democracias populares), es decir, con la unidad nacional contra la oligarquía y el imperialismo, por la reforma agraria y la nacionalización, realizada por los trabajadores y el pueblo des de los resortes del poder político.

Ellas, en cambio, no han cumplido su misión, ni siquiera cuando han inscripto entre sus disposiciones esos principios de la reforma agraria y la nacionalización (Italia y Francia) cuando el poder político ha estado en manos de la oligarquía interna y de sus sirvientes reformistas de derecha, todos ellos al servicio del imperialismo extranjero.

En nuestro país queda reservada a esta política de unidad nacional antioligárquica y antiimperialista y por la paz, la tarea de superar la Constitución de 1853.

LATIFUNDIO, OLIGARQUIA Y DESARROLLO CAPITALISTA

Las esperanzas que Alberdi y los hombres del 53 cifraban en el advenimiento del capitalismo progresista, eran fundadas, pero ellos no tenían en cuenta la estructura semi-feudal del país, la enorme extensión de las propiedades, es decir, el latifundio y la clase que encarnaba esta situación, serían una traba insuperable para un verdadero desarrollo capitalista. Todas las afirmaciones que Alberdi hacía respecto de las condiciones progresistas del capitalismo, en consecuencia, eran justas, pero a condición de que el país no hubiese tenido la estructura que tenía.

“GOBERNAR ES POBLAR”

Su conocido lema: “en América gobernar es poblar” significaba, como lo explicó en sus “Bases” que poblar era, en ciertas condiciones, educar, mejorar, civilizar, enriquecer espontánea y rápidamente como “había sucedido en los Estados Unidos”. Pero en los Estados  Unidos el proceso había sido distinto. El impulso inicial lo habían dado los representantes de ese capitalismo progresista. En los Estados Unidos se comenzó con el maquinismo. Entre nosotros se comenzó con las vacas y aún estamos atados a las condiciones económicas creadas por el latifundio y la ganadería en manos de la oligarquía.

Poblar, para Alberdi y para la Constitución de 1853, significaba incorporar al país poblaciones europeas civilizadas, educadas en la     libertad y en la industria. Pero no se puede atraer a ninguna población extranjera, en gran escala, con un sistema de la tierra de tipo semi-feudal. Sólo el acceso cómodo o libre a la tierra podía atraer a esa población y como no puede existir un desarrollo efectivo de la industria si se mantiene el latifundio, “poblar” se convertiría en una aspiración, como lo sigue siendo hasta ahora.

Para el autor de las “Bases”, el secreto de poblar residía en el arte de distribuir la población. Pero la verdad es que no se podía distribuir la población en aquel entonces, ni se la puede distribuir hoy, porque la tierra se encuentra en manos de los latifundistas y porque la industria , por tal motivo, sólo puede ser industria liviana.

Alberdi quería llevar a fondo la lucha contra el desierto. Pero el desierto argentino no era ni es una inmensa extensión arenosa: es el latifundio. Con proclamar la necesidad de atraer la población para cubrir el desierto, no se resolvía el problema. Este se encontraba planteado al revés: había y hay que destruir la estructura latifundista para que la inmigración sea posible.

Tenía razón cuando, confiado en el avance victorioso de la ciencia y la técnica escribía estas proféticas palabras: “Colaborador de la Provincia, el genio creador del hombre hará el verano permanente en Rusia y hará el invierno inacatable en el Ecuador, porque el calor, el hielo, el gas, el agua, la electricidad, sometidos a su dominio, son hoy los esclavos del hombre, que le sirven para llevar su trono a todos los ámbitos de la tierra y ser en todas partes soberano de la creación (Alberdi: Prólogo a las “Bases”. París 1873 – edic. Cruz).

Pero el avance incontenible de la ciencia y de la técnica, para lograr finalidades civilizadores y progresistas, sólo sería y será posible con un cambio en la estructura económica del país y un cambio en el contenido del poder político. En la Rusia de los Zares no podían haberse  logrado jamás las extraordinarias realizaciones alcanzadas bajo el régimen soviético. Allí se han hecho el verano y el invierno, como predecía Alberdi, donde los hombres han querido. Allí se ha hecho descender la lluvia sobre el desierto y se han transformado los desiertos en jardines, pero ha sido necesaria, – para ello – una revolución que destruyera las trabas persistentes. Entre nosotros esas trabas aún permanecen en pie.

VACIAMIENTO Y ESCAMOTEO DEL CONTENIDO LEGAL DE LA LEY

Celebramos el centenario de la sanción de la Constitución de 1853 en circunstancias muy especiales y características en lo que se refiere a la vigencia y al respecto de la Ley.

La clase dominante jamás ha sido fiel a sus propias construcciones jurídicas, pero nunca había llegado al descaro actual.

En su “Dieciocho Brumario”, Marx ha demostrado que la burguesía sanciona determinados derechos para burlarlos al día siguiente. Esto es exacto y ha sido exacto –en manera especial- durante el último siglo. Pero, en la actualidad ha llegado a los limites más inauditos. La clase dominante no puede soportar su propia legalidad. “La legalidad nos mata”, exclamó hace tiempo un representante típico de la burguesía francesa, interpretando el sentido de su clase.

Hoy, en la época en que la crisis del capitalismo es general y más profunda, la legislación se dicta para legalizar la ilegalidad. Y esta ilegalidad de la legalidad burguesa se hace por dos caminos: o por la acción legislativa abierta y desenfrenada o por vía de “reglamentación” de los derechos y garantías.

Los Estados corporativos nazis o fascistas, como los de Mussolini, de Hitler, de Zalazar, de Franco, etc. Dictaron su propia legislación negatoria de todos los derechos reconocidos, hasta su advenimiento, por burguesía. En otras partes, especialmente después de la Segunda GuerraMundial , se ha producido y se procura mantener la máscara democrática y legal vaciándose, sin embargo, por medio de “reglamentaciones”, el contenido legal de los derechos y garantías proclamados por la burguesía desde el siglo XVII en adelante. La “democracia”  yanqui implanta el delito de opción y condena a los militantes comunistas en peor forma que si fueran asaltantes de caminos, al mismo tiempo que absuelve a los linchadotes de negros y asesinos de obreros; persigue brutalmente al movimiento sindical; justifica la discriminación racial; niega el derecho de inmigración y de emigración, hace una burla del derecho del sufragio, montando todo aparato nacional de distorsión de la verdad y convierte la “libertad de prensa”, en un asunto comercial en manos de un grupo de grandes intereses. Fabrica comida en lata y también política envasada. Los mismos monopolios que hacen sus negocios con salchichas en lata, los siguen haciendo en la Casa Blanca como presidentes, ministros,    senadores o diputados.

Y, en otras partes, como Italia, en Francia y otros países que se dieron constituciones “democráticas” después de la Segunda Guerra Mundial, con principios progresistas relativos a la tierra, a la soberanía nacional, al derecho político y gremial de los trabajadores, etc., conquistas jurídicas impuestas por el triunfo de los pueblos respetivos sobre el fascismo y el nazismo, las fuerzas coaligadas de la burguesía y de su adláteres y sirvientes, promueven reformas ilegales de las constituciones y de sus leyes sustanciales, para impedir el ascenso político y legal de las masas encabezadas por su partido, el Partido Comunista. En Francia y en Italia se reforman las leyes y las propias constituciones en materia electoral y en materia de derechos y garantías, para crear “el Estado fuerte”, al servicio de la clase dominante. Y ciertos países “comunistas”, como Yugoeslavia, sometidos a dictaduras criminales, también se reforma, por orden de los yanquis, la Constitución sancionada por el pueblo y que tenía –en origen- las características de las cartas sancionadas en la democracias populares. Ahora esa pobre constitución es una constitución hecha a la medida de los intereses yanquis y británicos.

Entre nosotros también, se ha recurrido al sistema de la “reglamentación” o de la legislación especial, manteniéndose la máscara de la legalidad constitucional. Hasta se ha sancionado una Constitución, en reemplazo de la 1853, que –en apariencia- la supera. Pero,  a su lado se han dictado una serie de leyes y de reglamentaciones, antes y después de su sanción, que desnaturalizan la existencia de todo orden legal o constitucional.

Hay que decir que durante la vigencia de la Constitución de 1853 se respetó, en genera, el contenido de la misma y la opción de Alberdi en materia de “reglamentaciones” y de excepciones. El autor de las “Bases”, había recomendado: “ La Constitución debe dar garantías de que sus leyes orgánicas no serán excepciones derogatorias de los grandes principios consagrados por ella, como se ha visto más de una vez. Es preciso que el derecho administrativo no sea un medio falaz de eliminar o de escamotear las libertades y garantías constitucionales. Por ejemplo “la empresa es libre”, dice la Constitución; pero puede venir la ley orgánica de la prensa y crear tantas trabas y limitaciones al ejercicio de la libertad, que la deje ilusoria y mentirosa. “Es libre el sufragio”, dice la Constitución; pero vendrá la ley orgánica electoral y a fuerza de requisitos y limitaciones excepcionales, convertirá en mentira la libertad de votar” (Alberdi: “Bases”, Edic. Cruz, pág. 93).

La oligarquía violó muchas veces la Constitución de 1853. transgredió muchas veces diques de contención de la misma, pero ella ha sido superada en los últimos diez años. No pretendemos, por supuesto, defender a la oligarquía ni mucho menos. Sólo queremos significar como se opera, entre nosotros, la marcha hacia la ilegalidad de la legalidad a través del período oligárquico y del que han impuesto los sectores reaccionarios del peronismo. Es un proceso que se complementa.

Pero esto no es todo. Ahora se trata de darle “legalidad” a todas estas arbitrariedades dispersas. En el Segundo Plan Quincenal se ha contemplado la necesidad de una reforma integral de toda nuestra legislación convirtiéndolo en un organismo de tipo corporativo “sindicalista”. No está de más, entonces, que cien años de distancia de la sanción de la Constitución de 1853, examinemos, aunque sea a vuelo de pájaro, el camino recorrido desde la legalidad implantada después de Caseros hasta la ilegalidad que se pretende implantar a través del Segundo Plan Quincenal.

LAS CONSTITUCIONES DE 1853 Y DE 1949 NEGADAS POR EL 2º PLAN QUINCENAL

Si el método de la comparación tiene todavía algún valor , estamos en condiciones de conocer los defectos y las virtudes de la Constitución de 1853, confrontándola, con ciertos objetivos y propósitos que, en materia institucional, se plantea en el Segundo Plan Quincenal.

Y la comparación no es arbitraria. La misma corresponde por cuanto dicho Plan tiene cuestiones económicas, limitadas en el tiempo, para reclamar el carácter permanente de un ordenamiento integral de la vida social argentina.

Este plan, que se propone simultáneamente, realizar el diagnóstico precoz del cáncer y alentar la producción de la remolacha azucarera, desalentar la producción de aceite integral, aumentar la producción del área sembrada de girasol en dos millones de hectáreas; aumentar en un diez por ciento la producción de “spaghettis”, construir cloacas en Gualeguaychú y hacerle pagar todo esto al pueblo, plantea también y con carácter de permanencia, que excede por supuesto los cinco años mencionados, la formación de la unidad del pueblo argentino sobre la base de la conciencia peronista convertida en doctrina nacional, organizar el estado corporativo “sindicalista”, llevar a cabo una política de discriminación racial e ideológica en materia de inmigración, incrementar la producción a costa de los obreros, y exprimirlos en homenaje al capitalismo, imponer la enseñanza religiosa, intervenir en la enseñanza particular con el mismo objeto, darle una moral nacional al país sobre la base del justicialismo , adaptar la cultura nacional e internacional a la concepción peronista de la vida, realizar algunas expropiaciones, sin atacar al latifundio, respetar a las empresas monopolistas extranjeras y facilitarle el acceso al país, suprimir la autonomía provincial y la de los municipios y reformar toda la legislación en vigencia.

Es, principalmente a estos aspectos de carácter político e institucional a los que queríamos referirnos, como ya se ha expresado, en confrontación con los preceptos de la Constitución de 1853.

Hay que decir que entre la Constitución de 1853 y el Segundo Plan Quincenal está la Constitución de 1949. Pero la verdad es que si bien esta Constitución de 1949, en ciertos aspectos declamativos parece más adelantada que la de 1853, en los hechos aumenta las facultades del Poder Ejecutivo, centraliza aún más el Poder en nuestro país, crea el estado de emergencia (o de guerra), que es la negación de toda verdad y vigencia constitucional, alienta y asienta la penetración del Gobierno Central en la vida de las provincias y permite el nacimiento, crecimiento y desarrollo de sus propios verdugos, tales como el Segundo Plan Quincenal.

EL PERIODO ANTERIOS AL PLAN

Entre la Constitución de 1853 y el Plan Quincenal mencionado existe, además, todo periodo de “reglamentación” de esas libertades, de sus derechos y las garantías establecidas en la Constitución, tanto la oligarquía como los sectores reaccionarios del peronismo, (estos, mucho más que aquella), han ido dictando una serie de leyes y de decretos que han reducido a la nada aquellas conquistas. La oligarquía por ejemplo, tiene en su haber la Ley 4144. El oficialismo, tiene en su haber el mantenimiento y aplicación despiadada y sin precedentes de esta ley monstruosa. Nunca se ha detenido y deportado del país tanta gente como bajo el régimen actual. La oligarquía se amparó creó la Sección Especial y la Policía Federal. Los sectores reaccionarios del peronismo han mantenido y ampliado estas instituciones, reforzando el aparato de espionaje y de provocación policial en el país.

La oligarquía se amparó, en algunas ocasiones, y contadas, en el estado se sitio. El régimen actual ha vivido más o menos en forma permanente bajo el estado de sitio y desde Septiembre de 1951, bajo el estado de emergencia o de guerra.

Para la oligarquía, los delitos contra la Nación, el sabotaje, etc., eran de carácter penal general y las disposiciones pertinentes se incluían en el Código Penal. Bajo el régimen actual, se han dictado leyes y decretos especiales sobre la materia, como el famoso Decreto Nacional número 536, que se viene aplicando sin intermitencias desde 1945 en adelante y por cuya aplicación, obreros, profesionales, intelectuales, mujeres, jóvenes, militares, etc. han sufrido y sufren detenciones interminables, sin la garantía de la excarcelación bajo fianza que se acuerda a los delincuentes comunes. Se ha dictado una ley nacional sobre portación de armas, que tiene un indudable carácter de persecución política. Se ha reformado varias veces el Código Penal, especialmente en materia de desacato a las autoridades, convirtiéndose en delito cualquier expresión que afecte a los funcionarios o a los órganos de la administración.

La prensa está controlada por un aparato de censura y no sólo nuestro Partido sino otras agrupaciones y entidades han sido y son impedidas de publicar sus diarios y revistas, viéndose en la obligación de hacerlo en forma más o menos clandestina y de manera limitada.

Se niegan pasaportes y certificados de buena conducta, sin darse explicaciones ni recursos legales. Se impide la salida del país a quienes están tildados de “rojos”. Se impide la entrada al mismo ciertos “inmigrantes peligrosos”, al mismo tiempo que se ampara a los fascistas, jerarcas mussolinianos y criminales de guerra de Italia y Alemania nazi. Se mantienen intervenidos o clausurados los locales del Partido Comunista y se saquean sus bienes mientras se devuelven a los nazis alemanes sus patrimonios intactos y bien cuidados.

La oligarquía, en la época del general Justo, dictó las leyes de unificación de impuestos internos y de impuestos a los réditos, dando con ello un golpe mortal a la autonomía provincial, al bloquearse su capacidad impositiva y económica. El régimen actual ha mantenido y ampliado estos avances.

La oligarquía permitió la escuela laica. Hombres surgidos en su seno, como Emilio Civit y otros, defendieron la Ley 1442. Varias constituciones, como la de Mendoza, recogieron el principio. El Segundo Plan Quincenal, de hecho y derecho, trata de obligar a todo el mundo a someterse a la “moral y a la religión cristianas”.

La oligarquía, especialmente en la época del general Justo, creó ciertas reparticiones o Juntas “reguladoras” de la producción económica. El régimen actual ha “regulado” y desorganizado todo lo que había en la esfera económica, de tal manera, por ejemplo, que las juntas reguladoras resultan un juguete al lado del IAPI. La oligarquía dictó una ley de Vinos, bastante incompleta, pero que es una obra de santos comparada con la actual “regulación vitivinícola”.

Nuestras universidades, en la época de la oligarquía, permitieron, en alguna medida, cierta independencia ideológica de los profesores. La “nueva universidad” ha colocado a la misma y a los profesores a la cola de una “doctrina” apresurada.

La justicia, en la época de la oligarquía, mal que mal, era respetada como un poder independiente. En la actualidad todo el Poder Judicial está en manos del Presidente de la República. Antes, más o menos, se respetaba el sistema democrático (burgués) , republicano y representativo. Ahora, especialmente, en lo que refiere a los territorios nacionales convertidos en provincias “sui generis”, ensaya un tipo de gobierno corporativo, la organización de los partidos políticos ha sido reglamentada en tal forma que su existencia depende de la política o de la voluntad del régimen. Antes, no sólo podían aparecer los diarios y periódicos de los partidos, sino que aún dentro de la misma clase dominante y en el conjunto social, podían aparecer diarios y revistas, libros y folletos, con relativa libertad, salvo excepciones contadas. El derecho de reunión era desconocido excepcional y había tribunales oligárquicos, que restablecían las garantías constitucionales. Ahora, ciertos jueces se someten a la policía y justifican las arbitrariedades que mismas cometen.

Nunca se han prohibido en nuestro país tantos actos públicos como en los últimos años. Nunca se ha dificultado e impedido la importancia de libros y de revistas y de correspondencia “peligrosa”.

Nunca se ha prohibido en nuestro país tantos actos públicos como en los últimos años. Nunca se ha dificultado e impedido la importación de libros y de revistas y de correspondencia “peligrosa”.

Nunca se ha controlado tanto la actividad interna y pública de los partidos y de las asociaciones. Sáenz Peña nos dio una ley electoral imperfecta, pero que daba representación a la minoría. Con fraude y todo, la oligarquía permitió as representaciones minoritarias. Ahora tenemos “senados únicos” y liquidación de las minorías.

DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y DE LAS LIBERTADES Y GARANTIAS BURGUESAS.

En ocasión del histórico XIX Congreso del Partido Comunista (B) de la URSS, el camarada Stalin ha vuelto a llamar la atención sobre las necesidades de que los comunistas seamos, cada vez más, los abanderados de la defensa de las libertades democráticas que la burguesía se diera para sí y que ahora repudia. Esta lucha es inseparable de la lucha por la paz y por la independencia y soberanía de los pueblos.

En su intento criminal de estrangulamiento de las libertades democráticas que la burguesía se diera para sí y que ahora repudia. Esta lucha es inseparable de la lucha por la paz y por la independencia y soberanía de los pueblos.

En su interior criminal de estrangulamiento de las libertades democráticas, la burguesía reaccionaria se apoya a los fascistas, en los cavernarios de todo pelaje, en los dirigentes socialistas de derecha, agentes celosos de los intereses imperialistas. Los Attlee, los Guy Mollet, Los Saragat, los Spaak y los Ollenhauer cumplen las misiones más ignominiosas que les encargan sus patrones anglo-yanquis, con el propósito de reprimir las luchas de liberación nacional de los pueblos y dividir a la clase obrera (Ver: “Por una Paz duradera. Por una Democracia Popular”. 23 de enero 1953).

DEMOCRACIA BURGUESA Y DEMOCRACIA SOCIALISTA

Al cumplirse el primer centenario de la sanción de la Constitución de 1853, los comunistas argentinos debemos comprender en toda su profundidad las recomendaciones del camarada Stalin y tomar en nuestras manos, en el camino de la unidad y de la independencia nacional y de la paz, la bandera de las libertades democráticas. Para nosotros, la democracia burguesa no es la democracia a que aspiramos pero sería una estupidez renunciar a las libertades y garantías que la propia burguesía necesitó para su desarrollo y que ahora repudian si prestáramos que marchamos hacia la democracia socialista y en consecuencia, que no la necesitemos.

Los comunistas debemos enfrentar a la clase dominante con su propia “legalidad”. No podemos permitir, en ningún sentido ni en ningún momento, que estas libertades sean negadas o cercenadas. Por el contrario, debemos luchar para que sean mantenidas y ampliadas.

Los imperialistas yanquis y quienes se someten a sus objetivos, aquí como en otras partes, tratan de liquidar y reducir a la nada los aspectos progresistas de la legislación liberal que existiera en nuestro país, como en otras partes. Y siendo el contenido de esa Constitución derogada, de ese carácter, tenemos que reivindicarlo.

Al hacerlo así no nos aferramos al pasado ni lo defendemos. Luchamos por el presente y por el porvenir, retomando del pasado aquellos elementos o antecedentes que, siendo el resultado de luchas generales de carácter progresista, realizadas por los pueblos, constituyen –desde el punto de vista político- un verdadero jalón en la batalla por la libertad.

CAMBIOS SOCIALES Y PERSPECTIVAS

Desde 1853 hasta ahora, se ha producido algunas novedades. Se está llevando a cabo en nuestra realidad social, un cambio sustancial. La clase obrera que, en aquel entonces, no existía como tal, juega un papel preponderante en nuestra vida política social y económica. Nuestros campos señalan, en situación de inseguridad, pero de creciente descontento la presencia de densas masas campesinas. Nuestra burguesía nacional, en vastos sectores, ha entrado en conflicto de intereses con la oligarquía y el imperialismo. Una clase media muy numerosa, también tiene intereses que defender. La situación internacional y continental nos plantea nuevos problemas. El panorama mundial ha variado desde 1853 hasta ahora. La sexta parte del mundo se ha emancipado de la opresión capitalista, y construye el Socialismo Numerosos países, como China a la cabeza, marchan hacia el Socialismo por el camino de la Democracia Popular, mientras que las colonias llevan a cabo luchas memorables por su emancipación, al mismo tiempo que el capitalismo, en su fase imperialista, descubre la totalidad de sus lacras y su siniestra figura aparece tal cual es, en la etapa de su descomposición y derrumbe definitivos.

Los sectores reaccionarios nacionales, conscientes de este proceso, tratan, con la ayuda del imperialismo y de sus fieles lacayos del reformismo social, de mantener la hegemonía sobre la clase obrera y los campesinos que buscan el camino de las grandes transformaciones y de la revolución. Con el señuelo de supuestas o aparentes reformas, con el lenguaje altisonante de los grandes cambios y con la máscara de un sindicalismo vaciado de su verdadero contenido; por la vía estrecha de un economismo anquilosante tratan de impedir que estas masas abracen la causa del Socialismo. No lo conseguirán. Pero ello dependerá principalmente de nuestra acción. Y de esta acción dependerá también que el nuevo contenido social del proceso argentino engendre una nueva Constitución que nos coloque, en estos tiempos, a la altura de las necesidades reales de nuestro pueblo y a la altura de las grandes conquistas alcanzadas por el Socialismo y la Democracia Popular en el reto del Mundo.

No son únicamente los continentes asiáticos y africano, los que despiertan. América ha despertado también y se agita, conmoviendo los profundos cimientos oligárquicos e imperialistas. Por encima de la demagogia circunstancial, los pueblos de esta parte del mundo van forjando su unidad y su programa y, sobre todo, van aquilatando su verdadera fuerza. En el país argentino la clase obrera ha pasado a ocupar un lugar decisivo en el acontecimiento político. Reducida al economismo sin perspectiva y sometida aún, en gran parte, a la hegemonía de la burguesía que se ejerce a través de “conductores” verbalistas, comienza, sin embargo, a marchar por su propio camino, a través de la influencia comunista. Nuestra misión de tales, de acuerdo a las enseñanzas de Lenín y de la historia victoriosa de la clase obrera en los últimos cincuenta años, consiste en llevar a su seno la verdad revolucionaria del Socialismo. Su emancipación sólo será alcanzada sobre esta base. Lo estamos haciendo aquí, en el resto de América y del Mundo. Lo seguiremos haciendo.

Y alguna vez muy pronto, sin duda, cuando dictemos, en nuestro país la nueva Constitución, podremos decir que no es ella la que ha creado la nueva realidad social, gestada por la clase obrera y por le pueblo, la que ha creado los hechos que se registran en ella. Así habremos hablado como Marx en el proceso de Colonia, refiriéndose al Código Napoleón, o como Stalin, al definir el contenido y las características de la Constitución Soviética de 1936.

 

 

Mendoza 1953

Edición propia en los talleres gráficos D’Accurzio

 

 

——————–

NOTAS RELACIONADAS:

Una biografía de Marianetti – Patricia Chaves

Constituyendo Santa Fe

Texto completo de la

CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

 

 

SANTA FE, 14 DE ABRIL DE 1962.

 

BOLETÍN OFICIAL, 18 de Abril de 1962

 

 

PREÁMBULO

 

 

Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Santa Fe, reunidos en Convención Constituyente con el objeto de organizar los poderes públicos y consolidar las instituciones democráticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del hombre; mantener la paz interna; afianzar la justicia; estimular y dignificar el trabajo; proveer a la educación y la cultura; fomentar la cooperación y solidaridad sociales; promover el bienestar general; impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social; afirmar la vigencia del federalismo y del régimen municipal; y garantir en todo el tiempo los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Constitución.

 

 

SECCIÓN PRIMERA

 

 

CAPITULO ÚNICO – Principios, Derechos, Garantías y Deberes

 

 

ARTICULO 1. La Provincia de Santa Fe, como miembro del Estado federal argentino, y con la población y el territorio que por derecho le corresponden, organiza sus instituciones fundamentales conforme a los principios democráticos, representativo y republicano, de la sumisión del Estado a las propias normas jurídicas en cualquier campo de su actividad y de los deberes de solidaridad recíproca de los miembros de la colectividad, de acuerdo con las condiciones y limitaciones emergentes de la Constitución Nacional.

 

 

ARTICULO 2. El pueblo, y los órganos del Estado que él elige y ejercen la potestad de gobierno, desempeñan sus funciones respectivas en las formas y con los límites que establecen esta Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia. Ningún sector del pueblo, ni persona alguna, puede atribuirse legítimamente su ejercicio.

 

 

ARTICULO 3. La religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes.

 

 

ARTICULO 4. Las autoridades que ejercen el Gobierno Provincial residen en la ciudad de Santa Fe, Capital de la Provincia.

 

 

ARTICULO 5. El gobierno de la Provincia provee a los gastos públicos con los fondos provenientes de las contribuciones que establezca la ley; de las rentas producidas por sus bienes y servicios; de la enajenación de bienes de su pertenencia; de la propia actividad económica que realice; y de las operaciones de crédito que concierte.

 

Todos los habitantes de la Provincia están obligados a concurrir a los gastos públicos según su capacidad contributiva. El régimen tributario puede inspirarse en criterios de progresividad.

 

 

ARTICULO 6. Los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la presente, inclusive de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que las inspiran.

 

 

ARTICULO 7. El Estado reconoce a la persona humana su eminente dignidad y todos los órganos del poder público están obligados a respetarla y protegerla.

 

El individuo desenvuelve libremente su personalidad, ya en forma aislada, ya en forma asociada, en el ejercicio de los derechos inviolables que le competen.

 

La persona puede siempre defender sus derechos e intereses legítimos, de cualquier naturaleza, ante los poderes públicos, de acuerdo con las leyes respectivas.

 

Los derechos fundamentales de libertad y sus garantías reconocidos por esta Constitución son directamente operativos.

 

 

ARTICULO 8. Todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley.

 

Incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida política, económica y social de la comunidad.

 

 

ARTICULO 9. Ningún habitante de la Provincia puede ser privado de su libertad corporal, o sometido a alguna restricción de la misma, sino por disposición de autoridad competente y en los casos y condiciones previstos por la ley.

 

Toda persona que juzgue arbitraria la privación, restricción o amenaza de su libertad corporal, puede ocurrir ante cualquier juez letrado, por sí o por intermedio de cualquier otra que no necesita acreditar mandato, para que la haga comparecer ante su presencia y examine sumariamente la legalidad de aquéllas y , en su caso, disponga su inmediata cesación.

 

Ninguna detención puede prolongarse por más de veinticuatro horas sin darse aviso al juez competente y ponerse a su disposición al detenido, ni mantenerse una incomunicación por más de cuarenta y ocho horas, medida que cesa automáticamente al expirar dicho término, salvo prórroga por auto motivado del juez.

 

Queda proscripta toda forma de violencia física o moral sobre las personas sometidas a privación o restricción de su libertad corporal.

 

Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso y de una típica definición de una acción u omisión culpable previamente establecidos por la ley, ni sacado del juez constituido con anterioridad por ésta, ni privado del derecho de defensa.

 

No se puede reabrir procesos fenecidos, sin perjuicio de la revisión favorable de sentencias penales en los casos previstos por la ley procesal. Cuando prospere el recurso de revisión por verificarse la inocencia del condenado, la Provincia indemniza los daños que se le hubieren causado.

 

Las cárceles serán sanas y limpias y adecuadas para la readaptación social de los internados en ellas.

 

No se alojará a encausados juntamente con penados y los procesados o condenados menores de diez y ocho años y las mujeres lo serán en establecimientos especiales.

 

La ley propende a instituir el juicio oral y público en materia penal.

 

 

ARTICULO 10. El domicilio es inviolable. No se puede efectuar en él registros, inspecciones o secuestros sino en los casos y en las condiciones que fije la ley.

 

Son igualmente inviolables la libertad y el secreto de la correspondencia y de todo otro medio de comunicación y sus restricciones pueden realizarse sólo cuando la ley las autorice y con sus garantías.

 

Los habitantes de la Provincia pueden permanecer y circular libremente en su territorio.

 

 

ARTICULO 11. Todo individuo tiene derecho a expresar y difundir libremente su pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o cualquier otro medio de divulgación. El cultivo de la ciencia y del arte es libre. Queda garantido el derecho de enseñar y aprender.

 

La prensa no puede ser sometida a autorizaciones o censuras, ni a medidas indirectas restrictivas de su libertad. Una ley especial asegura este derecho y define y reprime los abusos que por medio de ella pueden cometerse. En tanto esta ley no se dicte, los abusos que importen delitos comunes según el Código Penal son castigados conforme a éste, sin perjuicio de la obligación de resarcir los daños causados. No puede clausurarse las imprentas, ni secuestrarse sus elementos, como instrumentos del delito, mientras dure el proceso.

 

Las personas que se consideren afectadas por una publicación periodística tienen el derecho de réplica gratuita, en el lugar y con la extensión máxima de aquélla, con recurso, de trámite sumario en caso de negativa, ante la justicia ordinaria.

 

 

ARTICULO 12. Todos gozan del derecho a la libre profesión de su fe religiosa en forma individual o asociada, a hacer propaganda de ella y a ejercer el culto en público o privado, salvo que sea contrario al orden público o a las buenas costumbres. No se puede suprimir o limitar el ejercicio de un derecho en razón de profesarse determinada religión.

 

 

ARTICULO 13. Los habitantes de la Provincia pueden libremente reunirse en forma pacífica, aun en locales abiertos al público. Las reuniones en lugares públicos están sometidas al deber de preaviso a la autoridad, que puede prohibirlas sólo por motivos razonables de orden o interés público con anticipación no menor de cuarenta y ocho horas.

 

Pueden también asociarse libremente con fines lícitos.

 

Gozan igualmente del derecho de petición a las autoridades públicas, en defensa de intereses propios o generales.

 

 

ARTICULO 14. Todos tienen derecho a ejercer, según las propias posibilidades y la propia elección, una actividad o profesión que concurra al progreso material o espiritual de la sociedad, en las condiciones que establezca la ley.

 

Pueden, asimismo, tener acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, según los requisitos que se determinen.

 

Ninguna prestación personal de servicios al Estado es exigible sino en virtud de la ley.

 

 

ARTICULO 15. La propiedad privada es inviolable y solamente puede ser limitada con el fin que cumpla una función social.

 

El Estado puede expropiar bienes, previa indemnización, por motivos de interés general calificado por ley.

 

La iniciativa económica de los individuos es libre. Sin embargo, no puede desarrollarse en pugna con la utilidad social o con mengua de la seguridad, libertad o dignidad humana. En este sentido, la ley puede limitarla, con medidas que encuadren en la potestad del gobierno local.

 

Ninguna prestación patrimonial puede ser impuesta sino conforme a la ley.

 

 

ARTICULO 16. El individuo tiene deberes hacia la comunidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades puede quedar sometido a las limitaciones, establecidas por la ley exclusivamente, necesarias para asegurar el respeto de los derechos y libertades ajenas y satisfacer las justas exigencias de la moral y el orden público y del bienestar general.

 

 

ARTICULO 17. Un recurso jurisdiccional de amparo, de trámite sumario, puede deducirse contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal, o de entidades o personas privadas en ejercicio de funciones públicas, que amenazare, restringiere o impidiere, de manera manifiestamente ilegítima, el ejercicio de un derecho de libertad directamente reconocido a las personas en la Constitución de la Nacióno de la Provincia, siempre que no pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave e irreparable y no existieren recursos específicos de análoga naturaleza acordados por leyes o reglamentos.

 

 

ARTICULO 18. En la esfera del derecho público la Provincia responde hacia terceros de los daños causados por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados en el ejercicio de las actividades que les competen, sin perjuicio de la obligación de reembolso de éstos.

 

Tal responsabilidad se rige por las normas del derecho común, en cuanto fueren aplicables.

 

 

ARTICULO 19. La Provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad. Con tal fin establece los derechos y deberes de la comunidad y del individuo en materia sanitaria y crea la organización técnica adecuada para la promoción, protección y reparación de la salud, en colaboración con la Nación, otras provincias y asociaciones privadas nacionales e internacionales.

 

Las actividades profesionales vinculadas a los fines enunciados cumplen una función social y están sometidas a la reglamentación de la ley para asegurarla.

 

Nadie puede ser obligado a un tratamiento sanitario determinado, salvo por disposición de la ley, que en ningún caso puede exceder los límites impuestos por el respeto a la persona humana.

 

 

ARTICULO 20. La Provincia, en la esfera de sus poderes, protege el trabajo en todas sus formas y aplicaciones y, en particular, asegura el goce de los derechos que la Constitución y las leyes nacionales reconocen al trabajador.

 

Reglamenta las condiciones en que el trabajo se realiza, incluso la jornada legal de trabajo, y otorga una especial protección a la mujer y al menor que trabajan.

 

Cuida la formación cultural y la capacitación de los trabajadores mediante institutos adecuados, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

 

Promueve y facilita la colaboración entre empresarios y trabajadores y la solución de sus conflictos colectivos por la vía de la conciliación obligatoria y del arbitraje.

 

Establece tribunales especializados para la decisión de los conflictos individuales del trabajo, con un procedimiento breve y expeditivo, en el cual la ley propende a introducir la oralidad.

 

La ley concede el beneficio de gratuidad a las actuaciones administrativas y judiciales de los trabajadores y de sus organizaciones.

 

La Provincia otorga igual remuneración por igual trabajo a sus servidores.

 

 

ARTICULO 21. El Estado crea las condiciones necesarias para procurar a sus habitantes un nivel de vida que asegure su bienestar y el de sus familias, especialmente por la alimentación, el vestido, la vivienda, los cuidados médicos y los servicios sociales necesarios.

 

Toda persona tiene derecho a la provisión de los medios adecuados a sus exigencias de vida si estuviese impedida de trabajar y careciese de los recursos indispensables. En su caso, tiene derecho a la readaptación o rehabilitación profesional.

 

El Estado instituye un sistema de seguridad social, que tiene carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley propende al establecimiento del seguro social obligatorio; jubilaciones y pensiones móviles; defensa del bien de familia y compensación económica familiar, así como al de todo otro medio tendiente a igual finalidad.

 

 

ARTICULO 22. La Provincia promueve, estimula y protege el desarrollo y la difusión de la cultura en todas sus formas, tanto en sus aspectos universales como en los autóctonos, y la investigación en el campo científico y técnico. En particular, facilita a sus artistas, científicos y técnicos el desenvolvimiento de sus facultades creadoras y el conocimiento popular de sus producciones.

 

 

ARTICULO 23. La Provincia contribuye a la formación y defensa integral de la familia y al cumplimiento de las funciones que le son propias con medidas económicas o de cualquier otra índole encuadradas en la esfera de sus poderes.

 

Procura que el niño crezca bajo la responsabilidad y amparo del núcleo familiar.

 

Protege en lo material y moral la maternidad, la infancia, la juventud y la ancianidad, directamente o fomentando las instituciones privadas orientadas a tal fin.

 

 

ARTICULO 24. El Estado promueve y coopera en la formación y sostenimiento de entidades privadas que se propongan objetivos científicos, literarios, artísticos, deportivos, de asistencia, de perfección técnica o de solidaridad de intereses.

 

 

ARTICULO 25. El Estado provincial promueve el desarrollo e integración económicos de las diferentes zonas de su territorio, en correlación con la economía nacional, y a este fin orienta la iniciativa económica privada y la estimula mediante una adecuada política tributaria y crediticia y la construcción de vías de comunicación, canales, plantas generadoras de energía y demás obras públicas que sean necesarias.

 

Facilita, con igual propósito, la incorporación de capitales, equipos, materiales, asistencia tecnológica y asesoramiento administrativo y, en general, adopta cualquier medida que estime conveniente.

 

 

ARTICULO 26. La Provincia reconoce la función social de la cooperación en el campo económico, en sus diferentes modalidades.

 

La ley promueve y favorece el cooperativismo con los medios más idóneos y asegura, con oportuna fiscalización, su carácter y finalidades.

 

 

ARTICULO 27. La Provincia estimula y protege el ahorro popular en todas sus formas y lo orienta hacia la propiedad de la vivienda urbana y del predio para el trabajo rural e inversiones en actividades productivas dentro del territorio de la Provincia.

 

 

ARTICULO 28. La Provincia promueve la racional explotación de la tierra por la colonización de las de su propiedad y de los predios no explotados o cuya explotación no se realice conforme a la función social de la propiedad y adquiera por compra o expropiación.

 

Propende a la formación, desarrollo y estabilidad de la población rural por el estímulo y protección del trabajo del campo y de sus productos y el mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores.

 

Facilita la formulación y ejecución de planes de transformación agraria para convertir a arrendatarios y aparceros en propietarios y radicar a los productores que carezcan de la posibilidad de lograr por sí mismos el acceso a la propiedad de la tierra.

 

Favorece mediante el asesoramiento y la provisión de los elementos necesarios el adelanto tecnológico de la actividad agropecuaria a fin de obtener una racional explotación del suelo y el incremento y diversificación de la producción.

 

Estimula la industrialización y comercialización de sus productos por organismos cooperativos radicados en las zonas de producción que faciliten su acceso directo a los mercados de consumo, tanto internos como externos, y mediante una adecuada política de promoción, crediticia y tributaria, que aliente la actividad privada realizada con sentido de solidaridad social.

 

Promueve la creación de entes cooperativos que, conjuntamente con otros organismos, al realizar el proceso industrial y comercial, defiendan el valor de la producción del agro de la disparidad de los precios agropecuarios y de los no agropecuarios.

 

Protege el suelo de la degradación y erosión, conserva y restaura la capacidad productiva de las tierras y estimula el perfeccionamiento de las bases técnicas de su laboreo.

 

Resguarda la flora y la fauna autóctonas y proyecta, ejecuta y fiscaliza planes orgánicos y racionales de forestación y reforestación.

 

 

SECCION SEGUNDA

 

 

CAPITULO UNICO – Régimen Electoral

 

 

ARTICULO 29. Son electores todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que hayan alcanzado la edad de diez y ocho años y se hallen inscriptos en el Registro Cívico Provincial.

 

No pueden serlo los que por su condición, situación o enfermedad están impedidos de expresar libremente su voluntad y los afectados de indignidad moral.

 

Los extranjeros son electores en el orden municipal y en las condiciones que determine la ley.

 

El voto es personal e igual, libre, secreto y obligatorio.

 

La Legislatura de la Provincia dicta la ley electoral con las garantías necesarias para asegurar una auténtica expresión de la voluntad popular en el comicio, con inclusión, entre otras, de las siguientes: 1 la autoridad única del presidente de la mesa receptora de votos, a cuyas órdenes está la fuerza pública; 2 comienzo y conclusión de la elección dentro del día fijado; 3 escrutinio provisional público, en seguida de cerrado el acto electoral y en la propia mesa, cuyo resultado se consignará en el acta, suscripta por el presidente del comicio y fiscales presentes, a quienes el primero dará certificado de dicho resultado; y 4 prohibición del arresto de electores, salvo en flagrante delito o por orden emanada de juez competente.

 

Los partidos políticos concurren a la formación y expresión de la voluntad política del pueblo y todos los ciudadanos son libres de constituirlos o de afiliarse a ellos.

 

La ley establece la composición y atribuciones del Tribunal Electoral.

 

 

ARTICULO 30. Todos los ciudadanos pueden tener acceso a los cargos electivos en condiciones de igualdad, según los requisitos establecidos en cada caso por esta Constitución.

 

Carecen de este derecho los inhabilitados para el ejercicio del sufragio.

 

Los extranjeros son elegibles en el orden municipal en las condiciones que determine la ley.

 

 

SECCION TERCERA

 

 

Poder Legislativo

 

 

ARTICULO 31. El Poder Legislativo de la Provincia es ejercido por la Legislatura, compuesta de dos Cámaras: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

 

Los miembros de ambas Cámaras se reúnen en Asamblea Legislativa solamente en los casos y para los fines previstos por esta Constitución. La asamblea es presidida por el vicegorbenador, en su defecto por el presidente provisional del Senado y, a falta de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados. Sus decisiones son válidas si está presente la mitad más uno de los legisladores y se adoptan por la mayoría absoluta de los presentes, salvo disposición en contrario de esta Constitución. Dicta el reglamento para el desempeño de sus funciones.

 

 

CAPITULO I – Cámara de Diputados

 

 

ARTICULO 32. La Cámara de Diputados se compone de cincuenta miembros elegidos directamente por el pueblo, formando al efecto la Provincia un solo distrito, correspondiendo veintiocho diputados al partido que obtenga mayor número de votos y veintidós a los demás partidos, en proporción de los sufragios que hubieren logrado.

 

Los partidos políticos incluirán en sus listas de candidatos por lo menos uno con residencia en cada departamento.

 

Juntamente con los titulares se eligen diputados suplentes para completar períodos en las vacantes que se produzcan.

 

 

ARTICULO 33. Son elegibles para el cargo de diputado los ciudadanos argentinos que tengan, por lo menos, veintidós años de edad y, si no hubieren nacido en la Provincia, dos años de residencia inmediata en ésta, y, en su caso, dos años de residencia inmediata en el departamento.

 

 

ARTICULO 34. Los diputados duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles.

 

Su mandato comienza y termina simultáneamente con el del gobernador y vicegobernador.

 

 

ARTICULO 35. La Cámara de Diputados elige anualmente entre sus integrantes su presidente y sus reemplazantes legales.

 

 

CAPITULO II – Cámara de Senadores

 

 

ARTICULO 36. La Cámara de Senadores se compone de un senador por cada departamento de la Provincia, elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios.

 

Juntamente con los titulares se eligen senadores suplentes para completar períodos en las vacantes que se produzcan.

 

 

ARTICULO 37. Son elegibles para el cargo de senador los ciudadanos argentinos que tengan, por lo menos, treinta años de edad y dos años de residencia inmediata en el departamento.

 

 

ARTICULO 38. Los senadores duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles.

 

Su mandato comienza y termina simultáneamente con el del gobernador y vicegobernador.

 

 

ARTICULO 39. La Cámara de Senadores es presidida por el vicegobernador y, en caso de ausencia, enfermedad, renuncia, muerte, inhabilidad física o mental sobreviniente de carácter permanente, destitución o suspensión del mismo, o cuando se halle en ejercicio del Poder Ejecutivo, por un presidente provisional que elige anualmente de su seno. El vicegobernador sólo tiene voto en caso de empate.

 

 

CAPITULO III – Normas comunes a ambas Cámaras

 

 

ARTICULO 40. Ambas Cámaras se reúnen anualmente por sí mismas en sesiones ordinarias desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre.

 

Este período es susceptible de prórroga hasta por un mes más en virtud de decisión concorde de ambos cuerpos.

 

El Poder Ejecutivo las puede convocar a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y sólo para tratar los asuntos que determine.

 

Las Cámaras pueden también convocarse a sesiones extraordinarias, a pedido de la cuarta parte de sus miembros y por tiempo limitado, para tratar graves asuntos de interés público.

 

 

ARTICULO 41. Ambas Cámaras empiezan y concluyen simultáneamente sus períodos de sesiones, y ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, puede suspender las suyas por más de seis días sin el acuerdo de la otra.

 

 

ARTICULO 42. Las decisiones de las Cámaras son válidas si está presente la mitad más uno de sus miembros y son adoptadas por la mayoría de los presentes, salvo los casos en que esta Constitución prescribe mayorías especiales. En estos últimos supuestos se computan los votos de los presidentes que son miembros de los cuerpos.

 

Sin embargo, en minoría pueden acordar las medidas que estimen necesario para obtener el ” quórum ” requerido, inclusive la compulsión física de los inasistentes en los términos y bajo las sanciones que establezcan los reglamentos; y con no menos de la tercera parte de los miembros de la Cámara, en los días ordinarios de sesión, dar entrada a asuntos, escuchar informes o proseguir deliberaciones anteriores, sin adoptar resoluciones de ninguna naturaleza.

 

 

ARTICULO 43. Cada Cámara dicta su reglamento, designa y remueve sus empleados y ejerce la policía de sus locales.

 

 

ARTICULO 44. Las sesiones de ambas Cámaras son públicas, salvo que acuerden reunirse en sesión secreta.

 

 

ARTICULO 45. Las Cámaras tienen el derecho de requerir la asistencia a sus sesiones de los ministros del Poder Ejecutivo para suministrar informes o explicaciones sobre puntos que previamente se les fije. Los ministros pueden excusar su asistencia en el primer caso y dar por escrito los informes solicitados, no así en el segundo caso, en que deben concurrir al seno de las Cámaras.

 

 

ARTICULO 46. Cada Cámara puede designar comisiones con propósitos de información e investigación sobre materias o asuntos de interés público y proveerlas en cada caso de las facultades necesarias, las que no pueden exceder de los poderes de la autoridad judicial, para el desempeño de sus cometidos.

 

 

ARTICULO 47. Las Cámaras pueden reprimir con arresto que no exceda de treinta días a toda persona extraña al cuerpo que viole sus privilegios o altere el orden en sus sesiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que aquélla hubiere incurrido.

 

 

ARTICULO 48. Cada Cámara es juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la validez de sus títulos y, con el voto de las dos terceras partes de los componentes del cuerpo, resuelve la existencia de causas sobrevinientes de inelegibilidad y de incompatibilidad, sin que, en ambos casos, una vez pronunciada al respecto, pueda volver su decisión.

 

 

ARTICULO 49. Al recibirse de sus cargos, los legisladores prestan juramento de desempeñarlo conforme a la Constitución y a las leyes.

 

 

ARTICULO 50. Cada Cámara puede, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, corregir a cualquiera de éstos, y aun excluirlo de su seno, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones.

 

La inasistencia a la mitad de las sesiones del período ordinario determina la cesación en el mandato, salvo los casos de licencia o suspensión en el cargo.

 

 

ARTICULO 51. Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones.

 

Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal.

 

Sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna manera restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable, en cuyo caso se comunicará a la Cámara respectiva, con sumaria información del hecho, a fin que resuelva sobre la inmunidad del detenido.

 

La decisión de las Cámaras que disponga la suspensión de la inmunidad puede comprender también la suspensión en el ejercicio de las funciones del cargo.

 

 

ARTICULO 52. Es incompatible el cargo de diputado o senador con cualquier otro de carácter nacional, provincial o municipal, sea electivo o no, excepto los cargos docentes y las comisiones honorarias eventuales de la Nación, de la Provincia o de los municipios, que solamente pueden ser aceptadas con autorización de la Cámara correspondiente, o si ésta estuviere en receso, con obligación de dar cuenta a ella en su oportunidad.

 

Los agentes de la Administración pública provincial o municipal que resultaren elegidos diputados o senadores quedan automáticamente con licencia, sin goce de sueldo, por todo el tiempo que dure el mandato.

 

También es incompatible el cargo de legislador con la propiedad personal, individual o asociada, de empresas que gestionen servicios por cuenta de la Provincia o entidades públicas menores, o sean subsidiadas por éstas, y con el desempeño de funciones de dirección, administración, asesoramiento, representación o asistencia profesional en empresas ajenas en iguales condiciones.

 

El legislador que haya aceptado algún cargo incompatible con el suyo, queda por ese solo hecho separado de éste.

 

 

ARTICULO 53. Los legisladores reciben por sus servicios la retribución que determine la ley.

 

 

CAPITULO IV – Atribuciones del Poder Legislativo

 

 

ARTICULO 54. Corresponde a la Asamblea Legislativa:

 

1-    Recibir el juramento del gobernador y del vicegobernador;

 

2-    Resolver en caso de empate en la elección de los mismos;

 

3-    Decidir sobre las renuncias de dichos funcionarios y declarar su inhabilidad física o mental sobreviniente de carácter permanente, en ambos casos por el voto de los dos tercios de la totalidad de los legisladores;

 

4-    Escuchar el informe anual del gobernador sobre el estado de los negocios públicos, en ocasión de abrirse el período de sesiones ordinarias de las Cámaras;

 

5-    Prestar el acuerdo requerido por esta Constitución o las leyes para la designación de magistrados o funcionarios, el que se entenderá prestado si no se expidiese dentro del término de un mes de convocada al efecto la Asamblea, convocatoria que debe realizarse dentro del quinto día de recibido el pedido de acuerdo, o, en caso de nombramientos en el receso legislativo, de abierto el período ordinario de sesiones.

 

 

ARTICULO 55. Corresponde a la Legislatura:

 

1-    En sesión conjunta de ambas Cámaras, elegir senadores al Congreso de la Nación;

 

2-    Establecer la división política de la Provincia, que no puede alterarse sin el voto de las dos terceras partes de los miembros de las Cámaras, y las divisiones convenientes para su mejor administración;

 

3-    Legislar en materia electoral;

 

4-    Dictar las leyes de organización y procedimientos judiciales;

 

5-    Organizar el régimen municipal y comunal, según las bases establecidas por esta Constitución;

 

6-    Legislar sobre educación;

 

7-    Crear las contribuciones especificadas en el artículo 5;

 

8-    Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. En el primero deben figurar todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la Provincia, aun los autorizados por leyes especiales, las que se tendrán por derogadas si no se incluyen en el presupuesto las partidas para su ejecución. La Legislatura no puede aumentar los sueldos y gastos proyectados por el Poder Ejecutivo, salvo para la ejecución de las leyes especiales, en cuanto no excedan el cálculo de recursos. No sancionado en tiempo un presupuesto, seguirá en vigencia el anterior en sus partidas ordinarias, hasta la sanción del nuevo;

 

9-    Aprobar o desechar anualmente la cuenta de inversión;

 

10- Arreglar el pago de la deuda interna y externa de la Provincia;

 

11- Aprobar o desechar los convenios celebrados con la Nación o con otras provincias;

 

12- Autorizar al Poder Ejecutivo para celebrar contratos y aprobar o desechar los concluidos ” ad-referendum ” de la Legislatura. El servicio de la totalidad de las deudas provenientes de empréstitos no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial;

 

13- Establecer bancos u otras instituciones de crédito;

 

14- Legislar sobre tierras fiscales;

 

15- Declarar de interés general la expropiación de bienes, por leyes generales o especiales;

 

16- Conceder privilegios o estímulos por tiempo determinado con fines de fomento industrial, con carácter general;

 

17- Dictar leyes de protección y fomento de riquezas naturales;

 

18- Legislar sobre materias de policía provincial;

 

19- Dictar los códigos de faltas, rural, bromatológico, fiscal y otros en que sea conveniente este tipo de legislación;

 

20- Acordar amnistías por delitos o infracciones en general de jurisdicción provincial;

 

21- Dictar leyes sobre previsión social;

 

22- Conceder subsidios;

 

23- Dictar leyes sobre organización de la Administración pública y el estatuto de los funcionarios y empleados públicos, que incluya, entre otras, garantías de ingreso, estabilidad, carrera e indemnización por cesantía injustificada;

 

24- Fijar su presupuesto de gastos;

 

25- Convocar a elecciones provinciales si el Poder Ejecutivo no lo hiciese con la anticipación legal, a cuyo fin puede, en su caso, convocarse a sesiones extraordinarias por acuerdo propio y a solicitud de una cuarta parte de los miembros de cada Cámara;

 

26- Conceder o negar, en su caso, autorización al gobernador o vicegobernador para ausentarse del territorio de la Provincia;

 

27- En general, ejercer la potestad legislativa en cuanto se considere necesario o conveniente para la organización y funcionamiento de los poderes públicos y para la consecución de los fines de esta Constitución, en ejercicio de los poderes no delegados al gobierno federal, sin otras limitaciones que las emergentes de dicha Constitución o de la Nacional.

 

 

CAPITULO V – Formación y sanción de las Leyes

 

 

ARTICULO 56. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo.

 

 

ARTICULO 57. Aprobado un proyecto por la Cámara de origen, se remite para su consideración a la otra Cámara y, si ésta también lo aprueba, pasa al Poder Ejecutivo.

 

Si el Poder Ejecutivo está conforme, lo promulga como ley de la Provincia y dispone su publicación inmediata.

 

Queda convertido en ley todo proyecto sancionado por ambas Cámaras si, comunicado al Poder Ejecutivo, éste no lo devuelve observado dentro del plazo de diez días hábiles.

 

 

ARTICULO 58. Un proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras, no puede repetirse en las sesiones del mismo año.

 

Si solamente es modificado por la Cámara revisora, vuelve a la de origen, y si ésta acepta las enmiendas pasa el proyecto al Poder Ejecutivo. Si, por el contrario, no las acepta, el proyecto vuelve nuevamente a la Cámara revisora, y si ésta las mantiene con el voto de las dos terceras partes de los presentes, vuelve a la Cámara de origen, y sólo si ésta insiste en su sanción con igual mayoría, se tienen por rechazadas definitivamente las modificaciones y aprobado el proyecto que se comunica al Poder Ejecutivo.

 

 

ARTICULO 59. Vetado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus observaciones a la Cámara de origen, la que, si en votación nominal lo confirma por mayoría de dos tercios de los votos presentes, lo remite a la Cámara revisora, y si ésta también se expide de igual manera, el proyecto queda convertido en ley y se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación.

 

Si ambas Cámaras no insisten con dicha mayoría, el proyecto no puede repetirse en las sesiones del año. Si el veto ha sido parcial y las Cámaras aprueban por simple mayoría las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo, el proyecto, con éstas, queda convertido en ley.

 

La Legislatura debe pronunciarse sobre el veto del Poder Ejecutivo dentro del término de un mes de comunicado, o, en su caso, de iniciado el período ordinario de sesiones; en su defecto, se considera rechazado el proyecto.

 

El veto parcial de la ley de presupuesto no implica la necesidad de devolverlo totalmente a la Legislatura y puede promulgarse en las partes no observadas.

 

 

ARTICULO 60. Las leyes son obligatorias luego de su publicación.

 

El Poder Ejecutivo debe publicarlas dentro de los ocho días de promulgadas y, en su defecto, dispone la publicación el presidente de la Cámara que hubiere prestado la sanción definitiva.

 

Las leyes entran en vigor el noveno día siguiente al de su publicación, salvo que las mismas leyes establezcan otras fechas al efecto.

 

 

ARTICULO 61. Todo proyecto que no haya alcanzado sanción definitiva en dos períodos ordinarios de sesiones consecutivas caduca y sólo puede ser nuevamente considerado si se lo inicia como nuevo proyecto.

 

 

SECCION CUARTA – Poder Ejecutivo

 

 

CAPITULO I – Organización

 

 

ARTICULO 62. El Poder Ejecutivo es ejercido por un ciudadano con el título de gobernador de la Provincia y, en su defecto, por un vicegobernador, elegido al mismo tiempo, en igual forma y por idéntico período que el gobernador.

 

 

ARTICULO 63. Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere ser ciudadano argentino nativo o hijo de ciudadano nativo si hubiere nacido en país extranjero y tener, por lo menos, treinta años de edad y dos años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta.

 

 

ARTICULO 64. EL gobernador y vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, sin que evento alguno autorice prórroga de ese término, y no son elegibles para el mismo cargo o para el otro sino con intervalo, al menos, de un período.

 

 

ARTICULO 65. Al tomar posesión de sus cargos el gobernador y el vicegobernador prestan juramento de desempeñarlo conforme a la Constitución y a las leyes, ante el presidente de la Asamblea Legislativa, en sesión especial de ésta, o, en su defecto, ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, reunido este cuerpo.

 

 

ARTICULO 66. El vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente de éste, por el resto del período legal; y en caso de enfermedad, ausencia o suspensión en tanto el impedimento no cese.

 

 

ARTICULO 67. En caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, lo sustituye el presidente provisional del Senado mientras se procede a nueva elección, la que no puede recaer en este último, para completar período. La convocatoria debe hacerse dentro del plazo de diez días y la elección realizarse en término no mayor de noventa días. No procede nueva elección si el resto del período no excede de un año y medio.

 

El vicegobernador en ejercicio es igualmente reemplazado por el presidente provisional del Senado en caso de enfermedad, ausencia o suspensión, mientras no cese el impedimento.

 

 

ARTICULO 68. El gobernador y vicegobernador en desempeño del Poder Ejecutivo residen en la capital de la Provincia, pero pueden permanecer fuera de ella, dentro del territorio provincial, en ejercicio de sus funciones, por un término que, en cada caso, no exceda de treinta días.

 

No pueden ausentarse del territorio de la Provincia, por un plazo mayor de diez días, sin la autorización de la Legislatura; ni, en todo caso, del territorio de la República sin esa autorización.

 

En el receso de las Cámaras, y siendo necesario el permiso previo pueden ausentarse sólo por un motivo urgente de interés público y por el tiempo indispensable, comunicando a aquéllas oportunamente.

 

 

ARTICULO 69. El gobernador y vicegobernador reciben por sus servicios la retribución que fije la ley.

 

 

CAPITULO II – Elección de Gobernador y Vicegobernador

 

 

ARTICULO 70. El gobernador y vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, a simple pluralidad de sufragios.

 

La elección debe realizarse con una antelación no mayor de seis meses ni menor de tres.

 

En caso de empate, decide, en una sola sesión y sin debate, por mayoría absoluta de los miembros presentes, la Asamblea Legislativa surgida de la misma elección.

 

 

ARTICULO 71. Si antes de ocupar el cargo muriere o renunciare el ciudadano electo gobernador, lo reemplaza el vicegobernador conjuntamente elegido.

 

 

CAPITULO III Atribuciones del Poder Ejecutivo

 

 

ARTICULO 72. El gobernador de la Provincia:

 

1-    Es el jefe superior de la Administración Pública;

 

2-    Representa a la Provincia en sus relaciones con la Nación y con las demás provincias;

 

3-    Concurre a la formación de las leyes con las facultades emergentes, a tal respecto, de esta Constitución;

 

4-    Expide reglamentos de ejecución y autónomos, en los límites consentidos por esta Constitución y las leyes, y normas de orden interno;

 

5-    Provee, dentro de los mismos límites, a la organización, prestación y fiscalización de los servicios públicos;

 

6-    Nombra y remueve a los ministros, funcionarios y empleados de la Provincia, con arreglo a la Constitución y a las leyes, siempre que el nombramiento o remoción no competa a otra autoridad;

 

7-    Provee en el receso de las Cámaras, las vacantes de cargos que requieren acuerdo legislativo, que solicitará en el mismo acto a la Legislatura;

 

8-    Presenta a la Legislatura, antes del 30 de setiembre de cada aÑo, el proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Provincia y de las entidades autárquicas;

 

9-    Presenta anualmente a la Legislatura la cuenta de inversión del ejercicio anterior;

 

10- Hace recaudar y dispone la inversión de los recursos de la Provincia con arreglo a las leyes respectivas;

 

11- Celebra contratos con autorización o ” ad-referendum ” de la Legislatura;

 

12- Concluye convenios o tratados con la Nación y otras provincias, con aprobación de la Legislatura y conocimiento, en su caso, del Congreso Nacional;

 

13- Informa a la Legislatura, al abrirse las sesiones ordinarias, sobre el estado general de la Administración, y aconseja las reformas o medidas que estima convenientes;

 

14- Convoca a sesiones extraordinarias de la Legislatura de conformidad a esta Constitución;

 

15- Efectúa las convocatorias a elecciones en los casos y oportunidades legales;

 

16- Indulta o conmuta penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, con informe previo de la Corte Suprema de Justicia. No puede ejercer esta facultad cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones;

 

17- Dispone de las fuerzas policiales y presta su auxilio a la Legislatura, a los tribunales de justicia y a los funcionarios provinciales, municipales o comunales autorizados por la ley para hacer uso de ella;

 

18- Resuelve los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entidades autárquicas de la Administración provincial; y

 

19- Hace cumplir en la Provincia, en su carácter de agente natural del gobierno federal, la Constitución y las leyes de la Nación.

 

 

CAPITULO IV – Ministros del Poder Ejecutivo

 

 

ARTICULO 73. El despacho de los asuntos que incumben al Poder Ejecutivo está a cargo de ministros designados por el gobernador, en el número y con las funciones, en los respectivos ramos, que determine una ley especial.

 

Al recibirse de sus cargos prestan juramento ante el gobernador de desempeñarlos conforme a la Constitución y a las leyes.

 

 

ARTICULO 74. Para ser ministro se requieren las mismas calidades que para ser diputado y le comprenden las mismas incompatibilidades de los legisladores.

 

 

ARTICULO 75. Los ministros refrendan con su firma las resoluciones del gobernador, sin la cual éstas carecen de eficacia.

 

Sólo pueden resolver por sí mismos en lo concerniente al régimen administrativo interno de sus respectivos departamentos y dictar providencias de trámite.

 

 

ARTICULO 76. Sin perjuicio de las facultades de las Cámaras a su respecto, los ministros tienen el derecho de concurrir a las sesiones de aquéllas y participar en sus deliberaciones, pero no votar.

 

Dentro de los treinta días posteriores a la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, los ministros deben presentar a ésta una memoria detallada del estado de la administración de los asuntos de sus respectivos ministerios.

 

 

ARTICULO 77. Los ministros son responsables de las resoluciones que autoricen y solidariamente de las que refrenden conjuntamente con sus colegas.

 

 

ARTICULO 78. Los ministros pueden ser removidos de sus cargos por el gobernador, que también decide sus renuncias, y ser sometidos a juicio político.

 

 

ARTICULO 79. En los casos de vacancia o de cualquier impedimento de un ministro, los actos del gobernador pueden ser refrendados por algunos de sus colegas.

 

 

ARTICULO 80. Los ministros reciben por sus servicios la retribución que fije la ley.

 

 

CAPITULO V Tribunal de Cuentas

 

 

ARTICULO 81. Un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten.

 

Los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político.

 

Los fallos del Tribunal de Cuentas son susceptibles de los recursos que la ley establezca ante la Corte Suprema de Justicia y las acciones a que dieren lugar deducidas por el Fiscal de Estado.

 

El contralor jurisdiccional administrativo se entenderá sin perjuicio de la atribución de otros órganos de examinar la cuenta de inversión, que contarán previamente con los juicios del Tribunal de Cuentas.

 

 

CAPITULO VI Fiscal de Estado

 

 

ARTICULO 82. El Fiscal de Estado es el asesor legal del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo la defensa de los intereses de la Provincia ante los tribunales de justicia en los casos y en la forma que establecen la Constitución o las leyes, y desempeña las demás funciones que éstas le encomiendan.

 

El Fiscal de Estado es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, debe reunir las condiciones requeridas para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia y tiene las mismas incompatibilidades y prohibiciones que los miembros del Poder Judicial.

 

El Fiscal de Estado ejerce sus funciones durante el período del gobernador que lo ha designado, sin perjuicio de ser renombrado, es inamovible y puede ser removido sólo según las normas del juicio político.

 

 

SECCION QUINTA

 

 

CAPITULO UNICO – Poder Judicial

 

 

ARTICULO 83. El Poder Judicial de la Provincia es ejercido, exclusivamente, por una Corte Suprema de Justicia, cámaras de apelación, jueces de primera instancia y demás tribunales y jueces que establezca la ley.

 

Sin embargo, la ley puede instituir tribunales colegiados de instancia única.

 

 

ARTICULO 84. La Corte Suprema de Justicia se compone de cinco ministros como mínimo y de un procurador general.

 

Las cámaras de apelación se integran con no menos de tres vocales y, en su caso, pueden ser divididas en salas.

 

 

ARTICULO 85. Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, vocal o fiscal de las cámaras de apelación se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener, por lo menos, treinta años de edad, diez de ejercicio de la profesión de abogado o de la magistratura y dos años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta.

 

Para ser juez de primera instancia se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener, por lo menos veinticinco años de edad, cuatro de ejercicio de la profesión o de la función judicial como magistrado o funcionario y dos años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta.

 

La ley fija las condiciones exigidas para los jueces creados por ella.

 

 

ARTICULO 86. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los vocales de las cámaras de apelación y los jueces de primera instancia son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.

 

La ley determina la forma de designación de los jueces creados por ella.

 

 

ARTICULO 87. Los magistrados y funcionarios de la administración de justicia prestan juramento, al asumir sus cargos, de desempeñarlos conforme a la Constitución y a las leyes.

 

 

ARTICULO 88. Los magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones. Cesa su inamovilidad a los sesenta y cinco años de edad si están en condiciones de obtener jubilación ordinaria.

 

No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo.

 

Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los Poderes del Estado.

 

 

ARTICULO 89. Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política.

 

Los magistrados y funcionarios no pueden ejercer profesión o empleo alguno, salvo la docencia en materia jurídica, las comisiones de carácter honorario, técnico y transitorio que les encomienden la Nación, la Provincia o los municipios, y la defensa en juicio de derechos propios, de su cónyuge o de sus hijos menores.

 

La ley determina las incompatibilidades de los empleados.

 

 

ARTICULO 90. Los magistrados, funcionarios y empleados de la administración de justicia deben residir en el lugar donde desempeñan sus funciones, excepto los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

 

 

ARTICULO 91. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia están sujetos al juicio político.

 

Los demás jueces nombrados con acuerdo legislativo son enjuiciables, en la forma que establezca una ley especial, ante la Corte Suprema de Justicia, integrada a ese sólo efecto por un senador, un diputado y dos abogados de la matrícula.

 

 

ARTICULO 92. La Corte Suprema de Justicia:

 

1-    Representa al Poder Judicial de la Provincia;

 

2-    Ejerce la superintendencia general de la administración de justicia, que puede parcialmente delegar, de acuerdo con la ley, y la consiguiente potestad disciplinaria;

 

3-    Dicta los reglamentos y disposiciones que conduzcan al mejor desempeño de la función judicial;

 

4-    Dispone, según normas propias, de las partidas para inversiones y gastos de funcionamiento asignadas al Poder Judicial por la ley de presupuesto, sin perjuicio de rendir cuentas;

 

5-    Propone al Poder Ejecutivo, previo concurso, la designación de los funcionarios y empleados de la administración de justicia, y la remoción de los magistrados sin acuerdo legislativo y la de aquéllos, conforme a la ley;

 

6-    Envía a los poderes legislativos y ejecutivo un informe anual sobre el estado de la administración de justicia;

 

7-    Propone en cualquier tiempo reformas de organización o procedimiento encaminadas a mejorar la administración de justicia; y

 

8-    Ejerce las demás funciones que le encomiende la ley.

 

 

ARTICULO 93. Compete a la Corte Suprema de Justicia, exclusivamente, el conocimiento y resolución de:

 

1-    Los recursos de inconstitucionalidad que se deduzcan contra las decisiones definitivas de los tribunales inferiores, sobre materias regidas por esta Constitución;

 

2-    Los recursos contencioso-administrativos sometidos a su decisión en los casos y modos que establezca la ley;

 

3-    Los juicios de expropiación que promueva la Provincia;

 

4-    Los recursos de revisión de sentencias dictadas en procesos criminales, en los casos autorizados por la ley;

 

5-    Las contiendas de competencia que se susciten entre tribunales o jueces de la Provinciaque no tengan un superior común;

 

6-    Los conflictos de atribuciones planteados entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial;

 

7-    Los juicios de responsabilidad civil contra los magistrados judiciales;

 

8-    Los recursos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas en los casos y modos que establezca la ley; y

 

9-    Los incidentes de recusación de sus propios miembros.

 

 

ARTICULO 94. Los demás tribunales y jueces ejercen la jurisdicción contenciosa y voluntaria, que corresponda a la Provincia, con las competencias que establezca la ley. Asimismo, las funciones de otra índole que ésta les encomiende.

 

 

ARTICULO 95. Las sentencias y autos interlocutorios deben tener motivación suficiente, so pena de nulidad.

 

 

ARTICULO 96. Los tribunales y jueces tienen la obligación de fallar las causas dentro de los plazos legales y el retardo reiterado no justificado importa mal desempeño a los efectos de la remoción.

 

 

ARTICULO 97. La administración de justicia se rige por una ley reglamentaria de su organización y por códigos que determinen sus modos de proceder.

 

 

SECCION SEXTA

 

 

CAPITULO UNICO – Juicio Político

 

 

ARTICULO 98. Pueden ser sometidos a juicio político el gobernador y sus sustitutos legales en ejercicio del Poder Ejecutivo, los ministros de éste, el Fiscal de Estado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal de Cuentas, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución y de la ley reglamentaria que se dicte.

 

 

ARTICULO 99. A la Cámara de Diputados compete, a petición escrita y fundada de alguno de sus miembros o de cualquier habitante de la Provincia, la facultad de acusar ante el Senado a los funcionarios anteriormente mencionados por mal desempeño de sus funciones, delito cometido en el ejercicio de éstas o crímenes comunes.

 

 

ARTICULO 100. La acusación no se hará sin previa averiguación de la verdad de los hechos por la comisión permanente respectiva, con citación y audiencia del acusado, y declaración de haber lugar a la formación de causa por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara.

 

Si la comisión o, en su caso, la Cámara no se expidiese en el término de noventa días útiles correspondientes a los períodos ordinarios de sesiones o de prórroga, caducarán las actuaciones respectivas, inclusive la petición.

 

Admitida la acusación, la Cámara designará una Comisión para que sostenga la acusación ante el Senado y podrá suspender al funcionario acusado por las dos terceras partes de sus miembros presentes.

 

Si se desechara una petición de acusación manifiestamente temeraria, se aplicará al particular peticionante la sanción de multa o arresto que establezca la reglamentación.

 

 

ARTICULO 101. Corresponde a la Cámara de Senadores juzgar a los acusados por la Cámarade Diputados, a cuyo fin aquélla se constituye en tribunal, dentro del plazo que señale la ley, previo juramento, en cada caso, de sus miembros, de resolver la causa en justicia según su conciencia.

 

Cuando el acusado es el gobernador o alguno de sus reemplazantes legales en ejercicio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia preside la Cámara juzgadora, pero sin voto en el fallo.

 

 

ARTICULO 102. Formulada la acusación, el Senado sustancia el juicio con arreglo a la ley, que debe asegurar amplia defensa al acusado.

 

En ningún caso el juicio puede durar más de tres meses.

 

Vencido este término sin que hubiere recaído sentencia, el acusado queda absuelto y, en su caso, reintegrado por ese solo hecho a sus funciones.

 

 

ARTICULO 103. Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara. La votación será nominal.

 

El fallo condenatorio sólo dispone la destitución del acusado y aún su inhabilitación para ocupar cargos de la Provincia por tiempo determinado sin perjuicio de la responsabilidad del condenado ante la justicia ordinaria.

 

El fallo absolutorio importa, en su caso, el reintegro de pleno derecho del acusado al ejercicio de sus funciones.

 

 

ARTICULO 104. Cuando el enjuiciado sea el gobernador o su reemplazante legal o un ministro del Poder Ejecutivo, las mayorías de dos tercios prescriptas en los artículos anteriores se computará sobre la totalidad de los miembros de las Cámaras.

 

 

ARTICULO 105. A los efectos de asegurar la continuidad sin interrupciones del juicio político, las Cámaras pueden prorrogar a ese solo fin sus sesiones ordinarias o ser convocadas a sesiones extraordinarias por acuerdo propio y a solicitud de una cuarta parte de los miembros de cada Cámara.

 

 

SECCION SEPTIMA

 

 

CAPITULO UNICO – Régimen Municipal

 

 

ARTICULO 106. Todo núcleo de población que constituya una comunidad con vida propia gobierna por sí mismo sus intereses locales con arreglo a las disposiciones de esta Constitución y de las leyes que se sancionen.

 

Las poblaciones que tengan más de diez mil habitantes se organizan como municipios por ley que la Legislatura dicte en cada caso, y las que no reúnan tal condición como comunas.

 

La ley fija la jurisdicción territorial de municipios y comunas y resuelve los casos de fusión o segregación que se susciten.

 

 

ARTICULO 107. Los municipios son organizados por la ley sobre la base:

 

1-    De un gobierno dotado de facultades propias, sin otras ingerencias sobre su condición o sus actos que las establecidas por esta Constitución y la ley;

 

2-    Constituido por un intendente municipal, elegido directamente por el pueblo y por un período de cuatro años, y un Concejo Municipal, elegido de la misma manera, con representación minoritaria, y renovado bianualmente por mitades; y

 

3-    Con las atribuciones necesarias para una eficaz gestión de los intereses locales, a cuyo efecto la ley los proveerá de recursos financieros suficientes.

 

A este último fin, pueden crear, recaudar y disponer libremente de recursos propios provenientes de las tasas y demás contribuciones que establezcan en su jurisdicción. Tienen, asimismo, participación en gravámenes directos o indirectos que recaude la Provincia, con un mínimo del cincuenta por ciento del producido del impuesto inmobiliario, de acuerdo con un régimen especial que asegure entre todos ellos una distribución proporcional, simultánea e inmediata.

 

Estas mismas normas fundamentales rigen para las comunas, de acuerdo con su ley orgánica propia, con excepción de su forma de gobierno, el cual está a cargo de una Comisión Comunal, elegida directamente por el cuerpo electoral respectivo, y renovada cada dos años en su totalidad.

 

Queda facultada la Legislatura para cambiar con carácter general el sistema de elección de los intendentes por cualquier otro modo de designación.

 

 

ARTICULO 108. La Provincia puede intervenir por ley, o por decisión del Poder Ejecutivo, en receso de la Legislatura, con cargo de dar cuenta inmediata a ésta, los municipios y comunas a los solos efectos de constituir sus autoridades en caso de acefalía total, o de normalizar una situación institucional subvertida.

 

En el caso de intervención por resolución del Poder Ejecutivo, la Legislatura puede hacerla cesar al examinar los fundamentos de aquélla.

 

 

SECCION OCTAVA

 

 

CAPITULO UNICO – Educación

 

 

ARTICULO 109. El Estado provincial provee al establecimiento de un sistema de educación preescolar y elemental y puede organizar y proteger también la enseñanza secundaria, técnica y superior. La educación impartida en los establecimientos oficiales es gratuita en todos sus grados.

 

La educación preescolar tiene por objeto guiar adecuadamente al niño en sus primeros años, en función complementaria del hogar.

 

La educación elemental es obligatoria e integral y de carácter esencialmente nacional. Cumplido el ciclo elemental, la educación continúa siendo obligatoria en la forma y hasta el límite de edad que establezca la ley.

 

La educación secundaria tiende a estimular y dirigir la formación integral del adolescente. La normal propende a la formación de docentes capacitados para actuar de acuerdo con las características y las necesidades de las distintas zonas de la Provincia.

 

La educación técnica tiene en cuenta los grandes objetivos nacionales y se orienta con sentido regional referida preferentemente a las actividades agrícolas, ganaderas e industriales de la zona.

 

La Provincia presta particular atención a la educación diferencial de los atípicos y a la creación de escuelas hogares en zonas urbanas y rurales.

 

 

ARTICULO 110. Los padres de familia e instituciones privadas pueden crear escuelas u otros institutos de educación en las condiciones que determine la ley.

 

La educación que se imparta en los establecimientos privados desarrollará, como mínimo, el contenido de los planes de estudios oficiales y se identificará con los objetivos nacionales y los principios de esta Constitución.

 

Queda garantido a los padres el derecho de elegir para sus hijos el establecimiento educativo de su preferencia.

 

 

ARTICULO 111. La Provincia establece institutos que investiguen y orienten la vocación de los adolescentes hacia una elección profesional adecuada.

 

Procura, asimismo, que los alumnos que acrediten vocación, capacidad y méritos, dispongan de los medios necesarios para alcanzar los más altos grados de la educación.

 

Arbitra igualmente las medidas que fueren menester para impedir o combatir la deserción escolar.

 

 

ARTICULO 112. El Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales.

 

 

ARTICULO 113. La Provincia destina recursos suficientes para el sostenimiento, difusión y mejoramiento de los establecimientos educativos del Estado.

 

La ley asegura al docente un régimen de ingreso, estabilidad y carrera profesional según sus méritos y estimula y facilita su perfeccionamiento técnico y cultural.

 

 

SECCION NOVENA

 

 

CAPITULO UNICO – Reforma de la Constitución

 

 

ARTICULO 114. Esta Constitución no puede ser reformada sino en virtud de una ley especial, sancionada con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara, que declare la necesidad de la reforma; y si fuere vetada, su promulgación requiere la insistencia legislativa por igual mayoría.

 

La ley determina si la reforma debe ser total o parcial y, en este último caso, los artículos o la materia que hayan de reformarse.

 

La reforma se hará por una Convención compuesta de diputados elegidos directamente por el pueblo en número igual al de los miembros del Poder Legislativo.

 

Para ser convencional se requieren las mismas calidades que para ser diputado a la Legislatura. El cargo de convencional es compatible con cualquier otro nacional, provincial o municipal.

 

Los convencionales gozan de las mismas inmunidades y remuneración de los legisladores, mientras ejerzan sus funciones.

 

 

ARTICULO 115. La ley especial que declare la necesidad de la reforma debe determinar, asimismo, las bases fundamentales de la elección, instalación y término de la Convención Reformadora. Queda reservada a ésta todo lo concerniente a su ordenamiento interno. La Convención puede prorrogar el término de su duración una sola vez y por la mitad del plazo fijado por la ley.

 

Si vencido el plazo legal de duración la Convención no se hubiera expedido sobre todos los puntos susceptibles de reforma, se entenderá que ésta no se ha producido en parte alguna.

 

En los casos de reforma parcial la Convención no puede pronunciarse sino sobre los artículos o la materia designados por la ley.

 

La Convención no está obligada a modificar o suprimir las disposiciones de la Constitución si considera que no existe la necesidad de la reforma declarada por la ley.

 

 

Disposiciones Transitorias

 

 

ARTICULO 116. Con el carácter de transitorias se observarán las disposiciones siguientes:

 

1-    A los efectos de unificar los mandatos legislativos cuya duración regla esta Constitución, dispónese lo siguiente:

 

a)La próxima renovación de diputados se hará de conformidad con lo que establece la Constitución de 1900/1907, por el término de dos años, de modo que los electos en el año 1964 terminen sus mandatos el 30 de abril de 1966;

 

  1. b)    La renovación del tercio de senadores que corresponda hacer en 1964 se hará por el término de dos años, de modo que caduquen sus mandatos el 30 de abril de 1966;

 

  1. c)    La renovación de los dos tercios de senadores que corresponda hacer en 1966 se hará de conformidad con las normas de esta Constitución;

 

  1. d)    La renovación del tercio de senadores que corresponda hacer en 1968 se hará por el término de dos años, de modo que caduque su mandato el 30 de abril de 1970;

 

2-    La actual estructura del Poder Judicial se mantendrá hasta la sanción de las modificaciones de su ley orgánica necesarias para adaptarlas a esta Constitución y designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Dicha ley se dictará en un plazo que no exceda de tres meses. Los mandatos de los actuales jueces subsistirán hasta la finalización del período para el cual fueron designados y la inamovilidad que establece esta Constitución regirá para los que se designen en lo sucesivo;

 

3-    Los concejales de los municipios que se elijan en 1963 durarán en sus cargos hasta el 30 de abril de 1966 y los que se elijan en 1964 durarán hasta la misma fecha.

 

En las primeras elecciones de renovación legislativa provincial, los intendentes municipales serán elegidos de conformidad a esta Constitución y durarán en sus funciones por el término que falte para completar el período de gobierno bajo el cual se realicen las elecciones; La Legislatura solo podrá usar de la facultad que le acuerda el último párrafo del artículo 107, una vez que se haya cumplido un período completo de mandato electivo del intendente.

 

4-    Mientras la Legislatura no sancione el estatuto de los funcionarios y empleados públicos, toda cesantía injustificada de los mismos le dará derecho a una indemnización equivalente al importe de doce meses del sueldo mensual que perciba en el momento de la cesantía.

 

5-    Esta Constitución entrará en vigencia a partir de su publicación, dispuesta por esta Convención.

 

 

El Gobernador de la Provincia jurará esta Constitución ante la Convención reformadora que, a este sólo efecto, podrá reunirse en minoría. Los presidentes de las Cámaras Legislativas lo harán ante los cuerpos respectivos en la primera sesión que realicen con posterioridad a la vigencia de aquélla y los miembros de cada cuerpo ante su presidente. El Presidente del Superior Tribunal de Justicia y el de la Cámara de Apelaciones prestarán juramento ante los respectivos cuerpos y recibirán el de los magistrados y funcionarios. La falta de cumplimiento de los juramentos prescriptos determinará la cesación inmediata en su mandato o función a los que se negaren a prestarlos.

Un mal consejo

FALLÓ LA CORTE

 

Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se pronunció respecto a la Reforma Judicial.

Son 6 leyes, y esta es la primera sentencia sobre el primer caso que llegó a la Corte, sobre la ley 26855 que reformaba al Consejo de la Magistratura.

La Corte anuló el incremento de miembros y el mecanismo de selección mediante el voto general. Abusando de la exégesis gramatical extendió a los académicos límites que de ningún modo estaban previstos. Y demostró que los civilistas, puestos a analizar derecho constitucional, son un desastre: sólo saben hacer exégesis napoleónica…

Nuestra opinión doctrinaria era contraria, y sólo fue sostenida por Eugenio Zaffaroni, quien dijo lo mismo que indicábamos: no vemos que la letra del artículo 114 imponga una determinada forma de selección de consejeros, no vemos que haya una flagrante inconstitucionalidad en la opción que elige el Congreso, tratándose de una decisión de oportunidad, mérito y conveniencia.

Pero habló la Corte, y así es como se integra el bloque material de constitucionalidad, por su boca habla la Constitución.

Resulta esperable que en los próximos meses se anulen el resto de las leyes, total o parcialmente.

La Corte, como cabeza política del Poder Judicial, es también la cabeza de la corporación judicial, y le es dificilísimo evitar esa subjetividad.

No está mal en sí mismo que existan corporaciones, es parte de la dinámica propia de la sociedad. El problema es cuando las decisiones subjetivas de las corporaciones pueden afectar a quienes no las integran.

Y la función primordial de la Corte Suprema es ser último intérprete de la Constitución, impidiendo la subsistencia de normas generales o particulares que la contradigan.

Si -porque nosotros anulamos leyes- anularemos todas aquellas que nos afecten (como el impuesto a las ganancias, o la selección popular de nuestros controladores), estaremos incumpliendo nuestra función, estaremos incurriendo en un mal desempeño.

Porque somos la Corte y queremos que todos cumplan la Constitución, pero ilícitamente seguimos reteniendo el presupuesto del Poder Judicial (cuando el inciso 3 del artículo 114 impone que lo debe manejar el CM); o seguimos nombrando secretarios a dedo, sin concurso, contra el artículo 16 de la Constitución que nos exige demostrar la idoneidad; o seguimos envejeciendo aferrados al cargo pese a que el 99 inciso 4 establece el límite de los 75 años…

Pero en esto consiste el sistema de frenos y contrapesos: cada ‘departamento’ del Poder agrede a los otros dos, y se defiende de sus avances. Si esa batalla se libra civilizada y responsablemente, estaremos construyendo un Estado Republicano, con sus tensiones y sus beneficios.

Y nosotros, los constitucionalistas iuspositivistas, nos sometemos siempre al antiguo principio de que ‘la Constitución es lo que la Corte dice que es’.

Cuando yo era un jovencísimo estudiante, era la época de la nefasta ‘Corte Menemista’, que dictaba fallos destructivos para los derechos personales y para la estructura nacional. Y claro, nos costaba aceptar que la Constitución fuese ‘eso’. Entonces, en una entrevista que le realizamos a Germán Bidart Campos, le cuestionamos duramente su adhesión al principio de que la Constitución fuese lo que la Corte decía. Y el querido maestro nos contestó:

“No me retraigo en eso. La Constitución es lo que los jueces dicen que es, claro, a veces le hacen decir algunos mamarrachos que sería mejor que la Corte fuera muda”.

Hoy es uno de esos días, y eso que la Corte, después de años, volvió a citar a Germán…

 

riámonos… sursum corda!!

 

 

Nuestras notas relacionadas:

La viuda y el juez

Los 9 viejos

 

 

————————————————————–

 

Veamos la sentencia de Servini de Cubría en la causa Rizzo:

Poder Judicial de la Nación

RESOLUCIÓN Nº /2013.- Buenos Aires, 11 de Junio de 2013.

Para resolver en la presente causa caratulada “Rizzo, Jorge Gabriel (Apoderado Lista 3 ‘Gente de Derecho’ s/ Acción de Amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ley 26.855 – Medida Cautelar”, Expte Nº 3034/13, del registro de causas de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, Secretaría Electoral de la Capital Federal, de la cual RESULTA:

  1. I) Que a fs. 1/36 se presenta Jorge Gabriel Rizzo, en su carácter de apoderado de la Lista 3 “Gente de Derecho”, con el patrocinio letrado del Dr. Adriano Patricio Díaz Cisneros, presentan Acción de Amparo contra la Ley N° 26.855 “…a los efectos de detener el perjuicio actual, manifiestamente arbitrario, e inminente que dicha norma ocasiona a los legítimos intereses de participar con boleta propia, Lista 3, “GENTE DE DERECHO”, y de postular candidato, en las próximas elecciones de representantes del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación”.-

La acción se dirige contra el Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional, con domicilio en Balcarce 50, Ciudad de Buenos Aires.-

Mas adelante expresan la requisitoria de “…inmediata y expedita tutela de los intereses afectados de “Gente de Derecho”, y para ello la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1°; 2°; 4°; 6, 18, y 30° de la Ley 26.855…”.

Finalmente solicitan, como medida cautelar, que se “…ordene al Estado nacional detener inmediatamente su escandaloso plan de organizar una elección de integrantes del CMN que resulta abiertamente enfrentada con la Constitución Nacional…”, y en consecuencia, suspender la inminente elección hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Así basan su interés actual de participar en la próxima elección de los representantes de abogados al Consejo de la Magistratura, pero la aplicación de la Ley 26.855 “…supone que 1) no podemos participar por resultar este comicio contrario a la Constitución nacional y a nuestras convicciones; 2) no podemos participar porque, asimismo, estamos proscriptos en razón de las exigencias impuestas que lo convierten en materialmente imposible…”.

Al desarrollar la legitimación activa, sostienen que la de la lista 3 “Gente de Derecho” surge del artículo 43 de la Constitución Nacional, que reconoce la acción de amparo a todos aquellos que sufran una violación de sus derechos constitucionales.

A fs. 5, en otro punto de la presentación, se refiere a la Acción de Clase –punto VI– ya que pretenden que los efectos del fallo solicitado se extiendan a todas las agrupaciones de abogados (por considerar que están igualmente proscriptas) y también a los académicos y magistrados, por considerarlos perjudicados y para que el mecanismo de elección de sus representantes sea el que regía antes de la promulgación de la Ley 26.855.

Más adelante puntualizan: “…si la única manera de darle tutela a nuestro derecho de postularnos a una elección de representantes en el CMN –derecho reconocido por el mismo art. 114 CN– es con una Acción de Clase, entonces debe caer toda regla restrictiva que sea obstáculo para esta pretensión so pena de negar la tutela judicial efectiva, y el carácter operativo que tiene la Constitución Nacional…”.

A fs. 8, sostienen que “La controversia (…) surge nítida: nosotros estamos interesados en que el Estado nacional organice una elección que nos permita participar, pero nuestra contraparte, todo lo contrario de ello, se encuentra en plena organización y difusión (…) de una elección que nos proscribe”.

Adviértase al respecto que la Lista 3 participa activamente en estas elecciones para elegir representantes de abogados, lo ha hecho siempre y pretende seguir haciéndolo. De modo tal que sus intereses son también derechos que, con el paso de los años, han sido reconocidos pacíficamente… hasta la promulgación de esta ley. Aquí también hay controversia: requerimos a S.S. que le ordene al Estado nacional detener esta insólita elección, y volver a organizar una que no se aparte del art. 114 CN”.-

Luego pasan a desarrollar la procedencia de la Acción de Amparo y los presupuestos de admisibilidad.-

Al respecto sostienen que “…o bien procede el amparo, o bien se atropellan los derechos de raigambre constitucional que aquí se han invocado”.-

En cuanto a requisitos de procedencia de la acción de amparo, afirman que se encuentran debidamente cumplidos, a saber: “1) Existe un acto de autoridad pública: el dictado de una Ley; la N° 26.855… …2) Que en forma inminente amenaza: (…) se vincula con la existencia de circunstancias que ponen en real, efectivo e inminente peligro el pleno ejercicio de un derecho; cual es el de representar ante el CMN… …3) Conculca con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos fundamentales y garantías reconocidas por la CN y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional… …4) En cuanto al recaudo: “medio judicial más idóneo”, no es un acto muy complejo establecer que para la situación planteada, no existe un remedio judicial alternativo… …5) La ostensible inconstitucionalidad de esta Ley, cuya declaración se persigue mediante esta acción de amparo…”.

Continúan en el punto X con los antecedentes de la creación del Consejo de la Magistratura. Desarrollando así, el aspecto histórico del consejo desde su incorporación al texto constitucional en el año 1994 hasta las modificaciones actuales.

En ese contexto, y en referencia a la ley 26.855, exponen que: “…so pretexto de una mayor representatividad “democrática” establece que quien represente “a los abogados de la matrícula federal” no sea electo por sus representados los abogados, sino por todos los habilitados a emitir sufragio en las PASO.

Con lo cual, quien aspire a “representar” al segmento de los abogados de la matrícula federal, deberá, obligatoriamente, ser afiliado o al menos haber acordado con un partido político su precandidatura; participar en las primarias “partidarias”, etc., para finalmente no “representar” a los abogados (aunque lo sea), sino para “representar” al Partido Político que le permitió llegar a ese lugar”.

Por otro lado, a fs. 22 vta., sostienen que: “Párrafo aparte (…) debe dedicarse a la tristeza que produce imaginar a Jueces de la Nación que tienen vedado por el artículo 33 inc. d) de la Ley orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298 ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos nacionales, negociando con los partidos políticos su inclusión en las respectivas boletas…”.

En otro punto de su presentación refiere que la afectación contra la constitución por la Ley 26.855 traería aparejada su arbitrariedad e ilegalidad.

Además sostienen que la Ley 26.855 no se subordina al texto constitucional, constituyendo una violación al principio de Supremacía irrestricta del art. 31 de la Constitución Nacional, viéndose además, afectados los derechos políticos y de representatividad.

Por otra parte, advierten que la reglamentación del art. 114 CN realizada por la cuestionada norma, carece de razonabilidad “…por no perseguir el fin que requiere la conformación y funcionamiento del CMN”.

Más adelante, la actora afirma que la nueva ley, significa un retroceso en materia de reconocimiento de derechos, al cambiar sustancialmente los requisitos necesarios para postular candidatos al Consejo de la Magistratura.

Además se estaría afectando, sostiene el presentante, la garantía de igualdad, lo que se puede advertir de una forma genérica tanto como de una forma específica.

La primera dada por la constitución de una primera minoría a cargo del poder, con capacidad de remover y nombrar jueces de acuerdo a su propio interés.

Pero también, y más específicamente, quebrando el derecho de litigar en igualdad con la contraparte (cuando ésta sea el Estado) y por la misma composición del Consejo.

Agregan más adelante: “La afectación de la garantía de igualdad ante los jueces también se produce cuando hay una posición de superioridad del Estado Nacional y éste litiga con el particular, en razón del quiebre del principio de la división de poderes.” Entonces, por las razones expuestas, solicitan una medida cautelar suspendiendo la elección de candidatos al Consejo de la Magistratura.

Fundan la verosimilitud del derecho invocado en la “…descripción de los derechos y garantías amenazados por la Ley 26.855”.

En cuanto al peligro en la demora, estaría dado por la aplicación inmediata de la ley impugnada, ya que supone “…consentir las violaciones constitucionales mencionadas…”.

Ofrece, como contracautela, una caución juratoria, en los términos y alcances del artículo 199 del CPCCN.

Finalmente, plantean la inconstitucionalidad de la ley 26.854. Alegando que: “Sin perjuicio de adelantar que el CPACF (…) se ha presentado impugnando la constitucionalidad de los artículos 2°, inciso 2, 4°, 5°, 9°, 10°, 13° incisos 1, 2, 3; 14° y 15° de la Ley 26.854, para el hipotético y poco probable supuesto que S.S. entienda aplicable sus disposiciones, se plantea la inconstitucionalidad de la norma y se solicita que a ala medida cautelar solicitada no le sean aplicables dichos artículos”.

A fs. 41, se glosa una nueva presentación del amparista, acompañando documentación, la que es agregada a fs. 37/40.

A fs. 43, se ordena formar expediente y dar el trámite previsto en la Ley 16.986, además, debido a la proximidad del vencimiento de los plazos del cronograma electoral, se ordena correrle vista al Sr. Fiscal a fin de que en un plazo de veinticuatro (24) horas, se expida. A tal fin se remiten copias certificadas de las actuaciones.

A fs. 46/88 se agregan las copias certificadas remitidas a la fiscalía, y a continuación –fs. 90-, el dictamen que remite a lo expresado en los autos “Cabral Luis María (Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Civil y Mutual) c/Poder Ejecutivo Nacional s/Amparo Ley 26.855 –Medida Cautelar”, Expte. N° 3033/13, acompañando a esos fines copia del aludido dictamen –agregado a fs. 91/92–.

A fs. 93, se requiere al estado nacional que produzca el informe previsto en el art. 8 de la Ley 16.986.

A fs. 97/98. esta Magistrada resuelve no hacer lugar a la solicitud de excusación formulada por el Sr. Fiscal, quien a fs. 100/103, interpone recurso de apelación sobre dicho resolutorio.

II.

Que a fs. 105/170, en representación del Estado Nacional – Ministerio del Interior, se presenta Alejandro Patricio Amaro, con el patrocinio letrado de la Procuradora del Tesoro de la Nación, Dra. Angelina M. E. Abbona, designada por Decreto N° 21/2011, con el objeto de contestar en tiempo y forma el pedido de informe del art. 8° de la Ley 16.986, oportunamente requerido.

A continuación y luego de efectuar una negativa genérica de los hechos alegados por la parte actora, inicia el argumento tendiente a demostrar la falta de legitimación procesal activa.

Amplían luego sosteniendo que no resulta relevante la representación alegada, ya que la normativa dictada derogó todo norma que se contraponga a ella, con lo que “…ya no rige a los fines de oficialización (…) lo dispuesto en la Resolución CM 135/2002…”.

En cuanto al intento de una acción de clase, sostiene el demandado, que resulta errónea la invocación del precedente “Halabi”, por no existir una identidad analógica entre la situación resuelta por la Corte en ese caso y las circunstancias fácticas y jurídicas traídas a debate.

Además que no se configuran, en el caso de autos, los requisitos exigidos por el alto tribunal, que habilite el dictado de una sentencia erga omnes.

“En efecto, el accionante solo pretende canalizar su disconformidad con la conducta adoptada por uno de los Poderes del Estado –el Legislativo– a través de la vía judicial, más sin fundar cuál es el agravio constitucional que le causa, lo que evidencia la improcedencia de la pretensión (…) y la pretendida extensión erga omnes a personas ajenas a la causa de las que ni siquiera se puede presumir la afección a un interés simple”.

De todo lo expresado, concluyen que “…el accionante carece de un interés concreto, personal y directo afectado, que justifique su pretensión ante el órgano judicial, por lo cual carece de la legitimatio ad causam activa para iniciar la presente acción”.

Ampliando luego: “…además de haber incumplido las reglas precedentes, es evidente que la ausencia de legitimación procesal activa de los postulantes del amparo (…) determina que en autos no hay técnicamente “caso judicial”, en los términos del art. 116 CN”.

Continua la contestación con la exposición de las “Razones que tornan improcedente el amparo intentado” (título X de la presentación), por cuanto sostienen: “…el régimen instaurado por la Ley N° 26.855 no infringe precepto ni principio constitucional alguno, al tiempo que es una razonable reglamentación del mandato constitucional previsto en el artículo 114 CN”.

…La Constitución Nacional encomendó al legislador el dictado de una ley que regule el funcionamiento, integración y forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura…

A idéntica conclusión se arriba luego de analizar las exposiciones habidas en el seno de la Convención Constituyente”.

En resumen, claras fueron las palabras empleadas en la redacción del artículo 114 de la Constitución Nacional e inequívoco el espíritu del Constituyente en cuanto a dejar librado a la valoración del Poder Legislativo el modo en que se haría operativo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la forma de elección de sus miembros, no imponiendo más limitaciones que su integración periódica “de modo que se procure el equilibrio” entre los órganos políticos resultantes de la elección popular, los jueces de todas las instancias, los abogados de la matrícula federal y personas del ámbito académico y científico.”.

Asimismo, en la reconstrucción histórica de los antecedentes que culminaron con la creación del consejo de la Magistratura, los presentantes advierten lo vinculado a la independencia, operando a dos niveles distintos, uno externo y otro interno.

Anotan a continuación: “…la idea de “independencia” que llevó a la creación del Consejo de la Magistratura –en el aspecto que estamos analizando- no se relaciona con la forma de elección de sus integrantes, sino concretamente con la selección de los jueces –más concretamente limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en dicho procedimiento-, cuestión que, en lo que aquí interesa, no es alcanzada por la nueva Ley, que respeta el sistema de ternas.

Esto, además, surge de un cotejo del claro texto constitucional que, en su artículo 114, previó de modo expreso entre las atribuciones del Consejo de la Magistratura, la elevación de las ternas al Poder Ejecutivo.

No hay entonces un vínculo entre la reforma y el “espíritu” del Constituyente que dicen vulnerado.

Por ese motivo, llevar la discusión a ese terreno y hablar de la “independencia” o “politización” en términos genéricos, es prescindir del contexto y la finalidad por la cual se dictó el artículo 114 de la Constitución Nacional, lo que como pauta hermenéutica es desechable.”.

Asimismo expresan que: “…la independencia, como finalidad tenida en miras por el Constituyente con la creación del Consejo de la Magistratura, opera en dos niveles: a) Hacia fuera y b) Hacia adentro… …Concretamente, se persigue extender el proceso democratizador sobre el Poder Judicial de la Nación y el servicio de administración de justicia para lo cual se busca garantizar la efectiva y eficaz intervención de la comunidad en la toma de decisiones. … …En rigor, la reforma está atravesada transversalmente por el objetivo de disponer como criterio rector del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, los principios que caracterizan la forma de gobierno representativa, republicana y federal que adopta nuestra Constitucional Nacional, para lo cual se acudió al sufragio universal y sistema de partidos políticos y a la modificación del número de integrantes. Tratan luego acerca del sistema instrumentado para la modificación de la forma de elección del estamento de los jueces, abogados de la matrícula y académicos y científicos. Así, expresan: “…antes de la nueva ley regía un sistema de voto calificado. Esto, en los hechos, significó que, en el régimen ahora modificado, solo una minoría elija 6 de los 13 Consejeros, es decir, casi la mitad de los Consejeros eran elegidos por sectores minoritarios de la población. …a partir de la nueva Ley: i) se adopta el sufragio universal como método eleccionario de los integrantes del Consejo de la Magistratura, ii) las postulaciones deben canalizarse por medio de los partidos políticos.”.

La exposición continúa aseverando que el sufragio universal es uno de los medios posibles para cumplir con la finalidad encomendada por el constituyente.

Al respecto, agrega: “De los artículos 1º, 33, 37, 38, 39, 40 y 75 incs. 19 y 24 de la Constitución Nacional, se desprende el rol fundamental de la participación del pueblo mediante el sufragio universal en la integración de los órganos fundamentales para la democracia representativa, republicana y federal, como lo es el Consejo de la Magistratura.

No hay precepto ni principio constitucional alguno que excluya –expresa o tácitamente- al Consejo de la Magistratura de esta dinámica.”.

Sobre el punto, finalmente sostienen. “…todos los ciudadanos deben tener el derecho de elegir a sus gobernantes, incluso a los Consejeros que se encargan de tomar decisiones políticas respecto del servicio de justicia. Y la idea de voto calificado, va en dirección contraria del voto universal, por lo cual, una mayor democratización del servicio de justicia reclamaba la modificación instrumentada por la Ley N° 26.855.”.

Refuerzan su argumentación sosteniendo que “La postulación a Consejeros por medio de partidos políticos es una legítima y razonable reglamentación del derecho electoral pasivo como derecho político.” (Punto 3.2.3.).

Y agregan: “…no caben dudas que la postulación a través de partidos políticos, además [de] ser una alternativa adecuada para lograr los fines que impulsaron la reforma –una mayor participación ciudadana–, es la que concilia con los preceptos constitucionales”.

Es que, a partir de la reforma constitucional de 1994, en una elección en donde se postulan cargos electivos con jurisdicción nacional, la armonización de las normas establece con absoluta claridad la preeminencia del artículo 38 de la Constitución Nacional, que prevé que ese monopolio de la representación la tienen los partidos políticos.

…[L]a actividad de los representantes de los jueces dentro del Consejo es de corte netamente administrativo, totalmente ajena a lo jurisdiccional. En este sentido también se pronuncia la doctrina. Por lo tanto, al ejercer sus mandatos como Consejeros de la Magistratura no deben gozar de la garantía de independencia, del mismo modo que no es un requisito exigible para los restantes integrantes del Consejo de la Magistratura.”.

Continúan luego, con otra línea de razonamiento, que sostiene que el sistema de elección de Consejeros por estamentos, en el seno de “simples asociaciones (por ejemplo, Asociación de Magistrados)” implica una afectación al espíritu del constituyente de profundizar la independencia, pues fomenta el espíritu corporativo.

En relación a las condiciones para postularse a las elecciones de 2013, destacan que, con carácter transitorio, a fin de regir únicamente en las próximas elecciones de 2013, la ley dispuso que para la adhesión de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros del Consejo de la Magistratura con la de legisladores nacionales de cada distrito, se requiera la comprobación de la existencia de, que en al menos 18 de los 24 distritos, la adhesión se realiza exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación.

Sin embargo, para los presentantes ello “…no limita en modo alguno el derecho de postularse como candidato a Consejero, pues lo único que se exige con el nuevo régimen es vehiculizarla por medio de un partido político. Esto se establece a los fines de que el elector en el cuarto oscuro, encuentre una coherencia, una identidad de propuestas, que exista una vinculación entre los partidos que realizan la oferta electoral.” A continuación el representante del ejecutivo, desarrolla el resguardo al equilibrio en la nueva composición del Consejo.

Al respecto, manifiestan que la noción de equilibrio contenida en el segundo párrafo del art. 114 CN, se “…refiere a la necesidad de que la representación de ninguno de los estamentos individualizados en la primera parte de la norma (legisladores, magistrados judiciales y abogados), se encuentre en condiciones matemáticas de imponer por sí sola su voluntad con prescindencia de los restantes sectores.”.

Realizan luego un análisis matemático de las composiciones –actual y previsto por la Ley cuestionada– del Consejo arriba a la conclusión de que ningún grupo puede alcanzar la mayoría absoluta en soledad. Siempre deberá contar con el voto coincidente de representantes de otro estamento, invitando al consenso.

Sobre ese particular afirman que “[p]resumir que los consejeros jueces, abogados y académicos que resulten elegidos por la mayoría a través del sufragio universal, habrán de alinearse con aquellos representantes de origen político (legisladores y el designado por el PEN), resulta una mera posibilidad que convive con la alternativa contraria”.

Agregan más adelante: “[t]ampoco puede sostenerse que el mecanismo de elección que a partir de la vigencia de la Ley 26.855 tendrán aquellos consejeros elegidos por sufragio universal, alterará el equilibrio entre los estamentos de jueces, legisladores y abogados.

Por un lado, ocho de ellos ingresarán por la mayoría, mientras que cuatro lo harán por la minoría, proporción por demás razonable para el sistema de representación de mayoría y minoría”.

Previo a presentar las conclusiones, sostienen que la forma de elección y la integración del consejo de la magistratura no merecen reproche de constitucionalidad.

“El nuevo sistema de elección de los representantes del Consejo de la Magistratura desalienta que intereses sectoriales o corporativos –sean cuales fuesen– desplacen el interés de la sociedad de ver saciada su necesidad de acceder a una justicia independiente y eficiente, siendo quien mediante el sufragio universal tome intervención directa en la elección de quienes integrarán al Consejo de la Magistratura.

…el nuevo régimen de elección y composición del Consejo de la Magistratura: (i) no se opone a norma constitucional alguna, (ii) se alinea con la normativa constitucional, la posición de la CSJN y con los tratados internacionales y (iii) resulta razonable, habida cuenta que es un medio adecuado para lograr la finalidad tenida en miras por el Constituyente al crear el Consejo y la finalidad declarada por el legislador al tratar el proyecto”.

Concluyen manifestando que toda ley que crea o modifica una organización estatal tiene, necesariamente, un componente de ensayo, valorable recién cuando la misma se pone en funcionamiento. Por ello no es posible saber en este momento, si se ha acertado con el nuevo diseño.

A fs. 201/216, se presenta la Asociación por los Derechos Civiles, invocando el carácter de ‘Amigo del Tribunal’, en los términos que allí constan.

Y CONSIDERANDO:

III. La actuación del Ministerio Fiscal:

Que una vez iniciadas las presentes actuaciones, este Tribunal dispuso correr vista al Sr. Fiscal actuante en la instancia, a fin de que diera su opinión al respecto, siendo que el Agente Fiscal se excusó de intervenir por los fundamentos que esgrimiera en oportunidad de requerírsele dictamen en los autos caratulados “Cabral. Luis María (Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional Civil y Mutual) c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo, Expte. Nº 3033/13.

En la referida actuación, solicitó su excusación aduciendo razones de decoro y delicadeza en virtud de manifestar ser miembro de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación y tener una relación de amistad de antigua data con el Dr. Gregorio Corach, uno de los firmantes de la acción de amparo interpuesta por esa entidad.

Ante dicha vicisitud, en consideración a que sin perjuicio de la excusación planteada, el Agente Fiscal no cuestionó la competencia para entender en estos actuados, y destacando que en el proceso previsto en la Ley Nº 16.986, que se caracteriza por lo rápido y expedito, no resulta imprescindible la intervención del Ministerio Público, se continuó con el tramite de la causa.

Fue así que este Tribunal solicitó al Estado Nacional el informe previsto en el artículo 8 de la Ley 16.986, y resolvió no hacer

lugar al pedido de excusación del Sr. Fiscal, y rechazó la excusación planteada por el Titular de la Fiscalía Federal Nº 1.

Dicho resolutorio fue apelado por el representante de la vindicta pública, por entender que esa resolución le generaba un gravamen irreparable.

Que motivos de celeridad y premura, que resultan elementales en razón de los próximos comicios del 11 de Agosto del corriente año, obligan a resolver las cuestiones planteadas en las presentes actuaciones sin dilaciones y con la urgencia y compromiso que la circunstancia requiere.

En consecuencia, y si bien fue intención de esta Magistrada que el Sr. Representante del Ministerio Público comprometiera su opinión respecto de una cuestión tan relevante como la aquí traída a conocimiento de la suscripta, ante las distintas contingencias planteadas en relación a esta cuestión, no resulta posible demorar el dictado de una sentencia que resuelva la controversia existente, en consideración a que en el día de mañana vence el plazo para solicitar el reconocimiento de Alianza Electorales en los términos del artículo 10 de la Ley 23.298, y a la existencia de sentencias de otros magistrados que resolvieron, en el marco de medidas precautorias, suspender el proceso electoral en cuestión, según la información publicada en la página Web del Centro de Información Judicial (CIJ).

Amén de ello, se tiene en consideración la Jurisprudencia del Superior, que establece sobre esta cuestión: “se ha dicho que no es viable la pretensión nulitiva si ella se funda en la omisión de una instancia procesal, no participada al agente fiscal de primer grado, pues aún cuando su intervención fuera obligatoria tal omisión se encontraría subsanada con la vista conferida al Ministerio Público en segunda instancia oportunidad en la cual puede purgarse, de existir, cualquier deficiencia ritual (conf. C.N. Civ. Sala A, 5/8/80, L.L. 1981-A 557, 35.737-5 y C.N. Comm. Sala A, febrero 28-963, Ed. 4-581), Fallo Cámara Nacional Electoral Nº 371/87.

“Que la nulidad tampoco podría prosperar por la falta de intervención del procurador fiscal de primera instancia, puesto que como ya lo ha señalado el Tribunal en forma reiterada (cf. Fallos 371, 373, 457/87, 1739, 1743, 1744, 2190/96, 3100/03) aun cuando la intervención del agente fiscal de primer grado no fuera obligatoria, tal omisión se encontraría subsanada con la vista conferida al Ministerio Público en segundo grado, oportunidad en la cual puede purgarse, de existir, cualquier deficiencia ritual.”, Fallo Cámara Nacional Electoral Nº 3350/2004.

En consecuencia, habiéndose dado intervención al Ministerio Público Fiscal y sin perjuicio de la excusación planteada, siendo posible una nueva participación Fiscal ante la Alzada, es que corresponde resolver la cuestión planteada en autos.

  1. Competencia:

La competencia de la Justicia Nacional Electoral, se encuentra limitada en forma específica y concreta por las Leyes Nacionales que regulan la materia, es decir, 15.262, 19.108, 19.945, 20.907, 23.298, 24.007, 24.012, 24.747, 26.215, 26.571 y sus modificatorias, complementarias y decretos que las reglamentan.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Ley 19.108, establece en su artículo 12: “Los jueces nacionales de primera instancia federal con competencia electoral conocerán a pedido de parte o de oficio:…II) En todas las cuestiones relacionadas con:…e) La elección, escrutinio y proclamación de los candidatos a cargos electivos y podrán hacerlo respecto de la elección, escrutinio y proclamación de las autoridades partidarias de su distrito…”.

Sobre esta cuestión, tiene dicho el Superior, con arreglo a lo establecido en el artículo 6° de la Ley 19.108, y artículo 303 del C.P.C.C., que: “…el carácter restrictivo de la jurisdicción federal limita su conocimiento a las causas específicamente determinadas en las leyes que rigen su competencia o en las que concreta y expresamente

atribuyen a sus normas la intervención y conocimiento del fuero federal de excepción…”, Fallo C.N.E. 858/89.

Así las cosas, la competencia de este Tribunal, se encuentra acotada, en lo que se refiere a los partidos políticos, a aquellos que actúan en el marco de la Ley 23.298, desde su fundación y constitución, reconocimiento, vida interna, elección de sus autoridades, y en su caso, caducidad o extinción.

Y en lo que respecta a los actos comiciales, a aquellos en los que se eligen autoridades nacionales del Distrito, es decir, Diputados Nacionales, Senadores Nacionales, y Convencionales Constituyentes Nacionales, como así también, en el caso de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación, en donde todo el territorio nacional constituye un distrito único, en lo que haga a su Jurisdicción respecto al reconocimiento de alianzas electorales y de la oficialización de candidaturas.

En consecuencia, corresponde dejar sentado que la suscripta no desconoce la competencia que pudieran tener los Magistrados de otras Jurisdicciones y de distintos fueros para analizar la constitucionalidad de algunos aspectos las normas atacadas, que pudieran no ser de índole electoral.

Sin perjuicio de ello y teniendo en cuenta también que la competencia del Juez se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas, las cuestiones que habrán de analizarse en las presentes actuaciones, serán las que versan sobre la materia electoral.

En definitiva, y más allá de los diversos argumentos que podrían esgrimirse a favor o en contra sobre la competencia de éste o demás tribunales, siendo el Juzgado a mi cargo donde correspondería tramitar el reconocimiento de las Alianzas Electorales, la oficialización de los candidatos a los cargos de Miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación, y demás cuestiones que versen sobre la organización del proceso electoral, no cabe duda sobre la competencia de esta Judicatura, por lo menos en lo relativo a las modificaciones electorales introducidas.

Ello no obsta a que muchas de estas cuestiones resultan ser inescindibles a temas que podrían tratarse en otras jurisdicciones, o fueros; ni tampoco que la asunción de competencia por parte de esta Magistrada signifique un desconocimiento de la que podrían llegar a tener otros Tribunales, también competentes en razón del territorio, la materia o la naturaleza de la acción interpuesta.

  1. Legitimación:

Que el presentante, Dr. Jorge Gabriel Rizzo que actualmente preside el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, interpone la presente acción de amparo en su carácter de abogado de la matrícula federal como así también en el de apoderado de la Lista Nº 3 de esa Institución, denominada “Gente de Derecho”.

Así entonces, cabe precisar que el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la concurrencia de la afectación de un interés jurídicamente protegido o tutelado y susceptible de tratamiento judicial.

En idéntico sentido se ha señalado reiteradamente que “…la inexistencia del derecho subjetivo a la legalidad determina que –salvo hipótesis excepcionales- la reacción impugnatoria no pueda ser promovida por quien no se encuentra personal y directamente perjudicado. Este factor opera como límite negativo. No basta cualquier interés, concretamente, no alcanza el interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado…” (CCAFed., Sala III, in re: “Carrió Elisa y otros”, sentencia del 27-03-07 y “Movimiento de Recuperación de Energía Nacional Orientadora”, del 13-09-07, entre otros).

En dichos términos, resulta posible adelantar que a criterio de la suscripta el litigante, acreditó en el presente caso una real afectación de su derecho que permite considerar la tutela requerida, porque se encuentra personal y directamente perjudicada por la norma cuya inconstitucionalidad solicita en la presente causa.

Que por otra parte, es preciso señalar que además de incorporar expresamente al texto de la Ley Fundamental la acción de amparo como uno de los “nuevos derechos y garantías” (cf. artículo 43), con la reforma constitucional del año 1994 se amplió el espectro de sujetos legitimados para accionar, que tradicionalmente se hallaba circunscripto a aquellos que fuesen titulares de un derecho subjetivo individual (cf. artículo 5°, ley de facto 16.986 y artículo 321, inc. 2°, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Así, el artículo 43 establece –en cuanto aquí interesa- en su segundo párrafo que “…Podrán interponer está acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de organización”.

En este sentido, el Alto Tribunal ha explicado que la mencionada reforma importó una “…modificación trascendente en relación a la acción de amparo, otorgándole una dinámica desprovista de aristas formales que obstaculicen el acceso a la jurisdicción cuando están en juego garantías constitucionales, y ampliando la legitimación activa de los pretensores potenciales en los casos de incidencia colectiva en general, legitimando en este aspecto a las asociaciones…” (cf. Fallos 326:2150, C.S.J.N.).

En afín orden de ideas se ha expedido la Excma. Cámara Nacional Electoral en cuanto ha expuesto que “…las asociaciones juegan un rol preponderante en todo lo concerniente a la protección de los intereses colectivos, en tanto aseguran un mejor resguardo de dichos intereses (cf. LUFT, MARCELO ENRIQUE, “Asociaciones: legitimación procesal”, La Ley Rev. D.F. y P. Septiembre 2010, pág. 241).

Y agrega que “…se sostuvo que en tanto uno de los propósitos de la mencionada reforma constitucional ‘consistió en alcanzar un grado más elevado en la tutela de los derechos humanos, […] devenía inexorable el reconocimiento de la actuación de entidades intermedias en el marco del proceso judicial, como hito en una evolución hacia el perfeccionamiento de una tutela judicial efectiva’ (CAPUTI, MARÍA CLAUDIA, ‘Legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios’ en CASSAGNE, JUAN CARLOS -coord.-, Tratado de Derecho Procesal Administrativo, Tomo I, La Ley, Bs. As., 2007, pág. 333).- (Fallo CNE 4816/2012).

Ahora bien, la Constitución Nacional prescribe que tales asociaciones deben estar “registradas conforme a la ley” (cf. artículo 43, segundo párrafo cit.). No obstante, la Excma. Cámara del Fuero ha tenido ocasión de destacar al respecto que la circunstancia de que dicha norma no haya sido sancionada aún “…no puede condicionar el ejercicio del derecho que debe reglamentar de modo que importe, en los hechos, su negación. La génesis misma del amparo se relaciona con la operatividad de los derechos consagrados constitucionalmente…” (cf. Fallos CNE 2807/00, in re “Mignone”). De interpretarse lo contrario, se explicó allí, “…la norma contenida en el art. 43 de la Constitución Nacional quedaría convertida en letra muerta…” (cf. Fallos CNE cit.).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resaltado, con similar orientación, que la referida disposición constitucional “es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular” (cf. Fallos 332:111, C.S.J.N.).

El Superior en la materia también ha destacado en el Fallo CNE 4816/2012 ya citado que “…Del mismo modo lo ha entendido la doctrina constitucional, al sostener que mientras no se dicte la referida reglamentación, basta con que aquéllas existan con alguna formalidad asociativa de la que surjan sus fines para que su legitimación les sea reconocida judicialmente (cf. BIDART CAMPOS, GERMÁN J., Manual de la Constitución Reformada, Tomo II, Ediar, Bs. As., 2001, página 383). En sentido afín, se ha expresado que en ausencia de una legislación específica, son los jueces quienes deben imponer algunos

requisitos mínimos (cf. BIANCHI, ALBERTO B., Control de constitucionalidad, Tomo 2, Ábaco R. Depalma, Bs. As., 1998, pág. 77).

Que, lo expuesto no exime, por cierto, del cumplimiento del requisito de “caso”, “causa” o “controversia” que habilite la intervención de la justicia (cf. artículo 116 de la Constitución Nacional y artículo 2° de la ley 27), pues tal como ha explicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun frente a cuestiones vinculadas con derechos de incidencia colectiva, la comprobación de la existencia de un “caso” es imprescindible (cf. Fallos 310: 2342; 311:2580; 326: 3007 y 332:111, entre muchos otros).

En efecto, la incorporación de intereses generales o difusos a la protección constitucional, en nada enerva la exigencia de exponer cómo tales derechos se ven lesionados por un acto presuntamente ilegítimo o por qué existiría seria amenaza de que ello suceda, a los efectos de viabilizar la acción de amparo (cf. Fallos 323:1339).

Sin embargo, se ha advertido que, en tales supuestos, el “caso” tiene una configuración típica diferente, circunstancia que resulta esencial para decidir sobre la procedencia formal de tal tipo de pretensiones (cf. Fallos 332:111).

Ello no importa, conforme lo expuesto por la Excma. Cámara Nacional Electoral, “…exigir un daño personal y directo, ni que la asociación sea titular de una relación jurídica sustancial para tener legitimación procesal, ya que el ordenamiento jurídico le reconoce esa legitimación no sólo cuando invoca su calidad de ‘afectada’, sino también, para actuar en defensa de los intereses comunes del sector, cuando el éxito de la pretensión reporta de algún modo, a aquellos en interés de quien se la formula, […] beneficio [o] ‘conveniencia […] de carácter colectivo […]’, en el orden moral o material” (cf. JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS, MARÍA, ‘La legitimación del afectado, del Defensor del Pueblo y de las asociaciones. La reforma constitucional de 1994 y la jurisprudencia’, LL 2003-B, 1333). Por lo tanto, desconocerles la posibilidad de accionar en defensa de tales intereses, ‘equivaldría a negarles […] su misma razón de ser’ (Ibíd.)…” (Fallo cit.).

Nos enseña la doctrina, desde una óptica más específica y en la práctica se ha aceptado, que los colegios profesionales en general (de Abogados, Médicos, etc.) poseen legitimación para asumir la defensa institucional de los intereses de sus colegiados, en especial en lo tocante a las incumbencias profesionales (Morello, Augusto “Legitimación procesal de los colegios profesionales, de las organizaciones de protección de los consumidores y de defensa de los intereses difusos” J.A. 1981-I, págs. 704 y sigs.).

En tales condiciones, toda vez que la pretensión formulada en la presente causa encuadra entre los propósitos de la agrupación y que la acción también se promueve en defensa de un derecho de incidencia colectiva, “categoría en la que cabe incluir a los nuevos derechos incorporados […] [en] 1994” (cf. Fallos 325:524, dictamen del Procurador General de la Nación), corresponde concluir que la agrupación Lista 3 “Gente De Derecho”, también en tal carácter, se encuentra legitimada para plantear el amparo.

Que el artículo 3° bis de la Ley 24.937 incorporado por el artículo 4° de la Ley 26.855 cuestionada, establece en su parte pertinente que “…Para elegir a los consejeros de la magistratura representantes del ámbito académico y científico, de los jueces y de los abogados de la matricula federal, las elecciones se realizarán en forma conjunta y simultánea con las elecciones nacionales en las cuales se elija presidente. La elección será por una lista de precandidatos postulados por agrupaciones políticas nacionales que postulen fórmulas de precandidatos presidenciales, mediante elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias…”.

Además el artículo 18 de la norma discutida sustituye el artículo 33 de la Ley 24.937 y sus modificatorias, rezando en lo que aquí interesa que “…La oficialización de listas de candidatos a consejeros del Consejo de la Magistratura para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y para las elecciones generales, podrá hacerse en esta oportunidad, por cualquier partido, confederación o alianza de orden nacional…”.

En consecuencia, la norma atacada por la actora, establece regulaciones que la excluyen en cuanto a la postulación de candidatos para los cargos de consejeros del Consejo de la Magistratura en la categoría Abogados de la Matrícula Federal, conforme lo dispuesto por el artículo 114 de la Constitución Nacional, por lo que se considera demostrada en la demanda la existencia de un “caso judicial” y de un perjuicio “inminente” en los intereses de la actora.

  1. La acción de Amparo:

A efectos de analizar la procedencia de la Acción de Amparo intentada, habrán de confrontarse las disposiciones constitucionales y la normativa que aquí se cuestiona, a fin de verificar la existencia en la legislación atacada, de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que vulnere los derechos reconocidos en la Carta Magna, conforme exige el artículo 1º de la Ley 16.986.

De conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Ley fundamental y en su caso, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Sentado ello, se debe verificar que el acto sea lesivo, que contenga un vicio palmariamente arbitrario e ilegal y que no exista otro medio más idóneo frente al supuesto atropello.

La lesión, comprende el daño o perjuicio de cualquier naturaleza, que implique la restricción o limitación de un derecho consagrado en la Constitución Nacional.

Por ese motivo, se centrará básicamente en dos actos emanados de uno de los poderes del Estado Nacional y que aquí se cuestionan.

Por un lado, la Ley Nacional Nª 26.855, que establece, entre otras cuestiones, el método de selección de las personas que integrarán el Consejo de la Magistratura Nacional en representación de los Jueces, Abogados y Académicos a través del voto popular y de listas propuestas por los partidos políticos, y el número de integrantes del estamento de académicos y científicos y su modo de selección.

De otro lado, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 577/2013 que convoca al electorado de la Nación Argentina, a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para el día 11 de Agosto de 2013, para la elección de candidatos a Consejeros del Consejo de la Magistratura. Asimismo, el mencionado decreto convoca también al mismo electorado, para que el día 27 de Octubre elija Consejeros para integrar dicho cuerpo.

El análisis a efectuarse, se realizará en el marco de la Jurisprudencia, que establece: “La actual redacción del artículo 43 de la C.N., ha removido el obstáculo que presentaba el inciso d) del artículo 2 de la Ley 16.986, habilitando, por vía de acción de amparo, la declaración de inconstitucionalidad de la norma en la que se funde el acto de omisión lesiva. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún antes de la recepción constitucional de tal posibilidad sostuvo que ‘nadie puede sustraer al Poder Judicial la atribución inalienable y la obligación de hacer respetar la Constitución’ (CSJN, Outon, Carlos José y otros s/ recurso de amparo, Fallos 267:215), con lo cual los jueces deben en pos de restituir de inmediato los derechos afectados, apelar a la vía sumarísima del amparo”, (Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, en Huarriz, Juan Carlos c/ EN – Sec de Hacienda de EO s/ amparo Ley 16.986, 20/7/95).

Sentado ello, debe tenerse en cuenta que de las normas citadas precedentemente, surge claro y manifiesto que el reclamo formulado versa sobre un hecho actual y vigente al momento del dictado de la presente sentencia, conforme lo exige el artículo 1 de la Ley 16.986, al encontrarse en curso el cronograma electoral correspondiente a los

comicios convocados por el Poder Ejecutivo Nacional, y próximos a operar importantes plazos de dicho cronograma (v. gr. el día 12 de Junio del corriente año, vence el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas electorales), por lo que no se advierte que los accionantes dispongan de otro remedio más idóneo que el aquí planteado para hacer valer sus pretensos derechos con la premura que el caso requiere.

En relación a la verificación de la existencia del acto lesivo, su análisis será desarrollado en los Considerandos que seguidamente se expondrán, estudiando la normativa en crisis y su afectación a los principios y derechos consagrados en la Ley Suprema.

VII. Acerca del planteo de inconstitucionalidad:

Con el objeto de dilucidar si las normas cuestionadas se encuentran en colisión con la Constitución Nacional, y si existe un perjuicio real concreto y actual en su aplicación, habrá de tenerse en cuenta en primer término, que “la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la mas delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ‘ultima ratio’ del orden jurídico (CSJN 303:248, 1708 y 1776; 304:849, 892 y 1069; 307:531 y 1656), y su ejercicio sólo se justifica frente a la comprobación de la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía invocada por el recurrente (CSJN 303:397)…”, Fallo C.N.E. 1794/94.

Ello así, por cuanto la declaración de inconstitucionalidad, constituye una opción de “última ratio” de carácter extremo, que debe ser utilizada con criterio estricto, en virtud de la debida consideración que se debe a una Ley sancionada por el órgano legislativo nacional que se encuentra facultado constitucionalmente a tal fin y que ostenta una presunción de legitimidad que no puede ceder sin un análisis exhaustivo de las causales que motivan su pretensa invalidación.

En cuanto a la verificación de existencia de caso concreto, nos recuerda la Jurisprudencia de la Excma. Cámara Nacional Electoral:

“…dicho control se halla supeditado a la existencia de ‘un perjuicio concreto al derecho que asiste a quien legítimamente lo invoca’ de modo de dar lugar a una causa judicial (cf. Fallos 322:528). Precisándose aun más esta cuestión, se explicó que resulta condición para el examen judicial de constitucionalidad, que él ocurra como aspecto de un litigio común y como medida tendiente a superar el obstáculo que deriva de las leyes o actos impugnados para el reconocimiento del derecho invocado por el litigante (cf. Fallos 313:594).” (Fallo CNE N° 3451/2005).

Las distintas argumentaciones efectuadas en la demanda, son: a) Ausencia de Representación de los Jueces, Académicos y Abogados; b) Alteración del Equilibrio; c) Elección mediante voto popular y d) Afectación a la independencia de los jueces y abogados y del Poder Judicial.

Ello, en relación al artículo 114 de la Constitución Nacional, que establece: “El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.”.

  1. a) La Representación: En primer lugar, corresponde analizar el instituto de la representación establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional, su naturaleza, alcances y objetivos, en consideración a la composición estamentaria que la norma constitucional le asigna a al Consejo de la Magistratura.

La representación, constituye aquella herramienta jurídica que prevé la posibilidad de que un acto jurídico sea realizado por una

persona determinada, quien lo realiza en nombre de otra persona o representado que le ha conferido determinada facultad.

Esta condición de relación horizontal, establece un vínculo entre quien otorga la representación y el representante, siendo el origen de la misma, el acto discrecional de la persona que decide otorgar un mandato, y selecciona voluntariamente a otra persona quien lo va a representar.

Es decir, y vale la pena precisarlo aunque parezca una obviedad, que la persona que va a otorgar esa representación, es la que decide y elige quien lo va a representar.

De la misma manera sucede, cuando una persona otorga un mandato o poder a otra para actuar en su nombre y de una determinada manera.

Expresado de una manera gráfica, podríamos decir que el acto de representación, se configura cuando una persona “A” otorga mandato a otra persona “B” para que lo represente o actúe en su nombre.

Ahora bien, ingresando al concreto caso de autos, es posible advertir en la redacción de la Ley 26.855, la conformación de un novedoso y extraño esquema de representación triangular, que incorpora un nuevo protagonista -totalmente ajeno a la relación natural de la representación-, de modo tal que “C” (conjunto de electores), elije a “B” (juez y/o abogado y/o académico) para que represente a “A” (conjunto de Jueces y/o abogados y/o académicos).

Esta desnaturalización del instituto, provoca una severa colisión con la norma constitucional del artículo 114, que refiere claramente a la representación de los jueces y abogados, al perderse la condición vinculante que debe existir entre representante y representado, por no existir relación directa entre quien eligió al representante (ciudadanos electores) y los representados (ciudadanos jueces y/o abogados y/o académicos).

Sobre esta cuestión, resulta esclarecedor y no deja lugar a dudas, el debate producido en la reunión de la Convención Nacional Constituyente, Reunión de la Comisión de Coincidencias Básicas, 11/7/1994, en donde se expresó:

“…En cuanto al segundo punto, que refiere al nombramiento de los jueces…

Sr. PRESIDENTE.- El señor convencional Paixão le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. ZAFFARONI. –Sí, señor Presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Para una interrupción tiene la palabra el señor convencional Paixão.

Sr. PAIXÃO.- Advierto dos preocupaciones en la exposición del señor Zaffaroni, una por la distribución de los diversos grupos aquí mencionados, más allá de que uno de ellos no parece resultar satisfactorio, y otra en orden a los nombramientos de los representantes del Consejo de la Magistratura. Mi pregunta apunta a este segundo punto porque donde dice “representantes de los jueces” no parece fácil interpretar que sea otra cosa que la persona elegida por los propios jueces. Me gustaría escuchar una reflexión sobre el tema por parte del convencional en uso de la palabra a los efectos de aclararlo porque me parece está implicada en el Consejo de representantes la elección de los jueces entre los jueces; y algo análogo respecto de los abogados, la elección de los abogados entre los abogados.

Sr. ZAFFARONI.- Sí, correcto, en eso estamos de acuerdo, pero habría que establecerlo porque en cuanto a los representantes de los jueces podría decirse el día de mañana lo siguiente “… tres representantes de la Corte Suprema, tres de los camaristas, tres de la Primera Instancia…” y se recorportativiza la cosa sobre todos los representantes de todas las instancias.

Sr. PAIXÃO.- Simplemente quiero señalar que a mi juicio una regla como esa estaría desinterpretando la cláusula aquí interpretada.

Sr. AUYERO.- El señor convencional Paixão ha hecho una apreciación que encuentra, de alguna manera, coincidencias con expresiones anteriormente vertidas. Nos interesa saber si la opinión del convencional Paixão es la opinión de los autores del Pacto o núcleo, porque esto, aun dicho en comisión serviría el día de mañana para una interpretación auténtica de su espíritu.

Sr. PAIXÃO.- Esta fue la interpretación con que fue insertado en el proyecto que ahora estamos considerando y si vamos más atrás, si vamos al Pacto que dio motivo a la ley, en ese texto también fue empleado con este espíritu. Puedo hacer un relato histórico con las interpretaciones de terceros. La historia es esta (…)

Sr. ARIAS.- Recogiendo las manifestaciones del doctor Paixão, yo iba a proponer incluir “elegido por voto directo” a continuación de la mención de los jueces de todas las instancias.

Sr. ZAFFARONI.- Mi observación atiende, señor Presidente, a subrayar que dado todos los antecedentes de que disponemos y dado lo delicado de la materia, entiendo, que tenemos que ser más cuidadosos en poner todas las características de precisión. Obviamente que entiendo que el espíritu que habla de representantes de los jueces tiene que ser horizontalizador, pero todos los antecedentes nos señala que se han desvirtuado por vía de interpretación”.

Idéntico análisis corresponde realizar respecto del sistema de selección de los representantes del ámbito académico y científico, debiendo destacarse que la Ley 24.937, preveía que los mismos fueran electos por el Consejo Interuniversitario Nacional, de entre los profesores titulares de cátedra de facultades de derecho nacionales y personas acreedoras de menciones especiales del ámbito científico.

Mediante la reforma propuesta en la Ley 26.855, se establece su selección mediante el voto popular.

Con la modificación cuestionada no solo se altera el principio de representación sino también se afecta el principio de razonabilidad, en clara contradicción al artículo 28 de la Constitución Nacional, que establece que los principios, garantías y derechos reconocidos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

Ello así, por cuanto la nueva norma no solo impide a los académicos y científicos elegir entre sus pares a quienes los van a representar, sino que también elimina cualquier sustento cualitativo que pudiera haber en el proceso de selección respecto a la calidad o excelencia educativa y profesional del candidato, reemplazándolo por un requisito tan amplio y generalizado en su enunciación (amplia y reconocida trayectoria), que resulta por un lado de imposible control para la mayoría de los electores y por otra parte de valoración subjetiva.

Sobre esta cuestión, se ha expresado: “…Para aproximarnos al sentido del ‘equilibrio’ y superar la ambigüedad del texto constitucional debemos asimismo entender que el equilibrio no depende solamente del número de representantes de cada sector, sino además, de quién es el designante de ellos. Si a las personas del ámbito científico y académico las nombrara el congreso o el poder ejecutivo, el equilibrio quedaría perturbado, cosa que no ocurriría si la designación proviniera de las universidades o de las academias nacionales…”, Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Ed. Ediar, 1997.

  1. b) El Equilibrio: Corresponde analizar aquí, si se encuentra configurada la condición de equilibrio establecida en el artículo 114 de la Constitución Nacional.

De la lectura de la norma citada, se desprende claramente que la intención del Constituyente ha sido la de establecer una situación de armonía funcional entre los distintos estamentos que componen el Consejo de la Magistratura de la Nación, para lograr una relación compensada entre sus integrantes.

Ello encuentra razonable justificación, en atención a la complejidad y relevancia de las atribuciones que les son propias, entre ellas seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores, emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia, ejercer facultades disciplinarias sobre

magistrados, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y en su caso ordenar la suspensión.

Si se admitiera el predominio de un determinado sector, por el modo de elección previsto, sin la existencia de la necesaria capacidad de control de los otros estamentos, ante cada decisión a adoptar, el Consejo podría sufrir influencias indeseables (políticas, sectoriales, económicas), que desnaturalizarían al instituto.

Jueces, Abogados, Académicos, Legisladores y Funcionarios del Poder Ejecutivo, tienen características tan disímiles en cuanto al ámbito de su actuación, y provienen de un origen tan diferenciado cada uno de ellos en cuanto a su formación y funciones, que resulta necesario su nivelación cuantitativa a fin de permitir un funcionamiento armónico que cumpla con el requisito de equilibrio establecido en la Carta Magna, para así poder realizar eficazmente el rol que le ha otorgado la Ley Suprema.

Esta condición de equilibrio, debe asimilarse a la que surge del sistema republicano de gobierno, siendo uno de sus pilares fundamentales la división de poderes en el Estado, de la cual emerge el trípode fundamental “Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial”, en el que se sustentan las democracias de las naciones civilizadas.

Esta separación de atribuciones, funciona como un sistema de contrapesos con el objeto de evitar que alguno de los poderes tenga preponderancia por sobre los otros. En esa compleja interrelación, se dividen las funciones del Estado y los Poderes se controlan entre sí, en lo que constituye la esencia de la República, a fin de evitar que alguno de ellos avance sobre las libertades individuales del ciudadano.

El texto del artículo 114 de la Constitución Nacional, exige la existencia de equilibro entre la representación de órganos políticos, de los jueces y abogados. Asimismo prevé, como otro protagonista de la interrelación, la incorporación de personas del ámbito académico.

El número de integrantes asignado a este último grupo (seis), desnaturaliza la proporcionalidad establecida en la constitución nacional, otorgando preponderancia a un estamento determinado frente a los demás.

No obsta a ello, la circunstancia de que la incorporación de los académicos se encuentre en el artículo citado en el mismo párrafo pero en una oración separada a la que menciona la palabra equilibrio, toda vez que la norma analizada indica claramente que el estamento académicos integrará el Consejo, de lo cual se desprende que se encuentra también comprendido en la condición de equilibrio ya citada.

Si sumamos a ello, la circunstancia de que los intergrantes de dicho estamento pasarán a ser elegidos mediante el voto popular, en listas de candidatos propuestas por los partidos políticos, la desnaturalización del cuerpo se acentúa no sólo por la variación del número de miembros de uno de sus estamentos integrantes, sino por el origen político partidario de los mismos.

Como señala Humberto Quiroga Lavié, en su obra Constitución de la Nación Argentina Comentada, Ed. Zavalía, 1996, “…Si lo que busca la Constitución es el equilibrio en el funcionamiento del Consejo, no puede ser que ello se rompa a partir de una integración desigualitaria del sector científico y académico. Es cierto que todo esto quedará a criterio político del Congreso. Pero lo que no puede quedar a criterio político del Congreso es potenciar a uno de los tres primeros sectores en desmedro de los demás. Si la idea es potenciar al sector político sobre los jueces y los abogados, ello será inconstitucional. Si la idea es que los magistrados y los abogados formen un solo sector para confrontar con los políticos, ello también es contrario a la directiva de la Constitución…”.

  1. c) La Elección Popular y Partidaria: No se han encontrado a nivel local ni a nivel latinoamericano, antecedentes respecto de la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura a través del voto popular.

Menos aún, que dicha elección popular para elegir a las personas encargadas de integrar los Consejos en representación de los

Jueces, sean realizadas a través de listas de candidatos propuestas por los partidos políticos.

De los países de la región, tienen Consejo de la Magistratura: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Sólo a título ilustrativo, corresponde destacar que en Brasil, los miembros del Consejo de la Magistratura son seleccionados por el Tribunal Superior de Justicia.

En Colombia, donde el Consejo se encuentra dividido en dos salas, a los miembros de la primer sala los eligen la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. A los miembros de la segunda sala, los eligen el Congreso Nacional, de entre ternas enviadas por el Poder Ejecutivo.

En El Salvador, son elegidos por la Asamblea Legislativa, por mayoría calificada, de ternas presentadas por los entes representados.

En Paraguay, lo integran el Presidente de la Corte Suprema, un representante del Poder Ejecutivo, un Senador, un Diputado, dos abogados, un profesor de Derecho de la Universidad Nacional y un Profesor de Derecho de las universidades privadas. En Perú, lo integran un representante de la Corte Suprema, un representante del Ministerio Público, un abogado, un profesor de Derecho de la universidad nacional, un profesor de derecho de las universidades privadas y 2 representantes de otras asociaciones profesionales.

También, son escasos los antecedentes mundiales en lo que hace a elección popular de Jueces.

Si bien la elección de los magistrados por intermedio del voto popular no es una cuestión que se analice en las presentes actuaciones, resulta interesante su consideración por analogía, y por ser tanto la Judicatura como el Consejo de la Magistratura, partes integrantes del Poder Judicial. Recuérdese que el artículo 1º de la Ley 24.937, establece que “El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación”, premisa ratificada en la redacción del art. 1de la Ley 26.855.

Así, observamos que en la mayoría de los casos en donde se elijen a los jueces por este procedimiento, el comicio se realiza para seleccionar magistrados que no pertenecen a la órbita de la Justicia Federal, utilizándose esta opción para el caso de jueces locales o provinciales donde la selección se realiza en comicios sin intervención de los partidos políticos.

La excepción más conocida, la constituye Suiza, en donde en algunos estados se realiza la selección de jueces de forma directa, y solamente a nivel cantonal.

Más cerca de nuestro territorio, recientemente la República de Bolivia a raíz de la reforma constitucional realizada en el año 2009, ha implementado por primera vez en el año 2011 este tipo de selección, en donde se instituyó la elección popular de jueces, pero utilizando un mecanismo que exige que los candidatos deben ser previamente aprobados por la Asamblea Legislativa Nacional.

Este antecedente es tan reciente, que resulta imposible su evaluación.

Si bien la escasez de antecedentes en el derecho comparado no implica en sí misma la inconstitucionalidad de la norma, nos indica claramente que la amplia mayoría de las Naciones ha optado, con la sabiduría que otorgan varios siglos de desarrollo institucional, por separar el proceso de selección de Magistrados de las contingencias de la vida política, a fin de que los Jueces no queden involucrados en las disputas que provocan los intereses de determinados sectores políticos.

Por eso, la mayoría de las Naciones han derivado por carriles diferentes los avatares del proceso de selección de Magistrados y de las candidaturas políticas.

En ese mismo orden de ideas, observamos que el Estatuto Universal del Juez (Aprobado por la Asociación Internacional de Jueces), establece en su artículo 2º: “La independencia del juez debe estar garantizada por una ley específica, que le asegure una independencia

real y efectiva con respecto a los demás poderes del Estado. El juez, como depositario de la autoridad judicial, deberá poder ejercer sus funciones con total independencia respecto a todas las fuerzas sociales, económicas y políticas, e independientemente de los demás jueces y de la administración de justicia.”.

Conteste con ello, el Estatuto del Juez Iberoamericano, expresa: “Los otros poderes del estado, y en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respectar y hacer efectiva la independencia de la judicatura”.

Obligar la vinculación de los estamentos que no corresponden a los órganos políticos con las agrupaciones partidarias, implica someterlos a la influencia de los intereses políticos circunstanciales de los partidos que los postulan.

Sirve citar como ejemplo, la expresa disposición establecida en la Constitución de la República de España, que en su artículo 127, manda: “1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. 2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.”

Como sostiene la doctrina, “La más llamativa particularidad de la justicia española radica en la severa regla de incompatibilidad respecto de las normas jurídicas comprendidas en la Constitución. (…) La mayoría de los estados hace esfuerzos para asegurar el nombramiento de jueces frente a la influencia política partidaria. (Italia, España)”, Fuente: Axel Tschentscher, Las Razones de la Producción del Derecho. Departamento de Publicaciones – Facultad de Derecho – UBA.

“Por ello resulta necesario desvincular de los partidos políticos a los candidatos a jueces pues de lo contrario estos últimos perderían la ansiada imparcialidad e independencia respecto de aquellos a quienes deben limitar y controlar. El sistema de elecciones judiciales “no partidarias” se impone en los EEUU (…) estando prohibido el apoyo de los partidos políticos a candidatura judicial alguna.”, Elección de los Jueces de la Corte Suprema por el voto directo del pueblo (Mediante Elecciones no partidarias), Ignacio Posse Molina, publicado en LA LEY tomo 2003-C-pág. 1376 de Argentina y en LA LEY–Revista Jurídica Paraguaya– de Agosto de 2003, año 26, Nº 7, pág. 825-doctrina extranjera).

Resulta oportuno recordar aquí, lo expresado por el Convencional Constituyente Dr. César Arias, en Reunión de la Comisión de Coincidencias Básicas, el 11/7/1994, compilado en Obra de la Convención Nacional Constituyente, 1994, cuando sostuvo: “Si por el contrario nos manejamos a través de los partidos políticos con representación en el Parlamento surge el tema de la distribución de los cupos, es decir, el manejo del Poder Judicial como instrumento de reparto y compensaciones entre los partidos dominantes”.

Refiere la doctrina: “Estamos pues ante un equilibrio institucional para el mejor funcionamiento del poder judicial (…) ese mismo equilibrio impide que por el número y/o el modo de designación de las representaciones políticas la integración y el ejercicio de las competencias del consejo queden a merced del predominio del ejecutivo, del congreso, o de los partidos políticos…”, Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Ed. Ediar, 1997.

Debe considerarse además que al haberse igualado el procedimiento de selección de todos los miembros del Consejo de la Magistratura, independientemente del estamento al que correspondan, sometiéndolo a un mismo proceso electoral en simultáneo con otras categorías de cargos que se seleccionan mediante el voto popular, se desvirtúa también la diferenciación que hace a la representación de cada uno de los estamentos establecida en el artículo 114 de la Constitución Nacional, en cuanto adjudica el origen en la elección popular, solo a los representantes de los órganos políticos.

De la manera propuesta, se eliminan los procedimientos específicos que debe tener el proceso de selección de cada estamento, prescindiendo de la particularidad propia que tiene dicho método en cada uno de ellos, unificando todas las categorías en una misma boleta, todos los actos electorales en una misma oportunidad, y la selección de todos los integrantes efectuada entre el mismo cuerpo de electores, subsistiendo únicamente como rasgo distintivo, los requisitos formales para postularse en cada categoría, lo que altera la condición de equilibrio establecida en la norma constitucional, ya que la sola diferenciación de estos requisitos formales, no determina representación alguna a un estamento.

En el marco propuesto por la norma cuestionada, no puede establecerse que cada candidato represente al estamento al que pertenece, ya que su mandato no se originará en la votación de sus pares -que constituye la auténtica representación-, ni en su calidad de representantes de los jueces o abogados, sino en la preselección de los partidos políticos que los postulan y en el voto del electorado nacional en su conjunto.

De esta manera, se transformarán en candidatos electos por la voluntad popular (no por el conjunto de jueces y abogados a los que deben representar) y en candidatos de los partidos políticos, al haber quedado descartada la participación directa de los representados.

  1. d) La Independencia:

Hemos analizado hasta aquí, la concurrencia de los tres factores que hacen a la esencia de la cuestión constitucional planteada en las presentes actuaciones: representación, equilibrio y elección Popular.

Del análisis efectuado precedentemente, surge manifiesto que la Ley 26.855, ha desarticulado la estructura medular que sostiene el esquema diseñado en el artículo 114 de la Constitución Nacional, afectando y comprometiendo seriamente el principio de independencia que debe regir la actuación del Poder Judicial y de sus integrantes.

En el sistema Republicano de Gobierno, el Poder Judicial resulta ser el último recurso de los ciudadanos frente a un eventual avance del estado en la restricción de derechos individuales.

El Poder Judicial, amén de dirimir conflictos, debe proteger a los ciudadanos de las posibles arbitrariedades del poder.

El requisito de la independencia, requiere así, que los tribunales sean autónomos de otras ramas del gobierno y que estén libres de influencias, amenazas o interferencias de cualquier origen, sector o razón.

Más aún, de los propios poderes del estado a los que debe limitar y controlar.

El mismo artículo 114 de la Constitución Nacional, establece como atribución del Consejo de la Magistratura, la de dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces.

Por ello, el solo hecho de pensar en Jueces cuyos nombres figuren en boletas electorales encabezadas con el nombre de un partido político, le quita a esos Magistrados todo atisbo de independencia o imparcialidad, permitiendo abrigar fundadas sospechas en relación a su futura actuación en los posibles casos en que esa entidad política o sus integrantes pudieran tener intereses.

Sumado a ello, e imaginando una hipótesis posible, si la entidad política que lo postuló se encuentra en el ejercicio del Poder Ejecutivo y tiene mayoría en el Congreso de la Nación; y más aún, si además ese grupo político tiene también mayoría en el Consejo de la Magistratura, se verificaría la existencia de una acumulación de poder tal, que le permitiría sin mayor dificultad, articular los mecanismos necesarios para ejercer facultades disciplinarias o decidir la apertura del procedimiento de remoción de ese magistrado, cuando el mismo dictara sentencias desfavorables a los intereses partidarios que lo postularon.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 26.571, en el procedimiento de selección de candidatos establecido para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, todo el proceso de postulación de precandidatos se efectúa ante las Juntas Electorales de los partidos políticos, lo cual producirá el poco deseable efecto de obligar a los candidatos jueces a deambular por las sedes partidarias a efectos de

controlar todas las circunstancias relacionadas con sus candidaturas, y luego a ser protagonistas de campañas electorales y participar en actividades proselitistas, lo que resulta totalmente incompatible con la necesaria independencia política que debe demostrar todo Magistrado.

Amén de ello, se advierte que en todo ese proceso electoral de selección de representantes de los jueces, controlado por las Juntas Electorales partidarias, el cuerpo de electores de Jueces no tiene ninguna participación.

De esta manera, los Magistrados, podrían encontrarse comprometidos con los intereses políticos que apoyaron su candidatura, situación que a efectos de ser evitada, ha sido contemplada en la Ley 23.298, Orgánica de los Partidos Políticos, que prevé en su artículo 24: “No pueden ser afiliados (…) d) Los magistrados del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales.”.

Y el artículo 33 de la norma citada, dispone: “ No podrán ser candidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni designados para ejercer cargos partidarios: (…) d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tribunales de faltas municipales…”.

En la misma inteligencia, el decreto 1285/58, establece: “Es incompatible la magistratura judicial con la actividad política”, y el Reglamento para la Justicia Nacional, dispone en su art. 8: Los magistrados, funcionarios y empleados deberán observar una conducta irreprochable. Especialmente están obligados a: … e) No podrán estar afiliados a partidos o agrupaciones políticas, ni actuar en política…”.

Se evidencia allí que tanto las normas electorales específicas que regulan la materia, como la reglamentación que organiza el funcionamiento del Poder Judicial, han tenido como objetivo común desde antigua data, el de velar por la independencia de los jueces, procurando evitar su participación en la política partidaria.

En relación a la cuestión planteada por el Sr. Representante del Estado Nacional, en cuanto explica que la reforma introducida por la Ley 26.855 intenta evitar la corporativización del poder judicial, cabe destacar que no se ha podido explicar en que consiste ese fenómeno, que efectos produciría y como afectaría la independencia de los jueces, no mencionándose ni siquiera un caso concreto que pueda ser prueba de la existencia de dicho extremo.

La mejor salvaguarda que tiene una nación para asegurar un poder judicial independiente, y la única forma de mejorar la administración de justicia, es la selección de cada vez mejores jueces.

Y decir mejores jueces es decir jueces más morales, jueces más honestos, jueces más formados, jueces más comprometidos en la defensa de los derechos humanos y menos comprometidos con los intereses partidarios, particulares o sectoriales. En definitiva, jueces más justos.

El ejercicio de la Magistratura resulta un honor que debe ser ejercido con la más alta responsabilidad que la envergadura de la función implica, y obliga a desempeñarse sin perder de vista en ningún momento, que su principal fuente de inspiración la constituye el deber de respeto y fidelidad a la Constitución Nacional, sobre la cual se ha prestado juramento al asumir la función.

Por eso, y en consideración al mayoritario número de magistrados que realizan su labor con el decoro y la dignidad propia de su cargo, no resulta admisible generar dudas respecto al funcionamiento de uno de los Poderes del Estado esparciendo un manto de sospecha generalizado sobre su actuación, debiendo articularse en cada caso en particular, los mecanismos disciplinarios que correspondan.

Asimismo, y sobre la Independencia del Poder Judicial, se han expresado reiteradamente los organismos internacionales.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que cuando se examina la independencia de un Tribunal debe tenerse en cuenta, inter alia, la forma de designación de sus integrantes y su mandato, la existencia de salvaguardias contra presiones externas y la cuestión de si tiene apariencia de independiente.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Resolución N° 2003/43, sobre “La independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y asesores y la independencia de los abogados”, se expresó: “Convencida de que la existencia de un poder judicial independiente e imparcial y la independencia de los abogados es condición previa y esencial para proteger los derechos humanos y garantizar que no haya discriminación en la administración de justicia. (…) Reconociendo la importancia del papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales, los colegios de abogados y las asociaciones profesionales de jueces en la defensa de los principios de la independencia de los abogados y magistrados”

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Quincuagésimo periodo de sesiones, resolución A/RES/50/181, se expresó “.Reconociendo que el imperio del derecho y la adecuada administración de justicia son elementos importantes para un desarrollo económico y social sostenible y cumplen un papel central en la promoción y protección de los derechos humanos (…) que a administración de justicia, incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del enjuiciamiento y, en particular, un poder judicial y un colegio de abogados independientes, en plena conformidad con las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, son esenciales para la plena realización de los derechos humanos sin discriminación alguna y resultan indispensables para los procesos de democratización y el desarrollo sostenible”.

La Comisión Internacional de Juristas, en su obra “Principios Internacionales sobre la Independencia y Responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales, señaló: “La existencia de Tribunales independientes e imparciales constituye el núcleo central de un sistema judicial garante de los derechos humanos en plena conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. La constitución, las leyes y las políticas de un país deben asegurar que el sistema judicial sea verdaderamente independiente de los demás poderes del estado (…)”.

El comité de Derechos Humanos adoptó en repetidas ocasiones la opinión de que el derecho a un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no admite excepciones (comité de Derechos Humanos, Dictamen del 28 de Octubre de 1992 – Comunicación 263/1987). (…).

Un estado violaría sus obligaciones internacionales si el poder judicial no fuera un poder independiente. Por consiguiente, en este contexto, la independencia se refiere tanto a un juez individual como al poder judicial en su conjunto (…) Los principios fundamentales de la independencia y la imparcialidad de la justicia … son principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas en el sentido del inciso c) del párrafo 1 del Artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia… …La independencia institucional está relacionada con varios temas. En esta materia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que …el requisito de independencia … requiere que los tribunales sean autónomos de otras ramas de gobierno, estén libres de influencias, amenazas o interferencias de cualquier origen o por cualquier razón … El Comité de Derechos humanos ha examinado una serie de condiciones que se requieren para garantizar la independencia institucional. Por ejemplo, señaló que los atrasos en el pago de salarios y la falta de una adecuada seguridad de la permanencia en el cargo de los jueces, tienen un efecto adverso en la independencia del sistema judicial. El Comité ha considerado, que la falta de un mecanismo independiente encargado del nombramiento y la disciplina de los jueces, limita la independencia del poder judicial (Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos, Documento de la ONU CCPR/C/79/add.118, parr. 14.

Recordando las importantes funciones que corresponden al Consejo de la Magistratura de la Nación, y resaltando que las mismas resultan de la mayor relevancia institucional, cabe imaginar que si se estableciera la selección de sus miembros a través de listas de candidatos propuestas por los partidos políticos, no sería descabellado pensar que

ese cuerpo se transformará en un órgano politizado por las influencias partidarias, con la falta de independencia y el descrédito ante la sociedad que ello implica, generando un gravísimo perjuicio a los ciudadanos que ven a la Justicia, -Justicia independiente e imparcial-, como su último recurso frente a los abusos de poder.

“El Consejo exige independencia, y no la tendría si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el poder judicial a los poderes políticos”, Germán Bidart Campos, op. Cit.

“cuando la Constitución y una ley del Congreso están en conflicto, la Constitución debe regir el caso a que ambas se refieren’ (Fallos: 32:120). Tal atribución encontró fundamento en un principio fundacional del orden constitucional argentino que consiste en reconocer la supremacía de la Constitución Nacional (artículo 31), pues como expresaba Sánchez Viamonte ‘no existe ningún argumento válido para que un juez deje de aplicar en primer término la Constitución Nacional’ (Juicio de amparo, en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XVII, pág. 197, citado en Fallos: 321:3620). (C.S.J.N. R.401 XLIII. “Rodriguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”, 27 de noviembre de 2012).

Del análisis efectuado precedentemente, se advierte que la norma sancionada por el Congreso de la Nación (ley 26.855 en sus artículos 2, 4, 18 y 30) y la disposición dictada por el Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 577/2013), en lo que a la forma de selección de los candidatos a integrar el Consejo de la Magistratura se refiere, no han podido captar ni el espíritu que emana del artículo 114 de la Constitución Nacional, surgido de la Convención Nacional Constituyente del año 1994, ni han podido efectuar una interpretación literal de su texto ni de su naturaleza jurídica.

En virtud de ello, se verifica en legislación examinada, la existencia de una colisión efectiva con la Carta Magna, al verse alterada de manera sustancial la conformación de un cuerpo esencial para el funcionamiento de uno de los tres poderes del estado, que fue concebido y vio su génesis como factor determinante en la defensa de los principios de independencia e imparcialidad de la Magistratura.

Las normas que han sido materia de análisis, resultan violatoria del principio de división de poderes por afectar, tanto la independencia e imparcialidad de los miembros del Consejo de la Magistratura que fueran electos bajo su imperio, como así también el equilibro que debe regir el funcionamiento de dicho cuerpo, lo que las transforma en normas contrarias a la forma republicana de gobierno adoptada en el art. 1 de la Constitución Nacional, y al deber de ‘afianzar la justicia’ que nos legaran los constituyentes de 1853 en el preámbulo de la Ley Suprema.

Por ello, y en el marco de inconstitucionalidad señalado precedentemente, resulta inviable la realización de los comicios previstos y convocados por la normativa en cuestión, por lo que resulta inoficioso pronunciarse sobre la cuestión relativa a la adhesión de boletas electorales.

Por otra parte y encontrándose las presentes actuaciones en condiciones de resolverse respecto del fondo de la cuestión planteada, este Tribunal no habrá de expedirse respecto de la medida cautelar solicitada.

Por todo lo expuesto, es que corresponde y así RESUELVO: I) DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 2, 4, 18 Y 30 DE LA LEY 26.855.

  1. II) DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Nº 577/2013.

III) EN CONSECUENCIA, HACER SABER QUE QUEDA SIN EFECTO JURÍDICO LA CONVOCATORIA ELECTORAL PREVISTA PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EN EL ARTÍCULO 30

DE LA LEY 26.855 Y LA FORMULADA EN EL DECRETO P.E.N. Nº 577/2013.

  1. IV) NOTIFÍQUESE A LAS PARTES Y AL SR. FISCAL.
  2. V) PÓNGASE EN CONOCIMIENTO DE LA EXCMA. CÁMARA NACIONAL ELECTORAL, Y DE LOS SRES. JUECES FEDERALES CON COMPETENCIA ELECTORAL EN LOS RESTANTES DISTRITOS ELECTORALES DEL PAÍS Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS RECONOCIDOS EN EL ORDEN NACIONAL.

Fdo. Maria Servini de Cubria

Juez Federal

Ante mí:Martin Rosendo Segui

Secretario Electoral

Se libraron cédulas.

Se libró oficio a la CNE.

Se libraron oficios a los distritos. Conste.

Se notificó el Sr. Fiscal. Conste.

 

——————————————————————-

 

El dictamen previo de la Procuradora General ante la Corte puede leerse aquí.

 

——————————————————————-

 

Vamos al fallo de la Corte:

Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar {Expte. N° 3034/13).

Buenos Aires

Vistos los autos: “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13}”.

Considerando:

I°) Que contra la sentencia del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2°, 4°, 18 y 30 de la ley 26.855 y del decreto del Poder Ejecutivo n° 577/2013 y dejó sin efecto jurídico la convocatoria electoral prevista para la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, el Estado Nacional dedujo recurso extraordinario por salto de instancia -en los términos del articulo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- que fue declarado admisible por este Tribunal.

2°) Que el recurrente considera infundada y arbitraria la admisión de la acción de amparo por no advertirse la presencia de caso; entiende que el actor carece de legitimación por no haber acreditado un perjuicio concreto y actual y se agravia de la interpretación que la jueza efectuó respecto de conceptos vinculados con la composición y el modo de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura, tales como representación, equilibrio, elección popular y partidaria, e independencia judicial.

3°) Que el amparo es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vias legales aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales. En el sub examine se encuentran reunidos los recaudos que determinan su admisibilidad porque, ante la inminencia del vencimiento de los plazos establecidos en el calendario electoral, las vias procesales ordinarias resultan ineficaces para remediar en forma oportuna la afectación de los derechos invocados por el actor.

En consecuencia, corresponde desestimar el agravio referido a la improcedencia del remedio procesal elegido por el actor.

4°) Que tampoco corresponde hacer lugar a los agravios vinculados con la falta de legitimación activa. En efecto, esta Corte ha sostenido que el Poder Judicial de la Nación solo interviene en el conocimiento y decisión de “causas” (articulo 116 de la Constitución Nacional) y que la legitimación procesal constituye un presupuesto necesario para que exista causa o controversia (Fallos: 326:2998 y 3007, entre otros).

En este sentido, el actor invoca el carácter de apoderado de una agrupación integrada por abogados de la matricula federal que participa en los procesos de elección de los representantes de ese estamento técnico en el Consejo de la Magistratura. Señala que las disposiciones de la ley 26.855, además de establecer un sistema de selección de representantes que no respeta lo establecido en el articulo 114 de la Constitución Nacional, impone requisitos para la participación en los comicios a celebrarse que proscriben a la agrupación.

De manera que se encuentra acreditada la existencia de un interés “concreto”, “directo” e “inmediato” de su parte en obtener la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones.

5°) Que habida cuenta de la naturaleza federal de las normas en cuestión y de la trascendencia del caso a resolver esta Corte Suprema no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaración sobre los puntos disputados, lo que implicará examinar temas que se encuentran inescindiblemente vinculados a ellas (Fallos: 330:3836, 3471, 2180; 329:4206).

6°) Que en primer término es necesario recordar que de acuerdo a la forma republicana y representativa de gobierno que establece nuestra Constitución (artículos Io y 22), el poder se divide en tres departamentos con diferentes funciones y formas de elección pero cuya legitimidad democrática es idéntica.

La actuación de los tres poderes del Estado Nacional encuentra como límite el respeto al proyecto de república democrática que establece la Constitución Federal (artículos 1°, 31 y 36). Los mandatos de su texto han sido establecidos por el poder constituyente del pueblo, y por esa razón condicionan la actividad de los poderes constituidos. El obrar del Estado debe entonces estar dirigido al más amplio acatamiento de los principios, declaraciones, derechos y garantías reconocidos en el pacto fundacional de los argentinos.

7°) Que asimismo cabe señalar que es principio de nuestro ordenamiento constitucional que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan sido conferidas expresamente (Fallos: 137:47, entre otros). La regla según la cual es inválido privar a alguien de lo que la ley no prohibe, ha sido consagrada en beneficio de los particulares (artículo 19 de la Constitución Nacional), no de los poderes públicos. Éstos, para actuar legítimamente, requieren de una norma de habilitación (Fallos: 32:120, entre otros).

8°) Que sobre esas bases, y con sustento en las previsiones constitucionales que establecen la supremacía de la Constitución Nacional y la función que le corresponde a los jueces (artículos 31, 116 y 117), desde 1888 hasta la actualidad se ha sostenido “…que es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos” (Fallos : 33 :162).

9°) Que para defender esta supremacía, el Tribunal ha declarado a lo largo de su historia -y más allá de los votos individuales de sus miembros-, la inconstitucionalidad de normas que, aun cuando provenían del órgano legislativo que representa la voluntad popular, resultaban contrarias a la Constitución Nacional o tratados internacionales y afectaban derechos de las persona

Solo a modo de ejemplo, puede mencionarse que la Corte Suprema estableció la inconstitucionalidad de: las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final que impedían juzgar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (“Simón”, Fallos: 328:2056); la ley de Matrimonio Civil que, al impedir a las personas divorciadas volver a casarse, limitaba la autonomía individual (“Sejean”, Fallos: 308:2268); las normas del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto desconocían las facultades acusatorias y la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal (“Quiroga”, Fa-líos: 327:5863); la ley penal que, al castigar la tenencia de estupefacientes para consumo personal, no respetaba la autonomía personal (“Bazterrica” y “Arrióla”, Fallos: 308:1392 y 332: 1963); la ley que, al permitir sin fundamento suficiente la interceptación de comunicaciones personales y la acumulación de datos personales, avasallaba el derecho a la intimidad (“Halaba.”, Fallos: 332:111); la Ley de Contrato de Trabajo que desconocía el derecho del trabajador a la protección integral en la medida que fijaba un tope a la indemnización por despido- (“Víz-zoti”, Fallos: 327:3677) y negaba naturaleza salarial a los vales alimentarios (“Pérez”, Fallos: 332:2043); la ley de Riesgos del Trabajo que impedía al trabajador que había sufrido un accidente laboral acceder a una plena reparación (“Aquino”, Fallos: 327:3753) en forma inmediata y no sujeta a un sistema de renta periódica (“Milone”, Fallos: 327:4607); la ley de Asociaciones Sindicales en cuanto confería tutela gremial solo a representantes o autoridades de sindicatos que contaran con personería gremial (“Rossi”, Fallos: 332:2715) y dispensaba privilegios a ciertos sindicatos en detrimento de los simplemente inscriptos (“Asociación de Trabajadores del Estado”, Fallos: 331:2499). También invalidó la ley previsional que frustraba el acceso a la justicia de los jubilados al prolongar innecesariamente el reconocimiento judicial de sus derechos de naturaleza alimentaria (“Itzcovich”, Fallos: 328:566) y desvirtuaba el mandato de movilidad jubilatoria del artículo 14 bis de la Constitución Nacional (“Badaro”, Fallos: 330:4866).

10) Que este reconocimiento de derechos ha sido posible porque nuestra Constitución busca equilibrar el poder para limitarlo.

La soberanía popular es un principio de raigambre constitucional que en el sistema democrático se integra con el reconocimiento del pueblo como último titular del poder político, pero al mismo tiempo, y para cumplir con tal objetivo, pone su acento en los procedimientos habilitados para hacer explícita aquella voluntad, origen del principio de representación. Por ello, el Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones maduras (Fallos: 328:175), y no es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional.

La doctrina de la omnipotencia legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de la mayoría del pueblo es insostenible dentro de un sistema de gobierno cuya esencia es la limitación de los poderes de los distintos órganos y la supremacía de la Constitución. Si el pueblo de la Nación quisiera dar al Congreso atribuciones más sxtsnsds cis lss ctug le hct otorgado o suprimir algunas de las limitaciones que le ha impuesto, lo haría en la única forma que él mismo ha establecido al sancionar el artículo 30 de la Constitución. Entretanto ni el Legislativo ni ningún departamento del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas expresamente o que deben considerarse conferidas por necesaria implicancia de aquéllas (Fallos: 137:47).

Es por ello que a ninguna autoridad republicana le es dado invocar origen o destino excepcionales para justificar el ejercicio de sus funciones más allá del poder que se le ha conferido, pues “toda disposición o reglamento emanado de cualquier departamento (…) que extralimite las facultades que le confiere la Constitución, o que esté en oposición con alguna de las disposiciones o reglas en ella establecidas, es completamente nulo” (Fallos: 155:290).

11) Que de lo hasta aquí expuesto se desprende que solo un punto de vista estrecho podría pasar por alto que el control de constitucionalidad procura la supremacía de la Constitución, no la del Poder Judicial o de la Corte Suprema (Fallos: 316:2940). Así lo entendió el constituyente de 1994 que en el artículo 43 del Texto Fundamental expresamente reconoció la facultad de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de las leyes para hacer efectivos los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.

12) Que en este sentido el ejercicio del control de constitucionalidad por parte de los jueces que han recibido del pueblo argentino -a través de los constituyentes- el legítimo mandato democrático de defender la supremacía de la Constitución Federal (artículos 31, 116 y 117), no los coloca por sobre los restantes poderes del Estado.

El cumplimiento de esta función no supone en modo alguno la admisión de declaraciones en abstracto, es decir,’fuera de un caso o contienda entre partes; tampoco permite que el Poder Judicial ingrese en el control de las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado al adoptar las decisiones que les son propias.

Por lo demás, este Tribunal también ha entendido, por aplicación del principio de división de poderes, que la interpretación de las leyes debe efectuarse sobre la base de que la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico; solo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (Fallos:”‘ 249:51; 288:325; 306:1597; 331:2068; 333:447}.

13) Que establecidas las bases normativas de máxima jerarquía que facultan a los jueces a declarar la inconstitucionalidad de toda ley o norma que se oponga a las cláusulas constitucionales, corresponde formular una importante aclaración.

Las decisiones de los poderes públicos, incluidas las del Poder Judicial, se encuentran sometidas y abiertas al debate público y democrático. Es necesario y saludable que exista ese debate. Pero ello no puede llevar a desconocer ni las premisas normativas sobre las que se asienta el control judicial de constitucionalidad, ni que este sistema está, en definitiva, destinado a funcionar como•una instancia de protección de los derechos fundamentales de las personas y de la forma republicana de gobierno. En este marco los jueces deben actuar en todo momento en forma independiente e imparcial, como custodios de estos derechos y principios a fin de no dejar desprotegidos a todos los habitantes de la Nación frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos.

14) Que corresponde entonces ingresar en el examen de la cuestión de fondo. El artículo 114 de la Constitución Nacional, segundo párrafo dispone que el Consejo de la Magistratura “será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley”.

15) Que con el fin de reglamentar este artículo el Congreso Nacional dictó la ley 26.855 según la cual el Consejo de la Magistratura quedará conformado por un (1) representante del Poder Ejecutivo Nacional, seis (6) legisladores, tres (3) jueces, tres (3) abogados y seis (6) representantes de los ámbitos académico y científico.

En lo que hace a la forma de selección de estos integrantes,- la norma prevé: a) que los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres (3) legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos (2) a la mayoría y uno (1) a la primera minoría; b) que el Poder Ejecutivo Nacional designará un representante; c) que los jueces, los representantes de los abogados y de los académicos y científicos serán elegidos por el Pueblo de la Nación por medio del sufragio universal, correspondiendo, respectivamente, dos (2) jueces, dos (2) abogados y cuatro (4) académicos o científicos a la lista ganadora por simple mayoría, y un (1) juez, un (1) abogado y dos (2) académicos o científicos a la que obtuviera el segundo lugar (artículo 2 de la ley).

Por último, en los artículos 4o, 18 y 30 de la ley 26.855 se fija el procedimiento de elección de representantes de jueces, abogados, científicos y académicos.

16) Que en primer lugar resulta necesario establecer los alcances del artículo 114 de la Constitución, para luego analizar si la ley cuestionada -en cuanto modifica la integración del Consejo de la Magistratura y establece la elección directa por sufragio universal de los representantes de jueces, abogados, académicos y científicos- es compatible con su texto.

A tal fin corresponde examinar el sentido literal del artículo 114, los objetivos que persigue la Carta Fundamental al incorporar a nuestro sistema el Consejo de la Magistratura, las expresiones del constituyente al dar origen al texto, y por último, el sentido que lógicamente debe deducirse del contexto constitucional en el que está inserto.

Esta Corte ha sostenido que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra (Fallos: 307:2153; 312:2078 y 314:458, entre muchos otros) pero a ello cabe agregar que su comprensión no se agota con la remisión a su texto, sino que debe indagarse, también, lo que ella dice jurídicamente, dando pleno efecto a la intención del legislador, y computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 334:13).

17) Que el método gramatical por el cual comienza toda tarea interpretativa obliga al juez a atenerse a las palabras del texto escrito, en la comprensión de que ninguna disposición de la Constitución ha de ser considerada superflua, sin sentido o inoperante. El juez debe entender asimismo las palabras de la Constitución en el significado en el que son utilizadas popularmente y explicarlas en su sentido llano, obvio y común (confr arg. Fallos: 262:60; 308:1745; 327:4241, entre otros).

18) Que de una lectura de la primera parte del do párrafo del artículo 114 de la Constitución resulta claro aue al Consejo de la Magistratura lo integran representantes de los tres estamentos allí mencionados: órganos políticos resultantes de la elección popular (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo), jueces de todas las instancias y abogados de la matricula federal.

Asi, las personas que integran el Consejo lo hacen en nombre y por mandato de cada uno de los estamentos indicados, lo que supone inexorablemente su elección por los integrantes de esos sectores. En consecuencia, el precepto no contempla la posibilidad de que los consejeros puedan ser elegidos por el voto que, si así ocurriera, dejarían de ser representantes del sector para convertirse en representantes del cuerpo electoral.

Por lo demás, la redacción es clara en cuanto relaciona con la elección popular a solo uno de los sectores que integra el Consejo, el de los representantes de los órganos políticos. Por su parte prevé que el órgano también se integra con los representantes del estamento de los jueces de todas las instancias y del estamento de los abogados de, la matrícula federal, cuya participación en el cuerpo no aparece justificada en su origen electivo, sino en el carácter técnico de los sectores a los que representan.

A su. vez en el precepto no se dispone que esta composición deba ser igualitaria sino que se exige que mantenga un equilibrio, término al que corresponde dar el significado que usualmente se le atribuye de “contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas” (Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001).

19) Que corresponde ahora analizar la segunda parte del segundo párrafo del artículo 114 de la Constitución, que establece que el Consejo de la Magistratura estará integrado “asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.

Más allá de la delegación que el Constituyente hace a favor del Congreso en cuanto al número y forma en que los académicos y científicos deben integrar el órgano, tal disposición debe interpretarse de modo de no contradecir la letra de la primera parte del mencionado párrafo segundo. A tal fin, cabe tener presente que si bien es cierto que la Constitución Nacional les ha dado a aquéllos una participación en el Consejo, no les ha asignado un rol central. El texto constitucional no ofrece dudas en cuanto a que este sector no está en el centro de la 6 s cens Esta conclusión surge de la literalidad de la norma, donde académicos y científicos aparecen en una segunda parte del párrafo, a modo de complemento.

Por otra parte, en cuanto a.la forma de elección, caben similares consideraciones que las realizadas respecto de jueces y abogados. Aunque la norma constitucional no hace referencia expresa a los representantes de los académicos y científicos, dicho texto, a la luz de lo previsto en la primera parte conduce razonablemente a sostener que la elección de estos integrantes tampoco’puede realizarse a través del voto popular.

En este sentido, no debe perderse de vista la terminología utilizada. El adverbio “asimismo”, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa “también”, como afirmación de igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada, lo cual da la idea de que debe mantenerse el equilibrio y el sistema de representación de la primera parte.

20) Que esta interpretación se encuentra avalada en los objetivos que persigue la Carta Fundamental. El segundo párrafo del artículo 114 debe interpretarse como parte de un sistema que tiende, en palabras del Preámbulo, a afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad. Para lograr esos fines nuestra Constitución Nacional garantiza la independencia de los jueces en tanto constituye uno de los pilares básicos del Estado Constitucional.

Por ello, el nuevo mecanismo institucional de designación de magistrados de tribunales inferiores en grado a esta Corte, contemplado en la reforma de 1994, dejó de lado el sistema de naturaleza exclusivamente político-partidario y de absoluta discrecionalidad que estaba en cabeza del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación. Tal opción no puede sino entenderse como un modo de fortalecer el principio de independencia judicial, en tanto garantía prevista por la Constitución Federal.

En este sentido, no ha dado lugar a controversias que la inserción del Consejo de la Magistratura como autoridad de la Nación ha tenido por finalidad principal despolitizar parcialmente el procedimiento vigente desde 1853 para la designación de los jueces, priorizando en el proceso de selección una ponderación con el mayor grado de objetividad de la idoneidad científica y profesional del candidato, por sobre la discrecionalidad absoluta (Fallos: 329:1723, voto disidente del juez Fayt, considerando 12).

Es evidente que con estos fines se ha pretendido abandonar el sistema de selección exclusivamente político-partidario. En palabras de Germán Bidart Campos, es inocultable la búsqueda del constituyente de “amortiguar la gravitación político-partidaria en el proceso de designación y enjuiciamiento de jueces” (“Tratado Elemental de Derecho Constitucional”, 1997, T. VI, pág. 499).

21} Que, asimismo, la voluntad originaria expresada en la Asamblea Constituyente compone otra pauta de interpretación esencial (confr. arg. Fallos: 100:337; 220:689; 333:633) que ratifica los criterios hasta aquí expuestos. El examen de los antecedentes deliberativos que concluyeron en el texto sancionado en la convención de Santa Fe, ratifica el genuino conté-nido de la cláusula constitucional en los términos interpretados con anterioridad en cuanto, a fin de afianzar la independencia de los jueces como garantía de los habitantes, despolitiza el procedimiento de selección de los miembros del Consejo, dispone su elección a través de sus respectivos estamentos y establece un equilibrio en su modo de integración.

22) Que en efecto, un grupo de convencionales presentó un proyecto de reforma de la Constitución Nacional cuyos fundamentos expresaban su intención de “vigorizar la independencia del Poder Judicial (…) en este sentido se proponen mecanismos de despolitización de los procedimientos de nombramiento y remoción de los magistrados, que garantizarán no sólo idoneidad, sino independencia de los jueces frente a las posibles presiones políticas. A este objetivo apuntan la creación del consejo de la magistratura y el establecimiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados” (Ministerio de Justicia – Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, Obra de la Convención Nacional Constituyente, T. II, págs. 1922 a 1929).

23) Que es de sumo interés señalar que en el seno de la Comisión de Coincidencias Básicas, y a raíz de ciertos interrogantes planteados por los convencionales, el miembro informante por la mayoría expresó que: “…donde se dice ‘representantes de los jueces’ no parece fácil interpretar que sea otra cosa que la persona elegida por los propios jueces (…) me parece está implicada en el Consejo de representantes la elección de los jueces entre los jueces; y algo análogo respecto de los abogados, la elección de los abogados entre los abogados”.

Ante el requerimiento de que aclarase si la expresada era su opinión o la de los autores del núcleo a fin de servir como interpretación auténtica, el convencional informante señaló: “Ésta fue la interpretación con que fue insertado en el proyecto que ahora estamos considerando y si vamos más atrás, si vamos al Pacto que dio motivo a la ley, en ese texto también fue empleado con este espíritu…” (Ministerio de Justicia – Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. cit., I. IV, págs. 3256/3257).

24) Que también adquieren peso decisivo las expresiones utilizadas por el mismo convencional en oportunidad de fundar el proyecto ante el pleno de la convención.

Tras referirse a la necesidad de reformar el sistema judicial a fin de recuperar la “confianza pública en su sistema institucional”, dicho convencional sostuvo que “El órgano central de esta reforma es el Consejo de la Magistratura” y, en lo que aquí interesa manifestó: “En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano, pero que simultáneamente no convierta al Poder Judicial de la Nación en un sistema autogestionario en el que los jueces -cuya misión es la de decidir casos concretos- puedan llegar a transformarse en la fuente de provisión de nuevos jueces. De tal manera, se ha buscado un modelo intermedio en que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero en el que simultáneamente —por participación de los propios jueces en el gobierno de la magistratura y por participación de estamentos vinculados con la actividad forense u otras personas- el sistema judicial esté gobernado con pluralismo aunque sin transferir a quienes no tienen la representación popular la totalidad de los poderes propios distintos de los oue le son específicamente propios del sistema judicial, que son los de dictar sentencias ¡, esto es, resolver casos contenciosos” (Ministerio de Justicia – Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. cit., T. V, pág. 4888).

Finalmente, corresponde destacar que la intención del constituyente al incorporar el artículo 114 fue elevar el umbral de garantía de independencia judicial. En efecto, en el discurso de cierre, el convencional Raúl Alfonsín leyó un texto en el que se hacía manifiesta la intención del bloque que presidía respecto de las reformas que seguidamente serían aprobadas y que expresaba: “Toda norma gue pueda implicar alguna limitación a la independencia del Poder Judicial, a la independencia e imparcialidad en la composición del Consejo de la Magistratura (…) aunque no contradiga el texto que sancionamos, debe considerarse que vulnera el espíritu de la Constitución y contradice la intención del constituyente” (Ministerio de Justicia – Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. cit., T. V, págs. 5155/5156).

Tras un extenso debate ese proyecto contó con el respaldo de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Coincidencias Básicas, y fue aprobado por la mayoría de los integrantes de la convención -177 convencionales- en la sesión del 1° de agosto de 1994. Cabe destacar que de la lectura de los debates del pleno de la convención surge que hubo acuerdo en que el Consejo de la Magistratura tuviera esta composición mixta y equilibrada por la que algunos integrantes provinieran de los órganos políticos resultantes de la voluntad popular y los otros de los estamentos técnicos (Ministerio de Justicia – Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. cit., T. IV, págs. 3905/3910 y ss., págs. 4262/4269 y T. V, págs. 4883/5176).

25) Que la concepción de los constituyentes que aprobaron el texto sancionado fue mantener en el Consejo un equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista predominio de uno sobre otros. Es decir que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo.

Además, la consideración integral y razonada de los antecedentes reseñados lleva consistentemente a concluir que para el constituyente la elección de los representantes de los estamentos técnicos estaba a cargo exclusivamente de quienes los integran.

26) Que corresponde seguidamente considerar el modo de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura en el contexto de la parte orgánica,de nuestra Constitución, pues los poderes constituidos no podrían jamás, en ninguna circunstancia, desconocer la forma en que los constituyentes organizaron la división del poder estatal en la Argentina.

Cuando se trata de representaciones que surgen del sufragio universal, el texto constitucional determina en qué casos es admitido. En efecto, la elección popular directa fue explícitamente reservada por el constituyente a las autoridades nacionales de índole política. Ello resulta en forma indubitable cuando se prevé que “El Presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el Pueblo (…) A este fin, el territorio nacional conformará un distrito único” (artículo 94). Asimismo, y en cuanto a los integrantes del Poder Legislativo, el texto constitucional prevé que “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado…” (artículo 45) y que los senadores serán “…elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en números de votos…” (artículo 54).

La reforma constitucional de 1994 sustituyó la forma de elección indirecta por medio del Colegio Electoral para el Poder Ejecutivo, y la elección por vía de legislaturas provinciales para los Senadores Nacionales. En ambos casos, se eliminó la intermediación sujetando la elección directamente a la voluntad popular. Debe concluirse entonces que cuando el constituyente consideró necesario modificar el sistema de elección indirecta de las autoridades políticas, lo mencionó expresamente, de forma indubitable.

Esta conclusión encuentra fundamento en que, de no establecerse con la máxima raigambre los supuestos en los que se adoptará la forma de elección directa, la expresión de la voluntad democrática del pueblo quedaría sujeta a la decisión del Congreso de mantener o cancelar los cargos electivos según si el comportamiento de la mayoría del pueblo coincide o no con la mayoría en el Congreso. En el plano del ejercicio de los derechos políticos, esta situación llevaría además a una permanente in-certidumbre de los ciudadanos respecto de cuáles son los funcionarios que pueden o no elegir en base al voto popular.

Por último no puede dejar de señalarse que a lo largo de la historia política de nuestro país, no se registran antecedentes en los que el Poder Legislativo haya creado un cargo de autoridades de la Nación adicional a los que se establecen en el texto constitucional, sometiéndolo al sufragio universal.

27) Que desde otra perspectiva, la Constitución tampoco autoriza al legislador a determinar la elección directa de los Consejeros de la Magistratura en tanto este cuerpo, en su condición de órgano con competencias especiales, se inserta dentro de la estructura del Poder Judicial (Sección Tercera, Capítulo Primero de la Constitución Nacional y conf. arg. Fallos: 330:2351, voto de la mayoría, considerando 11).

El Poder Judicial tiene la legitimidad democrática que le da la Constitución Nacional, que no se deriva de la elección directa. En la. Asamblea Constituyente de 1853/60 expresamente se decidió que los jueces fueran elegidos por el pueblo pero en forma indirecta, al ser nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Este esquema fue ratificado por la reforma de 1994. Se mantuvo el sistema de selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son nombrados por el Poder Ejecutivo “con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. Por su parte, los- jueces de los tribunales federales inferiores son nombrados por el Poder Ejecutivo “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos” (artículo 99, inc. 4).

En consecuencia, resulta consistente que los consejeros, como miembros de un órgano que integra el Poder Judicial de la Nación, sean elegidos en forma indirecta, de la misma manera que los jueces.

28) Que todos los caminos de interpretación transitados anteriormente llevan a concluir que la elección de los representantes de los jueces, abogados y académicos o científicos no puede realizarse por sufragio universal, sino que debe efectuarse en el ámbito de sus respectivos estamentos.

Se concluye también que con la conformación del Consejo de la Magistratura la Constitución persigue como principal objetivo fortalecer la independencia judicial. Para ello, se ha buscado reducir la gravitación político-partidaria en la designación de los jueces, previendo una integración equilibrada respecto al poder que ostentan, por un lado, el sector político y, por el otro, el estamento técnico. Esto es, que los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular no puedan ejercer acciones hegemónicas o predominar por sobre los representantes de los jueces, de los abogados y de los académicos o científicos, ni viceversa.

29) Que corresponde examinar ahora si el legislador,, al- sancionar la ley 26.855, respetó lo previsto en el artículo 114 en lo que respecta a la composición y procedimiento de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Por las razones que a continuación se explicarán, la ley resulta inconstitucional en cuanto: a) rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político-partidario, b) desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos, c) compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria, y d) vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso electoral.

30) Que del. sistema de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura adoptado por esta ley se sigue indefectiblemente que, con la modificación que ella introduce, doce (12) de los diecinueve (19) integrantes serán elegidos en forma directa por sufragio universal y los siete (7) restantes en forma indirecta por los órganos resultantes de la elección popular. De este modo, ya sea directa o indirectamente, la totalidad de los integrantes del Consejo tendría un origen político-partidario.

Es claro, entonces, que esta modificación importa un evidente apartamiento de lo dispuesto en el artículo 114 de la Constitución Nacional que, ya se ha dicho, buscó asegurar una composición equilibrada entre los integrantes del Consejo, de modo tal que no tuvieran primacía los representantes provenientes del sistema de naturaleza exclusivamente político-partidario respecto de los representantes del Poder Judicial, del ámbito profesional y del académico.

31) Que, además, la convocatoria a elecciones nacionales para elegir a los abogados y jueces que integrarán el Consejo de la Magistratura desconoce las reglas de representación que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional.

En efecto, en el texto constitucional no se dispone que el Consejo se integre con jueces y abogados sino con los representantes del estamento de los jueces de todas las instancias y del estamento de los abogados de la matrícula federal. Es decir que el constituyente decidió que quienes ocupen un lugar en este órgano lo hagan en representación de los integrantes de esos estamentos técnicos.

En consecuencia, no es la sola condición de juez o abogado lo que los hace representantes, sino su elección por los miembros de esos estamentos, pues para ejercer una representación sectorial se requiere necesariamente un mandato, que solo puede ser otorgado por los integrantes del sector.

De manera que la particular ingeniería diagramada por el constituyente se vería burlada en el caso de que los consejeros por los estamentos señalados emergieran de una elección general, pues dejarían de ser representantes del sector para transformarse en representantes del electorado.

32) Que con relación a los científicos y académicos, cabe reiterar que participan’con los demás estamentos del mandato de representación equilibrada y que, aunque la Constitución Nacional les ha dado participación en estos términos en el Consejo, no les ha asignado un rol central. Es por ello que resulta incuestionable que la ley sobredimensiona la representación de este sector al elevar a seis el número de sus integrantes (el doble que el fijado para los representantes de los diputados-, senadores, jueces y abogados) y al mismo tiempo la distorsiona al establecer su elección por medio del sufragio universal y no por los integrantes de dicho sector.

De tal modo, la norma reescribe indebidamente el artículo 114 de la Constitución, otorgándole una preeminencia a un estamento que tuvo en su origen constitucional un rol complementario o secundario y termina asumiendo un papel preponderante en el funcionamiento del cuerpo.

33) Que, por otra parte, esta ley en su artículo 4o prevé la participación de los jueces en procesos electorales como candidatos al Consejo nominados por los partidos políticos.

De acuerdo a sus términos, el magistrado que aspira a ser miembro del Consejo en representación de los jueces debe desarrollar actividades político-partidarias, llevar a cabo una campaña electoral nacional con el financiamiento que ello implica, proponer a la ciudadanía una determinada plataforma política y procurar una cantidad de votos que le asegure ingresar al Consejo de la Magistratura.

Esta previsión desconoce las garantías que aseguran la independencia del Poder Judicial frente a los intereses del Poder Ejecutivo, del Congreso o de otros factores de poder, – en la medida en que obliga al juez que aspira a ser consejero a optar por un partido político.

En la práctica, la ley contraría la imparcialidad del juez frente a las partes del proceso y a la ciudadanía toda, pues le exige identificarse con un partido político mientras cumple la función de administrar justicia. Desaparece así la idea de neutralidad judicial frente a los poderes políticos y tácticos.

34) Que el modelo adoptado no registra antecedentes que lo avalen en el derecho público provincial, ya que, en todos los casos de representaciones de estamentos de jueces y abogados, la elección es horizontal. Solo en dos provincias, Chubut y Santa Cruz, hay miembros que resultan directamente elegidos por el pueblo, pero en ambas esa disposición tiene jerarquía constitucional. En esos supuestos se mantiene la representación por estamentos. La regla única, sin fisuras, es la horizontalidad en la designación de los representantes de los estamentos de jueces y abogados, sea por elección o por sorteo.

El fundamento de esta regla es que una elección de los consejeros vinculada a las elecciones generales produciría grandes oscilaciones políticas en las composiciones. Es previsible que, luego de un tiempo de aplicación, los jueces vayan adoptando posiciones vinculadas a los partidos que los van a elegir, y luego promover o no en sus carreras, afectándose así su imparcialidad. De tal modo, quienes sostienen una solución de este tipo cuando están en situación de poderío, la criticarán cuando estén en posiciones de debilidad. Las reglas constitucionales deben ser lo suficientemente equilibradas para que sean aceptadas por todos, poderosos o débiles.

Tampoco hay antecedentes en el derecho comparado latinoamericano. En Bolivia, único país en que fue tomada la elección popular, esa decisión se tomó por vía de una reforma constitucional, modificando el régimen que había sido instituido apenas dos años antes en la Constitución Política del Estado de Bolivia.

35) Que por las razones hasta aquí explicadas, el artículo 2° la ley 26.855 es inconstitucional en cuanto prevé la elección mediante el sufragio universal de los representantes de los jueces, de los abogados, y de los científicos y académicos, sobredimensiona la participación de estos últimos y afecta la independencia de los jueces.

36) Que sin perjuicio de lo expuesto, esta Corte no puede dejar de señalar que el sistema electoral fijado en los artículos 4o y 18 de la ley 26.855 para elegir a los consejeros resulta de todos modos constitucionalmente inadmisible al establecer, con el pretexto de ordenar el proceso electoral, mecanismos que distorsionan el principio de transparencia e igualdad en la oferta de candidatos (artículo 37 de la Constitución Nacional).

37) Que, en primer lugar, establece diversos obstáculos a la posibilidad de constituir agrupaciones políticas. En efecto, el artículo 4o dispone que “no podrán constituirse agrupaciones políticas al único efecto de postular candidaturas al Consejo de la Magistratura”. En este punto, el legislador ha establecido una barrera electoral irrazonable y discriminatoria, que cercena un derecho humano de importancia fundamental como lo es el de asociarse políticamente. La ley no fija una simple limitación al derecho a ser elegido para cubrir ciertos públicos del que gozan todos los ciudadanos, sino que lisa y llanamente les veda a éstos la posibilidad de organizarse y formar un partido político que persiga como único objetivo aspirar a la categoría de consejero de la magistratura. Los ciudadanos

pueden constituir partidos políticos y aspirar únicamente al cargo de Presidente de la Nación, o de Senador Nacional, o de Diputado Nacional, mas no pueden hacerlo si su única finalidad es competir por lugares en el Consejo de la Magistratura.

38) Que tampoco es razonable restringir la posibilidad de presentar candidatos al Consejo de la Magistratura solo a las agrupaciones políticas nacionales que postulen fórmulas de precandidatos presidenciales. Tal criterio restringe sin motivo la participación en la contienda electoral y reduce las opciones de los electores.

39) Que no se observa que existan razones de repre-sentatividad, de organización electoral, de preservación de ese proceso, de fortalecimiento del sistema democrático o de cualquier otra índole (vgr. las que motivaron la decisión de esta Corte en Fallos: 332:433) que puedan justificar la decisión de limitar a las agrupaciones políticas. Restricciones de este tipo no pueden fortalecer en forma alguna la democracia, ni contribuir al pluralismo político, ya que limitan sin justificación el régimen plural de partidos y la organización de agrupaciones políticas para una categoría determinada.

40) Que también resulta irrazonable el requisito previsto en el artículo 18 para adherir la boleta de consejeros a la de legisladores nacionales en cada distrito, en la medida que requiere que en al menos 18 de los 24 distritos la mencionada adhesión se realice exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación.

El Estado no puede implementar un sistema electoral que coloque en mejor condición a una o unas pocas agrupaciones políticas por sobre el resto. Dentro del proceso electoral, el rol del Estado es decisivo en la regulación de los medios instrumentales previstos para canalizar la oferta electoral. En consecuencia, es dable esperar que las normas que regulan el diseño de la boleta electoral fortalezcan la calidad y transparencia de tal proceso y eviten influenciar o confundir al votante generando interferencias en el ejercicio de su derecho de seleccionar a las autoridades.

La exigencia contenida en el artículo 18, lejos de proteger la integridad, transparencia y eficiencia del proceso electoral, establece una barrera para la adhesión de boletas que, por no responder a criterios objetivos y razonables, distorsiona las condiciones de la competencia política y tergiversa la expresión de la voluntad popular.

41} Que por todo lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2°, 4°, 18 y 30 de la ley 26.855 y, por consiguiente, del decreto 577/13 en cuanto convoca a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos a consejeros para el Consejo de la Magistratura.

Asimismo, atento a lo establecido por el artículo 29 de la citada ley y a la decisión que aquí se adopta, no entrará en vigencia la modificación dispuesta en el artículo 6o, inciso 15, que requiere una mayoría absoluta del total de los miembros para decidir la apertura del procedimiento de remoción de jueces titulares, subrogantes y jubilados convocados de acuerdo al articulo 16 de la ley 24.018, formular la acusación ante el jurado de enjuiciamiento y ordenar la suspensión de magistrados. Idénticas consecuencias se proyectan sobre las demás modificaciones que la ley 26.855 introduce con relación al quorum previsto en el artículo 7°, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura.

42) Que, finalmente, esta resolución no puede desatender las graves consecuencias que, de modo inmediato, derivarán de ella. Esta circunstancia exige que el Tribunal, en cumplimiento de su deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar el caos institucional o la eventual paralización de la administración de justicia, determine claramente los efectos de su pronunciamiento. En este sentido, corresponde aclarar que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables en el considerando precedente, mantendrá su vigencia el régimen anterior previsto en las leyes 24.937 y sus modificatorias 24.939 y 26.080.

43) Que más allá de las cuestiones abordadas y decididas por esta Corte en los considerandos que anteceden con particular referencia a los planteos constitucionales formulados en esta causa, cabe subrayar que el proceso electoral había sido suspendido -en la categoría de candidatos a miembros del Consejo de la Magistratura- como consecuencia de otras resoluciones dictadas por jueces federales de distintas jurisdicciones territoriales que han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

Por ello, oída la señora Procuradora General de la Nación, se rechaza el recurso extraordinario por salto de instancia y se resuelve:

  1. Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2°, 4o, 18 y 30 de la ley 26.855, y del decreto 577/13.
  2. Declarar la inaplicabilidad de las modificaciones introducidas por la ley 26.855 con relación al quorum previsto en el artículo 7o, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura; de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de dicha ley.

III. Disponer que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables, mantendrá su vigencia el régimen anterior previsto en las leyes 24.937 y sus modificatorias 24.939 y 26.080.

  1. Dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de otras personas del ámbito académico y científico establecida en los artículos 18 y 30 de la ley 26.855 y en los artículos Io, 2°, 3o y concordantes del decreto 577/13.
  2. Aclarar que lo resuelto no implica afectación alguna del proceso electoral para los cargos de diputados y senadores nacionales establecido en el decreto 501/13.

-//

_//_ vi. Imponer las costas a la recurrente (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

CARMEN M. ARGIBAY

ES COPIA FIEL

-//-TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

1°) Que Jorge Gabriel Rizzo interpuso acción de amparo en su carácter de apoderado de la Lista 3 “Gente de Derecho” [agrupación integrada por abogados de la matricula federal que viene participando en los procesos de elección de los representantes de ese estamento en el Consejo de la Magistratura] con el objeto de que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855, y del decreto del Poder Ejecutivo N° 577/2013. Sostuvo que las citadas normas vulneraban la representación que la Constitución Nacional garantiza a los abogados en el Consejo de la Magistratura, según lo dispuesto en su artículo 114.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 1, Secretaría Electoral, hizo lugar a la demanda y, como consecuencia, dispuso dejar sin efecto la convocatoria electoral prevista para la elección de miembros del mencionado Consejo.

2°) Que, contra dicho pronunciamiento, el Estado Na-.cional interpuso recurso extraordinario por salto de instancia que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 257 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, esta Corte declaró admisible por resolución del pasado 13 de junio.

3°) Que la recurrente se agravia, fundamentalmente, porque considera, por un lado, que no existe causa o controver

sia y que la actora carece de legitimación activa; por el otro, que la ley 26.855 constituye una legítima y razonable reglamentación del artículo 114 de la Constitución Nacional.

4°) Que, con relación al primer planteo, los agravios del apelante resultan manifiestamente infundados pues se limitan a citar, dogmáticamente, precedentes de esta Corte en materia de legitimación, y a señalar que la ley 26.855 no produce al ampa-rista un perjuicio actual y concreto, puesto que no le impide “acceder a una postulación en alguno de los partidos políticos nacionales que sea afín a sus ideas”.

Sin embargo, estas afirmaciones no se hacen cargo del núcleo del planteo del actor, según el cual la afectación de su derecho consiste en que: a) la ley 26.855 “so pretexto de una mayor representatividad ‘democrática’ establece que quien represente ra los abogados de la matrícula federal’ no sea electo por sus representados, los abogados, sino por todos los habilitados a emitir sufragio”; y b) “quien aspire a ‘representar’ al segmento de los abogados de la matrícula federal, deberá (…) ser afiliado, o al menos haber acordado con un partido político su precandidatura (…) para finalmente no ‘representar’ a los abogados [sino] (…) al Partido Político que le permitió llegar a ese lugar”.

En tales condiciones, resulta que el amparista tiene un interés jurídico propio y diferente y, por ello, suficiente en la resolución de la controversia o, como lo ha sostenido esta Corte, que las normas impugnadas lo afectan de forma “suficientemente directa” o “substancial” (Fallos: 306:1125; 308:2147 y 310:606, entre otros).

5°) Que, sentado lo expuesto, corresponde determinar si las disposiciones de la ley aquí objetada respetan el artículo 114 de la Constitución Nacional, en cuanto establece, en su segundo párrafo, que: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.

6°) Que, en primer término, es necesario recordar que la actuación de los tres poderes del Estado Nacional encuentra como límite la supremacía de la Constitución Nacional (artículos 30 y 31). En otras palabras, los poderes públicos deben actuar conforme al ordenamiento jurídico imperativo al que se encuentran sometidos; y si no lo hacen, sus actos deben ser invalidados para proteger la vigencia de las normas fundamentales impuestas por el pueblo soberano.

Con esta finalidad, la Constitución reconoce a cada uno de los órganos gubernamentales distintas facultades que le permiten, y lo obligan, a controlar el accionar de los otros Y es en este balance, que el Poder Judicial adquiere una función fundamental: el control de constitucionalidad de las actos estatales.

En tal sentido, esta Corte ha reconocido desde antiguo, con sustento en el artículo 116 de la Ley Fundamental, “la atribución que tienen y el deber en que se hallan los Tribunales de Justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen á su decisión, comparándolas con el testo de la Constitución para averiguar si guardan ó no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los f,ines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles é involuntarios de los poderes públicos” (caso “Elortondo”, Fallos: 33:162).

Es que, como lo ha dicho el Tribunal, el control judicial de constitucionalidad procura la supremacía de la Constitución, no la del Poder Judicial, o la de la Corte, aun cuando sea precisamente ésta, configurado un caso, el intérprete final de aquélla (Fallos: 316:2940).

7°) Que el propósito que guió la incorporación del artículo 114 a la Constitución Nacional fue reformular la relación de los poderes Ejecutivo y Legislativo -que responden básicamente a la dinámica del proceso político- con el Poder Judicial, en el sentido de fortalecer su independencia, al reducir, en cierta medida, la influencia de los actores políticos.

Para alcanzar ese objetivo, la referida cláusula constitucional dispone que cuestiones tales como la selección de postulantes para acceder a la judicatura, o el procedimiento de remoción de jueces, entre otras, estarán a cargo de un Consejo de la Magistratura compuesto por diversos estamentos (órganos políticos resultantes de la elección popular, jueces y abogados de la matrícula federal, y personas del ámbito académico y científico). Al mismo tiempo establece que entre ellos debe existir un equilibrio, entendiéndose por tal la situación en que ninguno de ellos tenga por sí solo un predominio sobre los restantes.

Cabe señalar que el equilibrio mencionado no se procura solamente respecto de los miembros del Consejo sino de los sectores representados, esto es, órganos políticos resultantes de la elección popular, jueces y abogados. Por ello, para lograr este objetivo constitucional es imprescindible que, junto a los consejeros elegidos por los órganos políticos que representan al pueblo de la Nación, el cuerpo se integre con otros consejeros elegidos horizontalmente por sus pares.

Por último, con relación a la categoría de los académicos y científicos que deben integrar el Consejo, si bien no se trata de una representación en los términos antes descriptos, la participación que les acuerde la ley debe, necesariamente, respetar el mandato constitucional de procurar el equilibrio.

8° Que, además de desprenderse sin dificultad de su texto, el mencionado propósito de la reforma constitucional fue expresamente declarado por el convencional Enrique Paixao, en ocasión de informar el proyecto al pleno de la Convención Reformadora de 1994. En el pasaje que interesa manifestó:

“En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano, pero que simultáneamente no convierta al Poder Judicial de la Nación en un sistema autogestiona-rio en el que los jueces -cuya misión es la de decidir casos concretos- puedan llegar a transformarse en la fuente de provisión de nuevos jueces. De tal manera, se ha buscado un intermedio en que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero en el que simultáneamente -por participación de los propios jueces en el gobierno de la magistratura y por participación de estamentos vinculados con la actividad forense u otras personas- el sistema judicial esté gobernado con pluralismo aunque sin transferir a quienes no tienen la representación popular la totalidad de los poderes propios distintos de los que le son específicamente propios del sistema judicial, que son los de dictar sentencias, esto es, resolver casos contenciosos.” (Ministerio de Justicia – Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. cit., T. V, pág. 4888). [El resaltado es añadido].

De acuerdo con esos fundamentos y tras la realización de unas correcciones formales (sustitución de un punto y coma, por una coma después de “elección popular” y supresión de una coma después de “integrado” (Ministerio de Justicia – Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. cit., T. V, pág. 5164), la mayoría de los integrantes de la Convención (177 convencionales), aprobó el proyecto en la sesión del Io de agosto de 1994 (Ministerio de Justicia – Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. cit., T. V, pág. 5166).

Del debate que, previamente, tuvo lugar merecen ser recordados algunos pasajes de la intervención del convencional Zaffaroni. Al realizar una observación con relación al texto del proyecto que luego resultó aprobado, expresó:’

“Creemos que son correctas las tres primeras categorías que se señalan para sus integrantes: Jueces, representantes del Poder Legislativo y abogados. Podríamos admitir la categoría de académicos, pero si vemos los modelos originarios del Consejo de la Magistratura, observamos que, básicamente, se integran con jueces designados directamente por todos los jueces y representantes del Poder Legislativo, en proporción a los partidos políticos con representación democrática representaciones que deben recaer en académicos o en abogados con larga trayectoria”

“Lo que se propone es una institución respecto de la cual la nueva norma a incorporar al texto constitucional determina sus funciones y las categorías de sus miembros, por ejemplo, pero sin decir nada sobre la proporción en que la integrarán ni cómo será la elección.”

[…]

“Cada vez que esto se ha hecho en la historia, apareció la lucha partidista disputándose la integración del consejo de la Magistratura, que termina siendo repartido entre los partidos políticos, tal como pasó cada vez que se cedió algún espacio en Italia y como todavía sucede en España” (Ministerio de Justicia -Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. cit., T. V, pág. 5112).

Finalmente, corresponde destacar que en el discurso de cierre, el convencional Raúl Alfonsín leyó un texto en el que se hacía manifiesta la intención del bloque que presidía respecto de las reformas que seguidamente serían aprobadas. Dicho documento expresaba:

“Toda norma que pueda implicar alguna limitación a la independencia del Poder Judicial, a la independencia e imparcialidad en la composición del Consejo de la Magistratura…aunque no contradiga el texto que sancionamos, debe considerarse que vulnera el espíritu de la Constitución y contradice la intención del constituyente…” (Ministerio de Justicia – Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. cit., T. V, págs. 5155/5156).

9°) Que, la idea de los constituyentes fue, pues, que una representación no predomine sobre las otras, es decir que no ejerza una acción hegemónica del conjunto o que no controle por sí misma al cuerpo. Es éste el único modo de preservar el sistema organizado en el artículo 114 de la Constitución para evitar la fractura del balance que la Convención de 1994 juzgó apropiado para mantener el Poder Judicial a la distancia justa de los otros dos poderes que expresan más directamente la representación democrática.

10) Que, sentada la interpretación de la cláusula constitucional, corresponde llevar a cabo el examen de compatibilidad con las disposiciones legales cuya validez ha sido pues — ta en cuestión.

El texto de la ley 26.855, en lo pertinente, dispone:

“ARTICULO 2′ – Sustitúyese el artículo 2” de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 2°.- Composición. El Consejo estará integrado por diecinueve (19) miembros, de acuerdo con la siguiente composición:

  1. Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Nación, elegí-dos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán dos (2) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno (1) a la que resulte en segundo lugar.
  2. Tres (3) representantes de los abogados de la matrícula federal, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán dos (2) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno (1) a la que resulte en segundo lugar.
  3. Seis (6) representantes de los ámbitos académico o científico, de amplia y reconocida trayectoria en alguna de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán cuatro (4) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y dos (2) a la que resulte en segundo lugar.
  4. Seis (6) legisladores. A tal efecto, los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres (3) legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos (2) a la mayoría y uno (1) a la primera minoría.
  5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo.

Los miembros del Consejo prestarán juramento en el acto de su incorporación de desempeñar debidamente el cargo por ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por cada miembro titular se elegirá un suplente, mediante igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento…

ARTICULO 4° – Incorpórase como artículo 3° bis de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, el siguiente:

Artículo 3° bis.- Procedimiento. Para elegir a los consejeros de la magistratura representantes del ámbito académico y científico, de los jueces y de. los abogados de la matrícula federal, las elecciones se realizarán en forma conjunta y simultánea con las elecciones nacionales en las cuales se elija presidente. La elección será por una lista de precandidatos postulados por agrupaciones políticas nacionales que postulen fórmulas de precandidatos presidenciales, mediante elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No podrán constituirse agrupaciones políticas al único efecto de postular candidaturas al Consejo de la Magistratura. No podrán oficializarse candidaturas a más de un cargo y por más de una agrupación política.

Las precandidaturas y, en su caso, candidaturas, a consejeros de la magistratura integrarán una única lista con cuatro (4) representantes titulares y dos (2) suplentes de los académicos, dos (2) representantes titulares y un (1) suplente de los jueces y dos (2) representantes titulares y un (1) suplente de los abogados de la matrícula federal. La lista conformará un cuerpo de boleta que irá adherida a la derecha de las candidaturas legislativas de la agrupación por la que son postulados, que a este efecto manifestará la voluntad de adhesión a través de la autorización expresa del apoderado nacional ante el juzgado federal electoral de la Capital Federal. Tanto el registro de candidatos como el pedido de oficialización de listas de candidatos a consejeros del Consejo de la Magistratura se realizará ante esa misma sede judicial.

Se aplicarán para la elección de integrantes del Consejo de la Magistratura, del ámbito académico y científico, de los jueces y de los abogados de la matrícula federal, las normas del Código Electoral Nacional, las leyes 23.298, 26.215, 24.012 y 26.571, en todo aquello que no esté previsto en la presente ley y no se oponga a la misma…

ARTICULO 18. – Sustituyese el artículo 33 de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 33.- Elecciones. El acto eleccionario de los integrantes del Consejo de la Magistratura previsto en el artículo 3° bis de la presente, se celebrará de manera conjunta y simultánea con las elecciones nacionales para cargos legislativos, en la primera oportunidad de aplicación de esta ley. Los integrantes del Consejo de la Magistratura que resulten electos mediante este procedimiento durarán excep-cionalmente dos (2) años en sus cargos y se incorporarán al cuerpo sin perjuicio de la permanencia de quienes ejerzan mandato vigente, en cuyo caso la cantidad total de miembros podrá excepcíonalmente exceder el número de 19 consejeros.

La oficialización de listas de candidatos a consejeros del Consejo de la Magistratura para las elecciones primarías, abiertas, simultáneas y obligatorias, y para las elecciones generales, podrá hacerse en esta oportunidad, por cualquier partido, confederación o alianza de orden nacional. A los fines de la adhesión de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros del Consejo de la Magistratura con la de legisladores nacionales en cada distrito, se requiere la comprobación de la existencia de que en al menos 18 de los 24 distritos, la mencionada adhesión se realiza exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación. En el resto de los distritos, podrá adherirse mediando vínculo jurídico entre las categorías de las listas oficializadas. La adhesión de los cuerpos de boleta del resto de las categorías podrá realizarse mediando vínculo jurídico…

ARTICULO 29. – Las modificaciones al régimen de mayorías previsto en la presente ley, así como la nueva composición de las comisiones, entrarán en vigor una vez que se haga efectiva la modificación de la integración del vista en el artículo 2°, de acuerdo con el mecanismo electoral establecido en los artículos 3″ bis y concordantes.

ARTICULO 30. -La promulgación de la presente ley importa la convocatoria a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos a Consejero de la Magistratura por los estamentos previstos en el artículo 3° bis de la misma, debiéndose adaptar el cumplimiento de las etapas electorales esenciales al calendario en curso…”.

11) Que la nueva integración establecida en el texto de la ley 26.855 no se adecúa al estándar constitucional. En efecto, el equilibrio que ordena procurar el artículo 114 queda derechamente suprimido cuando, en un cuerpo integrado por diecinueve (19) miembros doce (12) de ellos (representantes de jueces, abogados y académicos) son electos directamente por el pueblo, otros seis (6) son legisladores nacionales que también han sido elegidos en forma directa mediante sufragio popular (artículos 45 y 54 de la Constitución), y el restante es nombrado por el Poder Ejecutivo, cuyo titular tiene el mismo origen (artículo 94).

Cabe reiterar lo expresado. en el sentido de que el carácter de abogado o de juez de un miembro del Consejo de la Magistratura no basta para conferirle la representación de sus pares. La real representación de un sector no reside necesariamente en las calidades -abogado o juez- que debe ostentar el representante, sino en el señorío de la voluntad del representado para designar a sus mandantes. Ello solo puede lograrse si los miembros del Consejo pertenecientes a tales estamentos son elegidos horizontalmente por sus pares.

12) Que, el sistema creado por la ley, en tanto otorga al cuerpo electoral -directa o indirectamente- la elección de todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, hace imposible el equilibrio diseñado en el artículo 114 de la Constitución Nacional, puesto que elimina la diversidad de representaciones y deja subsistente tan solo una de ellas.

13) Que, no altera esta conclusión la circunstancia de que el régimen impugnado ponga en juego un procedimiento de elección popular, con el declarado objeto de profundizar el estado democrático.

Contrariamente a lo sugerido por la apelante, no afecta el principio de soberanía popular, que aquélla apoya en el artículo 22 de la Constitución Nacional, la circunstancia de que algunos de los integrantes del Consejo de la Magistratura no sean elegidos mediante el voto directo del pueblo de la Nación.

En efecto, la forma de gobierno representativa y republicana adoptada por la Constitución Nacional (artículo Io) consiste en la coexistencia de autoridades elegidas directamente por el pueblo, y otras que son designadas a través de sus representantes, sin su participación directa (por ejemplo, el Defensor del Pueblo, artículo 86 CN, el Jefe de Gabinete de Ministros, artículo 99, inc. 7, CN, y la Auditoría General de la Nación, artículo 85 CN).

De todas las democracias posibles, la única que pueden profundizar los poderes constituidos es la organizada por la Constitución Nacional sobre la base de las autoridades por ella creadas y ninguna otra. Éste es el recto sentido de su artículo 22. Por lo tanto dicha cláusula no da pie para alterar la compo— sición y el modo de elección de una de las autoridades del Gobierno Federal, como el Consejo de la Magistratura.

Lo anterior no implica afirmar que esté vedado al pueblo de la Nación reformar la Constitución Nacional; pero, para ello, debe sujetarse a los procedimientos previstos por el artículo 30 de la Constitución Nacional.

14) Que el declarado propósito de la ley 26.855 de ampliar la base democrática de la elección de los miembros del cuerpo respecto de aquellos que no surgen directamente del sufragio universal, se contrapone frontalmente con la voluntad popular expresada en la Convención Constituyente de dejar atrás un esquema semejante, que había regido hasta 1994, en el que los órganos políticos (Legislativo y Ejecutivo) monopolizaban las decisiones que actualmente son competencia del Consejo de la Magistratura.

En suma, el cumplimiento de la citada finalidad legal importaría vaciar de contenido la decisión plasmada en el artículo 114 de la Constitución Nacional.

15) Que, en razón de lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855.

De tal modo, a fin de restablecer el derecho de la agrupación actora a que la representación del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura se realice con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo 114, corresponde dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de otras personas del ámbito académico y científico establecida en los artículos 18 y 30 de la ley 26.855, y por los artículos 1, 2, 3 y concordantes del decreto 577/2013, sin que ello implique afectar el proceso electoral para los cargos de diputados y senadores nacionales establecido en el decreto 501/2013.

16) Que, asimismo, atento a lo establecido por el artículo 29 de la citada ley, cabe resolver que no entrarán en vigencia las modificaciones al régimen de mayorías ni la nueva composición de las Comisiones que ella dispone. Esta decisión se inscribe en la doctrina del Tribunal según la cual, la Corte ha de delimitar el alcance de la inconstitucionalidad que tenga el deber de declarar, sin sustituir la voluntad del legislador, y asegurar así, máximamente, la vigencia de todo el resto de la ley (doctrina de Fallos: 214:177).

Por ello, oída la señora Procuradora General de la Nación, se rechaza el recurso extraordinario por salto de instancia y se resuelve:

  1. Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2°, 4°, 18 y 30 de la ley 26.855, y del decreto 577/13.
  2. Declarar la inaplicabilidad de las modificaciones introducidas por la ley 26.855 con relación al quorum previsto en el artículo 7°, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de dicha ley.

III. Disponer que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables, mantendrá su vigencia el régimen anterior previsto en las leyes 24.937 y sus modificatorias 24.939 y 26.080.

  1. Dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de otras personas del ámbito académico y científico establecida en los artículos 18 y 30 de la ley 26.855 y en los artículos 1°, 2°, 3° y concordantes del decreto 577/13.
  2. Aclarar que lo resuelto no implica afectación alguna del proceso electoral para los cargos de diputados y senadores nacionales establecido en el decreto 501/13.
  3. Imponer las costas a la recurrente (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

CARMEN M. ARGIBAY

ES COPIA FIEL

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI Considerando:

I°) Que en cuanto a los antecedentes del caso y a la naturaleza de las cuestiones constitucionales cuyo examen se promueve en el recurso extraordinario, corresponde dar por reproducida la descripción efectuada en el dictamen de la señora Procuradora General de la Nación (parágrafos I y II).

2°) Que con particular referencia al planteo concerniente a la ausencia de legitimación activa, el agravio del Estado Nacional es inadmisible por los fundamentos desarrollados en el considerando 4o del voto, mayoritario del Tribunal. Iguales razones de economía llevan a dar por reproducido lo dicho en el voto de la mayoría (cons. 3o) para rechazar el planteo del recurrente que hace pie en la inadmisibilidad de la vía del amparo.

3°) La cuestión constitucional planteada respecto de la ley 26.855, se centra en dos aspectos: la elección popular y el incremento de los escaños correspondientes a los académicos y científicos, que la sentencia que llega a la Corte considera violatorios de las disposiciones del artículo 114 de la Constitución Nacional. Se impone, pues, comenzar por esclarecer el contenido de esa disposición constitucional, introducida en la reforma de 1994.

4°) La citada reforma constitucional se caracterizó por perfilar instituciones sin acabar su estructura. En ocasiones se tiene la impresión de que simplemente marcó trazos gruesos, que se limitaron a esbozar órganos y competencias, muy lejos de la precisión necesaria para delinear una ingeniería institucional. Esta característica puede observarse con claridad, entre otros casos, con respecto a la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y también en lo que hace al Consejo de la Magistratura.

En alguna medida pareciera ser resultado del afán de hallar fórmulas de compromiso, práctica bastante común en el ámbito legislativo, aunque también ha pesado la premura con que se trabajaron los temas en la Asamblea, una vez obtenido el principal objetivo político de su momento histórico.

En todos los casos -y en el del Consejo de la Magistratura en particular- se argumentó que una mayor precisión constitucional padecería de un supuesto defecto de reglamentarismo, discurso en que se confundía lo que hubiese debido ser una cuidadosa estructuración constitucional con la reglamentación legal. De este modo, la reforma se apartó de la tradición constitucional argentina, puesta de manifiesto en la forma precisa, clara y meticulosa, con que el texto original de 1853 estructura las atribuciones y las Cámaras del Poder Legislativo.

Esta característica se tradujo -como se observó en su momento por alguna minoría- en una transferencia de poder constituyente al poder constituido, dado que el defecto de estructuración en todos los casos citados y en otros más, debió salvarse mediante leyes del Congreso de la Nación, dificultosamente sancionadas e incluso alguna -de casi imposible sanción.

En el propio seno de la Asamblea de Santa Fe se advirtió reiteradamente el riesgo que se corría con esta novedosa modalidad constitucional, puesto que es inevitable que la política coyuntural ocupe los huecos estructurales que deja abiertos el texto constitucional, con las soluciones que le dicte la circunstancia de poder de cada momento, no por corrupción y ni siquiera por razones contrarias a la ética, sino por la simple dinámica esencialmente competitiva de la actividad política, que irremisiblemente mueve a ocupar todos los espacios de poder que se le ofrecen en cada ocasión.

5°) En la reforma constitucional de 1994 se introdujo la institución del Consejo de la Magistratura, asignándole la función de administración del Poder Judicial. Se corrió el gravísimo riesgo de introducir una institución novedosa sin estructurarla. Se argumentó de modo exactamente contrario al indicado por el buen sentido, afirmando que precisamente la novedad aconsejaba dejarla a medio hacer, para que la ley infraconstitu-cional la fuese definiendo conforme a lo que indicase la experiencia, cuando en realidad era previsible que ésta la terminase de estructurar conforme a los espacios del juego de poder de cada coyuntura política, lo que hacía previsible un futuro incierto y complicado.

6°) De ese modo, el texto constitucional delegó la tarea de finalizar la estructuración del Consejo de la Magistratura en una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En esta línea, tampoco se definió su integración, pues el texto incorporado se limita a indicar los estamentos que deben estar representados, sin señalar número ni proporciones, dado que solo impone que se procure el equilibrio.

Es claro que equilibrio no es sinónimo de igualdad y ni siquiera procurar es lo mismo que deber. Deber procurar significa que se debe hacer un esfuerzo en pos del equilibrio, pero nada más. Si bien suponemos que por razones de supuesta elegancia se ahorró el gerundio, con esa fórmula solo se exige un esfuerzo por parte del legislador ordinario, lo que éste hará en mavor o en menor medida, según los intereses coyunturales en pugna, conforme a la experiencia generalizada de la ya mencionada dinámica competitiva de la política.

7°) En el seno de la asamblea reformadora se presentaron proyectos por las minorías que proponían fórmulas más acabadas y una estructuración razonable, conforme a los modelos del derecho constitucional comparado, en particular el de la Constitución de la República Italiana. No obstante, la mayoría optó por el texto vigente, con alguna modificación casi de detalle, pero sin admitir ninguna precisión.

Los defectos de estructuración se advirtieron en el propio seno de la asamblea reformadora, tanto en la discusión en comisión como en el pleno y, por desgracia, sus consecuencias se -verificaron ampliamente con el correr de los años.

En efecto: una institución novedosa, tomada del derecho constitucional comparado, pero separándose de sus modelos originales en forma híbrida y con defectuosa estructuración, dio lugar a que en menos de veinte años fuese objeto de tres reformas regulatorias dispares y profundas.

A esto se suma que, en los últimos años, su deterioro funcional llegó hasta el límite de la paralización, como bien lo señala el dictamen de la señora Procuradora General, con las consecuentes dificultades de orden institucional, en particular la imposibilidad de designación de jueces para cubrir las numerosas vacantes que se han ido produciendo y que hacen que una buena parte de la magistratura federal se halle a cargo de jueces subrogantes.

8°) En la Asamblea Reformadora se insistió en forma especial en la necesidad de consagrar en el texto la forma de elección de los representantes de los diferentes estamentos.

Los convencionales constituyentes tuvieron en sus manos proyectos que precisaban la forma de elección, pero prefirieron omitir tales precisiones, afirmando que el texto era suficientemente claro. Incluso hubo legisladores del propio sector mayoritario de la Asamblea que propusieron en Comisión que se lo consagrase, pero en definitiva el texto no lo hizo, pese a que en el debate y también en alguna obra escrita sobre el tema en la época se recordaron los antecedentes extranjeros que habían distorsionado la institución.

Entre éstos sobresalía el caso español con la famosa enmienda Bandrés de 1985, que’ aprovechando la delegación legislativa del constituyente español (artículo 122 de la Constitución) , asignó al Parlamento la nominación de los consejeros jueces, separándose del modelo de la Constitución de la República Italiana, que fue la principal fuente de inspiración en el derecho comparado -incluso española- a partir de la posguerra.

9°) El texto vigente prescribe la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Con esta redacción dejó abierta la integración con representación del Poder Ejecutivo. También deja abierta la posibilidad de que la elección de los representantes de los jueces pueda tener lugar por instancias, o sea, respetando la estructura corporativa vertical, con menor representación de los más numerosos y jóvenes, que son los de primera instancia.

Pero más aún, sigue el propio texto estableciendo displicentemente que será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número- y forma que indique la ley. Es decir, que la ley puede incorporar a otros miembros del Consejo, en forma y número discrecional, respecto de los cuales -y dado que lo dispone después de un punto- puede entenderse que ni siquiera rige la obligación de esforzarse por el equilibrio y, por supuesto, tampoco marca ningún criterio para su número y elección.

10) Como era de esperar y, tal como lo advirtió alguna minoría en el momento de la sanción en 1994, la tercera reforma que sufre legislativamente esta institución, ante el silencio de la Constitución acerca de la forma de elección de los representantes de jueces y abogados, siguiendo en parte el ejemplo de la enmienda Bandrés española, decide que éstos no sean electos por sus pares, aunque, a diferencia del mal ejemplo español, convoca a la ciudadanía para su elección popular directa.

La enmienda Bandrés fue criticada al tiempo de la reforma en algún libro que circuló entre los diputados y fue citada en la Asamblea Reformadora en varias ocasiones, como ejemplo entonces más reciente de un peligroso antecedente que era menester tomar en cuenta para estructurar la institución en la fórmula constitucional, pues tuvo como resultado que a partir de ella los dos grandes partidos españoles se repartiesen la nominación de los jueces consejeros.

La citada enmienda Bandrés -de la que el propio diputado Bandrés parece haberse arrepentido varios años después- tuvo el efecto de convertir parcialmente al Consejo español en una casi comisión del Congreso, en algunos casos incluso con dificultades para obtener los acuerdos que hicieran mayoría, obstaculizando su integración. La solución legislativa de la tercera reforma que sufre la integración del Consejo argentino, al menos, otorga esa atribución directamente a la ciudadanía.

11) Es claro que la ley sancionada por el Congreso Nacional no se filtra por los resquicios del texto, sino que penetra por las enormes brechas que éste dejó abiertas a la ley infraconstitucional.

Esto plantea un serio problema de conciencia y de autocontrol en el ejercicio de la jurisdicción constitucional. No es ahora el momento de remendar una oportunidad perdida, o sea, la de abrir juicio acerca de la mejor integración y regulación del Consejo de la Magistratura, sino la de determinar si las disposiciones de la ley son constitucionales.

Si bien en todos los casos el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes debe ser ejercido con la máxima prudencia -tal como lo ha señalado esta Corte en múltiples oportunidades-, en el presente caso debe extremarse el cuidado en razón de que es muy fácil el desplazamiento que lleve a confundir las propias convicciones con lo que prescribe la Constitución. En esta oportunidad, quizá más que en muchas otras, debe tenerse muy presente que la declaración de inconstitucionalidad solo procede cuando ésta sea manifiesta y no ante cualquier duda.

La ley en cuestión toca directamente a la estructura judicial, sobre la cual -como es natural-, cada magistrado tiene sus propias ideas, sin duda todas respetables pero seguramente muy dispares: es posible que haya casi tantos modelos de estructuración del Consejo de la Magistratura como magistrados.

En algunos casos esas opiniones han sido vertidas públicamente -e incluso en el seno de la propia Asamblea de Santa Fe- y son claramente dispares del criterio adoptado por la ley en cuestión.

Por consiguiente, el caso exige un extremo esfuerzo de prudencia para separar con meticuloso cuidado la opinión o convicción personal acerca de la composición y elección del Consejo de’ la Magistratura, de la pregunta acerca de la constitucionalidad de la ley en cuestión. De lo contrario, se excederían los límites del poder de control de constitucionalidad, para paS 5L2T el decidir en el campo que el texto dejó abierto a la decisión legislativa, solo por ser ésta contraria a las propias convicciones acerca de la integración y elección de los miembros del Consejo.

No se trata de una tarea sencilla, pues -como se dijo- existen intimas y profundas convicciones al respecto en cada magistrado. Quizá sea uno de los casos más difíciles de decidir, justamente por esta razón, lo que demanda un esfuerzo extraordinario, no ya para evitar la tentación de hacer valer las propias convicciones -lo que ningún magistrado responsable haría- sino para lograr que estas convicciones no jueguen desde el inconsciente en la decisión que se adopte, por vía de un mecanismo de racionalización.

12} Por desgracia -y a veces por suerte-, como en alguna ocasión dijo Radbruch, la ley es como un navío que el legislador despide desde el muelle y al que ya no puede controlar, navega solo, con las virtudes y defectos del texto. Y el artículo 114 de la Constitución Nacional navega solo, con sus e norme s carencias estructurales, con su delegación de poder constituyente en el legislador ordinario y con su parquedad, sus oscuridades y su hibridez.

Nada importan en esta hora las advertencias de los constituyentes de la minoría a los que la mayoría no escuchó con la debida atención en. su momento; como tampoco importa mucho lo que dijeron los de la mayoría, porque no lo escribieron en el texto sancionado.

Todos quedamos en el muelle, podemos recriminarnos y hasta llorar, pero a lo largo de dos décadas el texto y la institución fueron navegando con múltiples accidentes, chocando con escollos y arrecifes y casi naufragando, hasta el punto de la parálisis que obliga a una reestructuración urgente, pues de lo contrario se acrecentarán las dificultades institucionales que el marasmo en que ha caído la institución ya viene produciendo.

13) No es cuestión de invocar la voluntad del constituyente, como siempre que se apela a la famosa voluntad del legislador.

Si se trata de la voluntad del legislador histórico, real, en el caso se trató de una Asamblea que después de obtener su principal propósito político coyuntural trabajó con premura y displicencia para concluir su tarea, hasta el punto de perder un inciso en el momento de su culminación, sin que faltase tampoco la producción artificial de un escandaloso tumulto para interrumpirla durante el debate sobre la incorporación del inciso 22 del artículo 75.

Si, por el contrario, se apela a la imagen de un legislador imaginario, abstracto, nos acercamos demasiado a la invocación del espíritu, que no suele ser más que el cabo con que los del muelle intentan vanamente alcanzar a la nave.

Los datos históricos parlamentarios y de proyectistas pueden reforzar los argumentos acerca del sentido de un texto, pero ningún espíritu puede limitarlo más allá de su propia resistencia semántica. No vale invocar en vano a Montesquieu, olvidando que fue el primer gran sociólogo del derecho.

14) Interpretar la representación en el puro sentido del contrato de mandato del derecho privado es una tentativa de salvar lo que el texto no ha salvado. El argumento contrario corre con la ventaja de que la representación estamentaria en la Constitución Nacional es una excepción, en tanto que la regla republicana es la representación popular. Abunda a este respecto el dictamen de la señora Procuradora General y, por cierto, cualquiera sea la opinión personal acerca de la elección de los consejeros,. cabe reconocer que el argumento es jurídicamente fuerte.

El juego entre una interpretación traída del derecho privado y que acota el espacio del legislador como representante del pueblo soberano, y el primer principio básico del derecho público en que éste se afirma, hace que, por lo menos, no s e pueda sostener con éxito la existencia de una inconstitucionalidad manifiesta, como lo sería si la ley -al igual que la enmienda española de 1985- asignase la nominación al Congreso de la Nación.

Nada inhibe a cada magistrado de su incuestionable derecho democrático a disentir con el modelo de elección establecido por la ley y a postular otro diferente, pero ese debate necesario ante la parálisis de una institución indispensable para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, no tiene nada que ver con una inconstitucionalidad manifiesta.

Es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista.

Puede ser que esta nueva estructura esté condenada al fracaso, pero más allá de las convicciones personales -que no son del caso expresar, aunque pueden rastrearse en los antecedentes de la propia Asamblea Reformadora y en publicaciones de la época-, considerando el texto tal como fue incluido en la Constitución, no se le puede negar al legislador el espacio para ensayar una estructura diferente ante una crisis, apelando para ello a una interpretación limitadora procedente del derecho privado. Es factible incluso que se trate de un nuevo error político, pero no todo error político es una inconstitucionalidad manifiesta.

15) En lo que hace a la medición del esfuerzo por lograr el equilibrío que prescribe la Constitución, lo cierto es que el aumento de número de los consejeros académicos y científicos tampoco es claro que lo destruye, pues aun imaginando que actuasen en forma de bloque, no dominarían el Consejo. La presunción de eventuales alianzas internas no pasa de ser una posibilidad, que de darse sería en el peor de los casos pareja a las coyunturas de la actual estructura, que prácticamente han paralizado sus principales actividades.

Al igual que respecto de la forma de elección y en previsión de hipotéticas alianzas de sectores, no puede afirmarse a este respecto que se ha violado el nebuloso mandato de procurar el equilibrio. Es posible que sea deseable un esfuerzo mayor, pero la medida de éste es un juicio de valor propio del campo de la política, cuya dinámica es siempre muy poco previsible.

16) En cuanto a la independencia de los consejeros y su reflejo sobre la independencia judicial, devenida de la necesidad de que los candidatos sean postulados por los partidos políticos, cabe observar que el concepto de independencia es doble: la hay externa, pero también interna, dependiendo la última de que el poder disciplinario, en materia de responsabilidad política y de presión interna del Poder Judicial, no sea ejercido por los órganos de mayor instancia, que es la esencia del concepto de corporación o verticalización. Esta independencia es la que en el derecho constitucional comparado trata de garantizarse mediante un órgano separado, que sería el Consejo de la Magistratura.

En cuanto a la independencia externa, o sea, de los partidos políticos y de los poderes fácticos, que es la que se cuestiona en la causa solo respecto de los partidos, no es posible obviar que es inevitable que cada persona tenga una cosmovisión que la acerque o la aleje de una u otra de las corrientes de pensamiento que en cada coyuntura disputan poder. No se concibe una persona sin ideología, sin una visión del mundo.

En realidad, cuando se piensa en el modelo original del derecho constitucional comparado, especialmente el italiano -que ha sido el más exitoso-, se espera que los jueces elegidos por ellos mismos configuren grupos -se ha hablado de partidos de jueces-, según su ideología, aunque al margen de las estructuras partidarias, pero, no obstante, sería inevitable la vinculación con éstas.

No hay forma de evitar esta identificación, como no sea pretender que existe lo que es inconcebible, o sea, personas sin ideología. Esto se ha puesto claramente de manifiesto en el curso de los años en que ha funcionado, con una u otra estructura, el Consejo de la Magistratura apenas delineado por el artículo 114 de la Constitución Nacional.

En definitiva, se trata de un problema humano insuperable: estamos lanzados al mundo con significados y dentro de ellos elegimos existencialmente.

La independencia externa del Poder Judicial nunca se ha sostenido que sea afectada porque los jueces sean nombrados y removidos por órganos de los otros poderes, integrados conforme a partidos políticos. El juez -y en este caso el consejero- una vez designado es independiente de todo partido y no está sujeto a sus órdenes ni mandatos. Si alguno se somete a esta condición, esto no será resultado de la elección, sino de su propia falla ética, al igual que sucede con los jueces, si acaso alguno se considera vinculado o sometido a la fuerza política que incidió en su nombramiento. Nada hay de vergonzante en que un juez exprese sus preferencias; más aún, esto evita que pueda oscilar sin’ sanción pública, siendo una condición de la exigencia de mínima coherencia y de prevención de conductas erráticas.

Dado que nadie existe sin ideología, cabe concluir que la única garantía de imparcialidad humanamente exigible es el pluralismo ideológico interno, donde cada uno sepa cómo piensa el otro y le exija coherencia en cada caso, para lo cual es menester que nadie oculte lo que piensa.

No cabe duda que todo funcionario, del poder que sea, pero más del Judicial, habrá de recibir sugerencias de cualquier índole y con mayor o menor intensidad. Esto es inevitable en cualquier estructura, pero es propio del profesionalismo de los magistrados poder decidir conforme a su conciencia y a su saber. En este sentido, puede considerarse que hasta el momento ha sido ejemplar la conducta de la amplia mayoría de la magistratura argentina, y no cabe pensar que esta conducta tradicional se altere en el futuro.

En cuanto a las contradicciones con otra legislación vigente, no cabe considerarla tal, pues se trata de leyes de igual jerarquía normativa y, por ende, una sana interpretación permite que se consideren derogadas o excepcionadas las disposiciones incompatibles.

17) Por último -y al margen del tema central tratado-, se hace necesario poner de manifiesto que con independencia de lo decidido por esta Corte en esta causa respecto de los presentes planteos de inconstitucionalidad, el proceso electoral en cuanto a la categoría de candidatos a miembros del Consejo de la Magistratura, se encuentra suspendido por efecto de otras decisiones judiciales federales de distinta competencia, que han sido puestas en conocimiento de las autoridades. Por consiguiente, el tribunal decide en esta causa por imperio de ley, pero cabe advertir que en virtud de disposiciones procesales y de la elección de las vías de impugnación y que a la fecha no han llegado a conocimiento de esta Corte, se produce una extraña circunstancia que lleva a resolver una cuestión que bien podría considerarse como materialmente abstracta.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora.General en cuanto al fondo de la cuestión planteada, se hace lugar al recurso extraordinario por salto de instancia presentado por el Estado Nacional y se resuelve revocar la sentencia apelada.

  1. RAUL ZAFFARONI

ES COPIA FIEL

 

—————————————————————-

 

Recurso extraordinario interpuesto por el Dr. Héctor Jorge Bavasso en representación del Estado Nacional (Ministerio de Interior y Transporte) con el patrocinio de la señora Procuradora del Tesoro de la Nación Dra Angelina Maria Esther Abbona.

Traslado contestado por Jorge Gabriel Rizzo, en carácter de apoderado de la Lista 3 “Gente de Derecho” con el patrocinio del Dr. Adriano Patricio Diaz Cisneros.

Tribunal de origen: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 1, Secretaria Electoral.

 

Nuestras notas relacionadas:

La viuda y el juez

Los 9 viejos

 

Notas de otros:

Alberto Bianchi: “Crónica de una inconstitucionalidad anunciada”

María Angélica Gelli: “Una sentencia crucial”

 

—————————————————————-

No hay peor ciega

Como una oración, como un ruego, como un deseo…
María Elena, otra de nuestras constitucionalistas favoritas…
Oración a la justicia

 

Señora de ojos vendados

que estás en los tribunales

sin ver a los abogados,

baja de tus pedestales.

Quítate la venda y mira

cuánta mentira.

 

Actualiza la balanza

y arremete con la espada,

que sin tus buenos oficios

no somos nada.

 

Lávanos de sangre y tinta,

resucita al inocente

y haz que los muertos entierren

el expediente.

 

Espanta a las aves negras,

aniquila a los gusanos

y que a tus plantas los hombres

se den la mano.

 

Ilumina al juez dormido,

apacigua toda guerra

y hazte reina para siempre

de nuestra tierra.

 

Señora de ojos vendados,

con la espada y la balanza

a los justos humillados

no les robes la esperanza.

Dales la razón y llora

porque ya es hora.

(María Elena Walsh)
Y cantada por ella, mejor aún

Cuestionario Bovino

El amigo Bovino, en su blog “NO HUBO DERECHO” de ‘Vampiro Producciones’ nos realizó hace un tiempo un cuestionario que transcribimos, no por nuestras breves respuestas, sino por lo ingenioso del interrogatorio.
El original, aquí.

  1. ¿Qué lee habitualmente? (en prensa gráfica y en web, incluyendo diarios y publicaciones periódicas generales o especializadas, de cualquier frecuencia).

DOMINGO RONDINA: Diario Uno de Santa Fe los domingos. Diario El Litoral de Santa Fe, los domingos; diario La Nación los viernes. Diario Perfil sábados y domingos. Sigo a No Hay Derecho, a Saber Leyes, a Seminario Gargarella y a algún otro blog. Leo bastante literatura jurídica y mucha no jurídica.

 

  1. ¿Qué profesores, de grado o posgrado, influyeron más en su formación profesional?

DOMINGO RONDINA: Norberto Iturralde // Germán Bidart Campos

 

  1. ¿Qué obra teórica fue fundamental para determinar su orientación, o marcó un quiebre en su biografía?

DOMINGO RONDINA: Elementos de Derecho Constitucional de Carlos Santiago Nino. No fue lo mejor que leí de Nino, ni él resultó lo mejor que haya leído en constitucional. Pero esta obra fue la que me cambió toda la mirada.

 

  1. ¿Cuál fue el trabajo o labor que le deparó —o le depara— mayor felicidad profesional?

DOMINGO RONDINA: No estoy seguro. Supongo que uno es feliz cuando no cobra —voluntariamente— porque se da por pagado con la tarea misma. He hecho muchos amparos en esas condiciones.

 

  1. ¿Qué autor o texto de derecho —nacional o extranjero— le ha parecido decepcionante o sobrevalorado?

DOMINGO RONDINA: Eduardo Menem.

 

  1. ¿Cuál es la persona (actual o histórica) que más admira en el campo del derecho?

DOMINGO RONDINA: Andrés Gil Domínguez

 

  1. En una mirada global, ¿le parece que el orden jurídico argentino es demasiado restrictivo o demasiado permisivo?

DOMINGO RONDINA: No acepto como válida la formulación bifásica de esta pregunta

 

  1. ¿Qué fallo (o disidencia) le hubiera gustado suscribir?

DOMINGO RONDINA: —Casi— todas las de FAYT.

 

  1. ¿Qué ley o doctrina vigente en Argentina le gustaría cambiar de inmediato?

DOMINGO RONDINA: Implementar el juicio por jurados

 

  1. ¿Sobre qué caso(s), tema(s) o proyecto(s) se encuentra trabajando actualmente?

DOMINGO RONDINA: Respeto a la negativa a la transfusión sanguínea

 

  1. ¿Cuál fue la obra artística (disco, teatro, cine) o libro no jurídico (de ficción o no ficción) que más le impactó en los últimos tiempos?

DOMINGO RONDINA: Camilo José Cela. Todo. Contundentemente. Charly García. Alejandro Dolina.

 

  1. Si tuviera que nominar un juez para la Corte Suprema Argentina, ¿cuál sería su opción?

DOMINGO RONDINA: Andrés Gil Domínguez, Roberto Gargarella, Alberto Bovino, Gustavo Arballo, Domingo Rondina.

 

  1. Según lo que sabe y conoce del sistema actual, ¿tiene confianza en la justicia argentina?

DOMINGO RONDINA: Tampoco acepto la formulación de esta pregunta

 

  1. ¿Qué le hubiera gustado ser o hacer, de no haber estudiado abogacía?

DOMINGO RONDINA: Dios

 

  1. ¿Cuál cree que es la influencia de la teoría jurídica en la práctica?

DOMINGO RONDINA: Sin teoría jurídica sólo hay procuradores

 

  1. ¿Qué tiene que tener un jurista?

DOMINGO RONDINA: Hambre y sed de justicia. Capacidad de enojarse. Capacidad de reírse. Capacidad de olvidar.

 

La última parte del “cuestionario” no es una pregunta sino un pedido. Se le pide al encuestado que él mismo nos cuente en prosa y en primera persona, sobre sus mojones educativos (lugar de primaria, secundaria, universidad, año de graduación), profesional (docencia, cargos públicos, cargos privados, función actual) y misceláneos (familia, hobbies, y cualquier etcétera), un poco para saber quién es quién. No hay condicionamientos y copiamos lo que recibimos verbatim.

Me llamo DOMINGO RONDINA, nací en Santa Fe en el año 1974. Fui a dos primarias distintas, ambas públicas y de barrio. Fui a la secundaria en el colegio nacional de santa fe. Cursé la universidad en derecho de la unl, y algunos años de letras en la misma unl. Me recibí de abogado en 1999 con 24 años. Di clases de derecho constitucional desde 1996 hasta 2003 en distintos cargos obtenidos siempre por concurso, hasta que renuncié. Fui abogado de la fiscalía de estado de la provincia de santa fe por dos años, sobre mi graduación. Soy abogado liberal desde 2000 hasta la fecha. Tengo familia, tengo aficiones, y tengo etcéteras, pero nada que deba destacarse. Soy feliz cuando lleno cuestionarios absurdos a pedido de amigos que me dejan decir lo que se me ocurre. Gracias.

 

 

Exceso de pensamiento

Uno de esos videos imperdibles, que a nosotros los constitucionalistas nos hace pensar en algunos temas propios:
-las drogas, y su involuntario aliento desde los ignorantes que gobiernan
-la libertad, incluso de morirse
-las dictaduras como retroceso cultural
-el paternalismo del estado es siempre de derechas
-el periodismo y su uso de la libertad de expresión
-las contradicciones en que hemos vivido y vivimos inmersos

https://www.youtube.com/feature=player_embedded

Este es el contralmirante Julio Juan Bardi, quien fue ministro de Desarrollo Social entre 1976 y 1981, la época más negra de la última dictadura militar argentina.
Recién se empezaba en Argentina a hablar del abuso de drogas.
Transcribimos el diálogo con la periodista que lo entrevista, porque no tiene desperdicio:

—————————-
Periodista: “¿De que estrato social provendrían los adolescentes drogadictos?”

Bardi, Ministro de Bienestar Social de la Nación: “Hay de todo, pero lamentablemente yo diría que es mas fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador, normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás… a veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones…”

 

Ciudad Demasiado Autónoma de Buenos Aires

Libertad de Expresión en la Isla Porteña
o edificación de fueros personales

 

 

Hemos analizado detenidamente el proyecto que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) envió a la Legislatura local sobre Libertad de Expresión. El proyecto completo puede verse aquí.

Además, Macri le dio a su proyecto formato de decreto de necesidad y urgencia, para que rija mientras la Legislatura tramita la sanción legal.

En primer lugar digamos que no había ni necesidad ni urgencia que justifiquen el dictado del DNU, pero bueno, eso dejémoslo para los constitucionalistas porteños.

En segundo lugar digamos que la regulación que hace de la Libertad de Expresión (LdeE) es muy buena, básicamente transcribiendo las normas de los tratados internacionales sobre el tema.

Especialmente es buena en lo que hace al riesgo de afectación por parte del Estado. No establece, ni transcribe, normas de las que protegen la libertad de expresión frente a los mismos medios (como, por ejemplo, el derecho a réplica). Pero indudablemente es muy buena, y desde ya que es mucho más amplia y más tuitiva que lo poco que concede el decreto de información pública que rige en Santa Fe desde la gestión Binner.

En esto queremos ser muy claros: hay que estimular que los gobiernos provinciales, y el nacional, dicten normas protectorias de la Libertad de Expresión, porque si bien están en los tratados y en la Constitución, quienes litigamos cotidianamente en Derecho Constitucional sabemos que explicarles a los jueces la directa operatividad de los tratados es tarea ardua. Y en este aspecto, lo que abunda no daña.

Pero vamos al merengue. En tercer lugar tenemos que hablar del paraguas normativo que intenta construir para proteger a todos los medios de comunicación con sede en la Ciudad capital. Intenta impedir toda regulación y la misma Ciudad se compromete a no regularlos nunca (art. 12 y 20).

Tanto el Tribunal que establece (art. 25 y claúsula transitoria), como las prohibiciones de regularlos dirigidas al Gobierno Nacional (art. 11) parecen simplemente un inconstitucional alzamiento de un estado federado contra la Nación.

Es cierto que el artículo 32 de la Constitución Nacional establece que el Congreso nacional no puede afectar la libertad de imprenta, y sólo las provincias podrían regularla. Pero de ahí a considerar que el Estado miembro puede nulificar las facultades del Estado Federal, es un exceso.

En especial por la amplitud con la que se regula (arts. 13, 15 a 17 y 19): según el proyecto el Estado Nacional no puede expropiar inmuebles, ni muebles, regular la importación, ni establecer impuestos, ni designar directores societarios aunque tenga acciones, ni pedir medidas cautelares judiciales, y ni siquiera realizar controles…

Llega al exceso de que el artículo 18 le da más derechos a los acreedores privados de los medios que al Estado mismo aunque fuese acreedor.

Una cosa es que la Federación no pueda regular la imprenta (in extenso: los medios de comunicación) y otra es que no pueda regular las sociedades, las concentraciones oligopólicas, las transmisiones en espacio aéreo, etc.

Directamente es contradictorio con la letra de la Constitución Nacional y auguramos en este aspecto una rápida nulificación del decreto por los tribunales.

A mí, como iuspublicista, lo que más me causa gracia es la prohibición a las expropiaciones: el derecho del Estado Nacional a expropiar cualquier cosa en cualquier parte del país, previa ley del congreso, razones de utilidad pública, y pago justo, es indiscutible. Y es la figura de más rancio abolengo en la construcción del ‘ius principi’, el derecho público en su esencia de imperio se halla en juego en la potestad expropiatoria, hace a la filosofía misma del Estado.

Sorprende oír de algunos funcionarios, que deberían estudiar un poco la Constitución (o por lo menos no odiarla), que el DNU y eventual ley son nulos porque una ley provincial no puede contradecir una norma nacional…por favor… claro que una norma provincial puede contradecir a una norma nacional, nadie puede imponerle a las provincias nada en las materias que ellas se han reservado expresa o tácitamente. El Congreso puede dictar mil leyes muy bien redactadas y muy bien sancionadas, pero si son sobre rubros reservados a las autoridades provinciales, serán completamente nulas. El problema en este caso es que el proyecto insular de medios se excede y cae en lo contrario: se inmiscuye en materias que han sido expresamente delegadas a la Nación.

Todo el texto del decreto tiene un ánimo festivo, colegial, como una gran ‘pijamada jurídica’. Parece lo que podrían haber redactado un grupo de alumnos de Derecho Constitucional para un trabajo práctico. Copian y pegan los tratados sobre LdeE y construyen un espacio de absoluta protección provincial en un exceso de aplicación del 32.

Parece más la elaboración de un fuero personal para los medios, algo prohibido en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Y siempre con la loable finalidad declamada de proteger la libertad de expresión. Amigos macristas: el fin no justifica a Los Medios…

Y así concluimos que todo esto parece más una maniobra de propaganda política. Y una nueva decepción para los argentinos que vemos que a la oposición tampoco le importa la Constitución Nacional.

 

NOTAS RELACIONADAS:

Nuestra opinión publicada en Diario El Litoral de Santa Fe

 

1819 Santa Fe primera constitucion provincial

Tuve el honor de ser su alumno y amigo en sus últimos años de vida, aunque era de la generación de mi abuelo y había sido amigo de mis mayores.
En la senda de grandes docentes, abogados, escritores e historiadores santafesinos, dejó su huella en diversos ámbitos.
Un caballero, un pensador, un buen tipo.
Hoy compartimos uno de sus artículos vinculados al Derecho Constitucional, sobre el importantísimo Estatuto Santafesino de 1819, la primera constitución provincial, dada por aquel enorme prócer que fue el Brigadier General don Estanislao López.
Y, con alegría, puedo decir que por primera vez un texto de Leo llega a la web.

—————————————

EL ESTATUTO DE 1819.

PRIMERA CONSTITUCION SANTAFESINA Y PROVINCIAL ARGENTINA.

Correspondió a Santa Fe ser la primera Provincia que se diera una constitución republicana representativa en Argentina. Este fue uno de los primeros actos de Estanislao López después de ser consagrado gobernador por el pueblo santafesino.

López comprendió que la realidad social existente, la actividad comunitaria de loa Santafesinos, si bien debía ser respetada tal cual era, necesitaba una organización jurídica que asegurara a cada habitante sus derechos y garantías, como así también estableciera sus obligaciones dentro de la vida sociopolítica. Concibió también que era necesario precisar las obligaciones de la autoridad y evitar la discrecionalidad y arbitrariedad en los actos de gobierno.

Esa compresión de la realidad política fue decisiva para impulsarlo a redactar su Estatuto Constitucional de 1819, que fuera aprobado por el Cabildo el 26 de Agosto de ese año. Este estatuto vino a ser la primera constitución Provincial argentina, que a parte de establecer el sistema republicano representativo de Gobierno, procuraba la consolidación autonómica e institucional de la provincia como etapa previa a la futura organización nacional, a la vez que era un ejemplo para las demás provincias. Debemos agregar, que no fue solamente la primera constitución republicana representativa provincial, si no que fue la primer carta constitucional Argentina que proclamaba y establecía el sistema republicano democrático en la corta edad jurídica del país, ya que su contemporánea Constitución Nacional de 1819 que no llego a entrar en vigencia, era pro monárquica y aristocatrizante -se estaba esperando la llegada del flamante monarca europeo para el Rió de La Plata -para que en su texto flexible se desplazara al director del Estado por la institución de la monarquía.

Leoncio Gianello  sostiene que el estatuto de 1819”…es la primera y vigorosa definición de federalismo argentino concretada en norma de organización…” y agrega: “era en la practica la mas decidida contribución a la forma de gobierno representativa, republicana, federal. Frente a los enunciados federales de Artigas, del Cabildo de Tucumán de 1813, o de Mariano Vera en 1817, la constitución de López contiene afirmaciones, como lo destaca Busaniche”. En efecto José Luis Busaniche destaca que frente a los meros anunciados antes señalado “…la constitución de 1819 contiene afirmaciones: … la afirmación de formar un estado republicano dentro de la ley y fijar sistemas a la posterioridad”. En ese mismo párrafo, Busaniche pone de relieve la valentía autentica y vivenciada del republicanismo de López, que se destaca, ante Buenos Aires que anduvo mendigando por las cortes europeas un monarca para el Rió de La Plata hasta 1819; y en un sintético sincronismo mundial, nos dice: “…Hay que considerar que era la primera provincia que se daba una Constitución republicana; que no había en el mundo otra Republica que los Estados Unidos de América y que estaba tan arraigada las sumisión del al absolutismo y la inclinación a las pompas exteriores del mando, que solo en 18154 se termino en Buenos Aires con la costumbre de quemar incienso ante la persona del Director Supremo”

El estatuto fue un documento que expresaba el pensamiento de López,-obviamente- con la colaboración y asesoramiento de los mejores hombres letrados de aquella Santa Fe. Leoncio Gianello nos dice “Para algunos el autor de Estatuto de 1819 es el Dr. José de Amenabar… Lo más probable es que el Estatuto fuera redactado por uno de los hombres del consejo de López, y que el gobernador hiciera valer su pensamiento e introdujera en el proyecto modificaciones.

Haremos una digresión, y aclaración a la vez sobre las concesiones de organización jurídico-constitucional del Estado que se daba a partir del siglo XVIII; ubicándonos en un espectro amplio y general, se distinguían dos concepciones, una mas predominante que la otra. A la primera la denominaremos “racionalista” y a la segunda “historicista”. Hasta bien entrado el siglo XIX podemos decir que predomino la “racionalista”, que se caracterizo por crear una estructura estatal sin tener en cuente la realidad socio-político-cultural existente. La forma y la esencia política era elucubrada apriorísticamente, se trataba pues de estructurar una comunidad política atreves del formulismos legales o como también se ah dicho, “de manera logicidad”, sin ningún nexo con la realidad local existente, es decir que os encontramos con categorías sin contenido.

LA SECCION CUARTA, “Del gobierno”, esta dividida en tres capítulos:

1-Quien lo ejerce, duración, etc.

2-Forma de su elección.

3-Sus facultades.

Esta SECCION CUARTA que se refiere al Poder Ejecutivo, establece con claridad la esencia republicana representativa y democrática de la institución: “El gobierno de la Provinciaserá ejercido por aquel ciudadano que sea elevado al mando por el voto de aquella” (es decir por los ciudadanos de la Provincia);y cuando habla de su elección, art. 19,vuelve a poner de relieve el derecho político fundamental y natural del ciudadano al expresar: “siendo uno de los actos mas esenciales de la libertad del hombre el nombramiento de su caudillo (léase gobernador)… elegirán personalmente al que deba emplearse en el gobierno”.

El LA SECCION QUINTA “del cabildo”, se mantiene esa tradicional y antigua constitución hispano-americana, una de cuyas funciones principales, que le otorga el reglamento, es la de reemplazar al gobernador en caso de ausencia (art. 32 y 33)

El LA SEXTA, “de la administración de justicia” también se mantiene aquí el uso institucional típico del periodo hispánico, el de que la apelación de la primera instancia judicial se hace ante el gobernador (art. 38). Lo cual manifiesta en este aspecto la falta de administrador. Ante series criticas que le hacen tratadistas de derecho publico del siglo XX al Estatuto por otorgar al gobernador funciones judiciales, señalemos que, hasta la primera junta de 1810,que se había preocupado por la división de los poderes como norma, no la cumplía, porque la realidad histórico-institucional exigía aplicar lo usual hasta el momento, así fue que esa Primera Junta tuvo que adoptar-como poder administrador o político-graves medidas de carácter judicial; tales como decretos de confinación, sentencias de muerte, como en el caso de sublimados en Córdoba en la contrarrevolución, etc. Es que el principio de la separación de los poderes, en especial el judicial, no fue de fácil imposición ya que la tradición judicial tricentenaria hispanoamericana facultaba al gobernador-poder administrador- a actuar como tribunal de alzada, y esta es una de las varias situaciones institucionales existentes al tiempo de la emancipación cuya vigencia no podía fenecer hasta que una nueva legislación establéese el cambio. Sin embargo la historia es dinámica y los actos culturales humanos son perfectibles; así nos encontramos que en febrero de 1826 La Junta de Representantes de La Provincia de Santa Fe quita al gobernador su facultad de entender en grado de apelación al crear el respectivo Tribunal Judicial de Alzada.

“De la junta de hacienda”, trata La SECCION SEPTIMA. En ella vuelve a relucir la concepción republicana al establecer que la junta…Exigirá al Ministerio de ramo, cada trimestre, un estado especifico de los ingresos e inversiones” (art. 44); y el art. 45 no deja lugar a dudas sobre la obligación republicana de informar al publico, al establecer que La Junta de Hacienda “…presentara al publico los Estados que obtenga del Ministerio, por medio de copias fijadas en lugares donde puedan ser observada por los ciudadanos, parta acreditar el orden e integridad con que se administrar los intereses del Estado”

Si bien, como hemos visto, se mantienen algunas instituciones hispanoamericana muy arraigadas que no concilian con las nuevas ideas de del siglo XVIII ni con concepciones de derecho de comienzos del siglo XIX, hay sin embargo un marcado progreso y actualización político-jurídica en la sección Octava, titulada “seguridad individual”, donde el estatuto legisla once artículos dedicados a las garantías individuales (art. 46 y 56); y a ello hay que sumarle el art. 35 de La Sección Sexta que establece la abolición definitiva de la tortura.

La SECCION NOVENA contiene disposiciones de carácter general.

La constitución de López de 1819, es sabia y adecuada para su época, ya que es tácticamente, una constitución que responde al tipo de lo que el derecho constitucional llama “flexible” a diferencia de las llamadas “rígidas”, de las que solo pueden ser modificadas mediante un procedimiento y órgano reformador distinto a los órganos legislativos comunes y ordinarios, tal el caso de nuestra Constitución de 1853 que solo podía ser reformada por una convicción convocada al efecto.

Esa “flexibilidad” de La Constitución de 1819, permitió atreves de leyes especiales, llamémosle si se quiere “modificatorias constitucionales”, modificar, suprimir o agregar normas al Reglamento según las exigencias y necesidades de la realidad socio históricas del momento de manera pragmática y con prontitud.

Así ocurrió, por ejemplo, como se señalo, al quitarle al poder administrador la facultad judicial de apelación y concederla a un tribunal judicial de alzada. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es un ejemplo de constitución “flexible” ya que permite modificarla atreves de “enmiendas” por el Congreso Legislativo ordinario.

Admitimos que el estatuto de 1819 no fue una expresión relevante de técnica Jurídica de derecho publico. Juristas del siglo XX lo criticaron llamándolo “tosco engendro” o “cuerpo de doctrina bárbara” (El Dr. Juan P. Ramos), “original concepción del señor López” (irónicamente, González Calderón). Estos constitucionalistas no tuvieron en cuenta que la historia se da en las coordenadas de tiempo y espacio, y que por lo tanto no se puede juzgar una concepción cultural de comienzos del siglo XIX con parámetros culturales vigentes un siglo después. La historia es dinámica.

“No podría comparecerse-nos dice A.J. Pérez Amuschástegui-las concepciones científicas de Newton y Einstein, o las políticas de Pericles y el presidente Kennedy; son distintas, porque cada una ah vivido en su tiempo histórico, y la llamada “herencia cultural” es hija de ese patrimonio cambiante y enriquecido que nunca se da por satisfecho y siempre es susceptible de modificarse, adecuarse, transformarse en función de nuevos intereses, de nuevas circunstancias, de nuevas creaciones”

Como hemos visto para ciertos juristas y corrientes historiográficas, el Estatuto de López no tenia la metodología ni el cientificismo de las constituciones nacionales de 1819 y 1826, consideradas mitológicamente perfectas, las que a pesar de su perfección técnica, fracasaron rotundamente y fueron rechazadas por toda la provincias. En cambio, la de Estanislao López- como señala Faustino J. Legón- tan poco metodológicamente y científica puede redargüir a sus críticos parodiando a Solón “…no he pensado dar la mejor constitución posible, si no la mas adecuada a mi pueblo”

También el Gral. Tomas Guido en carta de lo. De febrero de 1833: “Yo estoy firmemente convencido de que los males que afligen a los nuevos estados americano no dependen tanto de sus habitantes como de las constituciones que lo rigen. Si los que se llaman legisladores en América hubieran tenido presente que a los pueblos no se le deben carácter, la situación de nuestro país seria diferente.

El politicólogo Faustino J Legón, al estudiar el Estatuto nos dice: “Mas, como todo programa constitucional tiene alguna virtualidad educativa (El primer valor de una constitución es corporizar propósitos) no es difícil admitir que el documento de 1819 importo un progreso”, juicio valorativo que Legón extrae del historiador rosarino Juan Álvarez.

El estatuto santafesino de 1819 fue una manifestación de historicismo jurídico, que no dejo por ello de lado ciertos principios nuevos del siglo XVIII, pero adaptados a nuestra realidad. Este Estatuto Provisorio de 1819 tubo vigencia hasta el año 1841, fecha en la que la Junta de Representantes de la Provincia sancionó una nueva constitución para la provincia.

 

 

Leo W. Hillar Puxeddu

“De los orígenes toponímicos de símbolos e instituciones en la historia de Santa Fe”

Ediciones de la Cortada

Santa Fe, 2003